Pocos niegan que la cuestión territorial en España es un problema de difícil solución. Frente a opiniones simplificadoras de su complejidad, la persistencia histórica del problema revela que su origen no puede achacarse únicamente a la mala voluntad, a la desidia o a la incompetencia de las elites dirigentes en España y en Catalunya. Hay bastante o mucho de ello. Pero hay algo más y de mayor peso. Aparece cuando se entiende la política, no como lo que hacen las elites de cada momento, sino como una práctica colectiva condicionada por antecedentes históricos en los que se combinan intereses, ideas y emociones.
Es sobre este poso acumulado sobre el que se construyen actitudes y opiniones. Así ocurre también en lo que se refiere a la problemática posición de Catalunya en España, una posición que se percibe de forma muy discordante por unos y otros. Una muestra más de que hay diferencias sustantivas en estas percepciones nos la dan de nuevo los datos de las últimas encuestas del CIS (3191 y 3198) publicadas estas últimas semanas.
En dichas encuestas se pregunta otra vez sobre las preferencias de los ciudadanos sobre la organización territorial del Estado. Las opciones que se les ofrecen son el regreso a un Estado más centralizado, la conservación del modelo vigente, el aumento del autogobierno de las CCAA y el reconocimiento de un derecho a la independencia. He agrupado las preferencias recentralizadoras (“Estado sin CCAA” y “CCAA con menos autonomía”) y las preferencias por una mayor descentralización, incluida la independencia. Junto a ellas, se sitúa la posición conservadora que considera aceptable la situación actual. El gráfico adjunto muestra que la ciudadanía española en su conjunto sigue pronunciándose de manera muy diferente a la opinión expresada por la ciudadanía catalana.
Casi un 30% de la opinión española estaría por un retorno a un Estado más centralista, mientras que solo lo apoyaría el 11% de los catalanes. Por mantener el modelo actual sin cambios de ninguna clase, se inclina el grueso de la ciudadanía española: casi un 40%. Por el contrario, el modelo actual únicamente satisface a un 12% de la ciudadanía catalana. Finalmente, están por incrementar el autogobierno o por tener la posibilidad de la independencia tres cuartas partes de los catalanes, ya sea ampliando la capacidad de la comunidad autónoma (30%), ya sea con el reconocimiento del derecho a la independencia (44%). Por su parte, algo menos del 25% de los españoles apoyaría una posible ampliación del autogobierno, incluyendo partidarios del derecho a la independencia -13%- y de una mayor descentralización en favor de las comunidades autónomas -10%-.
Es significativo, además, que solo el 3% de los catalanes deja de pronunciarse sobre la cuestión frente a un casi 10% de los españoles que se reserva su opinión.
El panorama que se configura presenta, por tanto, una muy notable disparidad entre las mayorías sociales en Catalunya y el resto de España. ¿Es una divergencia reciente? No. Se registra desde hace casi veinte años cuando se interroga a los ciudadanos españoles y a los ciudadanos catalanes, como lo hace el CIS periódicamente. A un observador atento de los datos, no debería haberle cogido por sorpresa la grave crisis del modelo territorial construido hace 40 años. Y tampoco puede sorprender ahora la dificultad de encontrar una salida al callejón al que ha conducido una acumulación de errores de dirección política que, en lugar de intentar encauzar una deriva de fondo, se ha empeñado en ignorarla o en abordarla sin respeto a su complejidad.
¿Hay remedio al problema planteado? Ciertamente no a corto plazo porque los posibles cambios institucionales no suelen ser capaces de alterar de forma significativa tendencias socioculturales que vienen de muy atrás. Menos efecto todavía tendrán dichos cambios si se ignora la posición que la opinión pública catalana sostiene de forma clara y diferenciada respecto de la mayoría de la opinión española.
A la vista de los datos, la conclusión provisional sería que poco se avanzará si se pretende un tratamiento del asunto que siga pensando en Catalunya como una pieza de un conjunto estatal más o menos uniforme. Quienes crean en la conveniencia de mantener la unidad de este Estado -al menos a medio plazo- no podrán garantizarla sin dar una respuesta razonablemente satisfactoria a la gran mayoría de Catalunya que se pronuncia clara y repetidamente por cambiar su situación.
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