Europa hostil, refugiados sin derechos

Comencemos por dos citas necesarias.

Como puede advertirse, hablamos de migraciones forzadas, refugiados e inmigrantes, que cada vez con mayor intensidad sufren la represión de las políticas europeas, que ha alcanzado un punto máximo en la Declaración de Malta del Consejo Europeo de 3 de febrero de este año.

Después de proclamaciones retóricas de “respeto a los derechos humanos y a los principios europeos”, desarrolla –en términos de Javier de Lucas ('Erre que Erre. La UE capitula de nuevo ante el nacionalismo xenófobo'. Blog Lucasfras's. 6/3/2017)– una “política migratoria de retorno”, que el autor califica de “error”, “canallada” y “fracaso”.

Los términos de dicha Declaración no pueden ser más preocupantes y rechazables. Declaran como “elemento clave” de la política migratoria “garantizar el control eficaz de nuestras fronteras exteriores, y contener los flujos ilegales hacia la UE”. Para ello, mantienen el “compromiso” con Turquía expresado en el Acuerdo de 2016 y, lo que es más grave, “ante los centenares de personas que ya han perdido la vida en 2017”; están decididos, no a salvar las vidas de los migrantes, sino a “reducir significativamente los flujos migratorios a lo largo de la ruta del Mediterráneo central” a través de “intensificar nuestra cooperación con Libia, sus vecinos del norte de África y del África subsahariana”.

Y añaden aún más, que las “autoridades (libias) adquieran el control sobre las fronteras terrestres y marítimas” para impedir que constituya una ruta para quienes huyen de las guerras, el terrorismo, la violencia y el hambre. Libia, donde no hay Estado, que ni siquiera ha suscrito los Pactos de Nueva York de Derechos civiles (1966), se convierte en el principal aliado de los jefes de Gobierno de los 28 Estados de la Unión. Una verdadera vergüenza.

Para ese fin antidemocrático, los responsables políticos citados apuestan, entre otras medidas, por “apoyar la guardia costera nacional libia” y “reducir la presión sobre las fronteras terrestres libias”, es decir, intervenir directamente sobre Estados externos de la Unión. Y, resumiendo, concluyen apelando a “reforzar la capacidad de retorno de la UE”, o sea, a incrementar las devoluciones forzadas.

En definitiva, los Gobiernos de la UE asumen, como propias, las medidas fascistas contra dichas personas de, entre otros, los gobiernos de Hungría y Polonia.

Todo esto, otorga mayor justificación y fuerza al recurso que diversas entidades cívicas y sociales de Barcelona presentaron el 29 de noviembre de 2016 contra el Acuerdo de la UE con Turquía del anterior 18 de marzo, con el propósito de garantizar la defensa y protección internacional de los refugiados. Refugiados que Europa rechaza cada vez con mayor virulencia en lo que significa, en palabras del profesor Javier de Lucas, una claudicación de las instituciones europeas ante la ola de reacción xenófoba, racista y contraria a la lógica de la prioridad de las libertades“.

Europa, parece olvidar, en lo que respecta a los refugiados, cuál es su origen, según la Convención de Ginebra de 1951: la persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.

Ahora, ante ellos, la respuesta es la expulsión y devolución a sus países de origen.

Por este motivo, ante la afluencia masiva de refugiados procedentes de la guerra de Siria y de situaciones similares de crisis violentas de Oriente Medio, un grupo de entidades cívicas y sociales de Barcelona impugnó ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo el Acuerdo de la UE con Turquía del 18 de marzo del pasado año. Turquía –Estado con Rusia, más condenados por delitos relacionados con la tortura por el TEDH– que, por un precio de 9.000 millones de euros, estaba dispuesto a acoger a los miles de refugiados que accedieron a las islas griegas, que fueron devueltos –y maltratados– a aquel Estado autoritario y represivo. Lo que tampoco preocupaba ni preocupa a las autoridades europeas. La UE, decía un editorial de un prestigioso diario, por esta causa “es digna de figurar en los anales de la ignominia”.

Comencemos por dos citas necesarias.

Como puede advertirse, hablamos de migraciones forzadas, refugiados e inmigrantes, que cada vez con mayor intensidad sufren la represión de las políticas europeas, que ha alcanzado un punto máximo en la Declaración de Malta del Consejo Europeo de 3 de febrero de este año.