El martes 14 se votará en el Congreso de los Diputados una proposición de ley del PDECat –la nueva marca de CiU– que criminaliza las ocupaciones en precario y que pretende agilizar los desahucios de estas familias sin ningún tipo de garantía.
Esta proposición de ley se votará pocos días después de publicarse los datos del Consejo General del Poder Judicial, unos datos que cerraban el año 2016 con más de 60.000 desahucios, una media de 166 desahucios diarios en España. Según estas cifras, el 22% de los desahucios se producen en Catalunya.
Pero estos datos son incompletos, ya que no contabilizan las miles de familias desahuciadas por ocupación en precario. Familias que se han visto obligadas a ocupar porque la administración las ha abandonado a la hora de proteger su derecho a la vivienda.
Lógicamente, los bancos y los grandes tenedores también son responsables y hay que obligarlos a asumirlo. Pero mientras esto no ocurra, son las administraciones las últimas garantes de los derechos fundamentales.
En la exposición de motivos de la proposición de ley, el PDECat, disfraza de lucha contra “fenómenos mafiosos” la propuesta de ley, pero no incluye ni una sola medida para luchar contra estas “mafias”. La proposición de ley incluye medidas para replicar el desahucio exprés de los alquileres de la ministra Carme Chacón, pero en este caso sobre las ocupaciones. Medidas que permitirán desahuciar sin alternativa habitacional a una familia que esté ocupando el piso de una persona física, independientemente de que tenga uno o cincuenta viviendas, o un piso público o de una entidad social. En el momento de la notificación de la demanda, la familia ya podrá ser desahuciada.
Con esta medida, el PDECat impulsa en Madrid la criminalización de la pobreza y propone el desahucio exprés, versión II, para las familias en situación más vulnerable.
Sorprende también la sobre-gesticulación y fijación en algo que no es “el problema” sino más bien la consecuencia de la falta de recursos públicos. Además, las leyes ya prevén mecanismos administrativos para recuperar viviendas públicas. Por otro lado, no creemos que las entidades sociales quieran estigmatizar aún más a quien sufre. Si se agilizan trámites para adjudicar la vivienda social y activa la mediación en caso de que se ocupen, el problema sería prácticamente anecdótico.
Para solucionar las ocupaciones en precario es imprescindible ampliar el parque público de vivienda, regular los usos de las viviendas, como por ejemplo los pisos turísticos, reformar la ley de arrendamientos urbanos, alargando la duración de los contratos y regulando los precios del alquiler para a hacerlo accesible. Se deben recuperar las ayudas al pago del alquiler, se debe movilizar toda la vivienda vacía, que es la que se ocupa, y la administración pública debe garantizar el realojo en todos los casos.
Estas serían propuestas encaminadas a resolver el problema, pero los del PDECat se quitan la máscara en el Congreso. Como han hecho tantas veces, tanto en Madrid como en Barcelona. Lo hicieron en 2011 con la ley ÓMNIBUS en Catalunya, eliminando la expropiación de usufructo de la vivienda vacía de la ley catalana por el derecho a la vivienda (18/2007), herramienta fundamental para ampliar el parque público de viviendas. CiU o PDECat son los mismos que en 2008 presentaron una proposición de ley en el Congreso para legislar el desahucio exprés de los alquileres, reforma que aprobó la ministra socialista Carme Chacón (Ley 19/2009) y que ahora estamos sufriendo las consecuencias.
El PDECat sigue sin aplicar la ley catalana por el derecho a la vivienda, ley que si se aplicara evitaría que muchas familias acabaran ocupando en precario. Al igual que lo evitaría destinar un 3% del PIB en materia de vivienda en los presupuestos de la Generalitat de Catalunya.
El próximo martes 14 veremos si el resto de grupos parlamentarios apuestan por criminalizar la pobreza y aprobar una ley que agravará la emergencia habitacional en todo el estado. El PDECat ya ha decidido.
Hay propuestas legislativas que, más que buscar solucionar un problema real, parece que sirvan para gesticular y contentar ciertos sectores. Quizá al PDEcat lo que le pasa es que la dura realidad y la presión ciudadana no le ha dejado otra opción que apoyar medidas que siempre había rechazado; y ahora con este gesto quieren contentar a los de siempre, no sea que defendieran más de la cuenta los derechos de la mayoría.
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