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El enésimo reconocimiento judicial de la financiación irregular de la mayoría de los partidos parlamentarios, esta vez Unió Democràtica de Catalunya, ha levantado reacciones de indignación y lágrimas de cocodrilo que pueden acabar en nada, como todas las veces anteriores. El mismo día en que UDC admitía haberse financiado ilegalmente, el presidente de su comité de gobierno desde hace la friolera de 28 años, Josep Antoni Duran i Lleida, eludía cualquier declaración y decidía tomar un avión para ir a pronunciar una conferencia en Chile. El proceso judicial ha tardado dieciocho años en concluir y finalmente ni siquiera ha llegado a celebrarse, gracias a un acuerdo previo entre las partes para que UDC retorne a las arcas públicas 338.000 euros, una parte del dinero europeo para cursos de formación de parados que se desviaron en favor del partido. La lección de todo el asunto es clara, reiterada, escandalosa, pero posiblemente inofensiva, y esto es lo peor.
A los representantes públicos, a quienes se ganan la vida en representación de los ciudadanos, se les debería exigir un plus de ejemplaridad, pero hace tiempo que su ejemplo es de mofa y escarnio de los valores que aseguran defender. El grado de moralidad pública no solo afecta a la credibilidad de las instituciones y la confianza en sus representantes, también fomenta la irresponsabilidad y la evasión de todos. Por eso la crisis no es solamente económica, sino moral. No es solamente la crisis de UDC y del sistema político establecido, sino la crisis de sus votantes, la crisis de todos, aunque con volúmenes de responsabilidad y de desvergüenza distintos. Josep Antoni Duran i Lleida, además de sí mismo, nos representa un poco a todos. Ahí es donde escuece.
El enésimo reconocimiento judicial de la financiación irregular de la mayoría de los partidos parlamentarios, esta vez Unió Democràtica de Catalunya, ha levantado reacciones de indignación y lágrimas de cocodrilo que pueden acabar en nada, como todas las veces anteriores. El mismo día en que UDC admitía haberse financiado ilegalmente, el presidente de su comité de gobierno desde hace la friolera de 28 años, Josep Antoni Duran i Lleida, eludía cualquier declaración y decidía tomar un avión para ir a pronunciar una conferencia en Chile. El proceso judicial ha tardado dieciocho años en concluir y finalmente ni siquiera ha llegado a celebrarse, gracias a un acuerdo previo entre las partes para que UDC retorne a las arcas públicas 338.000 euros, una parte del dinero europeo para cursos de formación de parados que se desviaron en favor del partido. La lección de todo el asunto es clara, reiterada, escandalosa, pero posiblemente inofensiva, y esto es lo peor.