La impunidad organizada respecto a la violencia institucional

La Audiencia Provincial de Barcelona ha absuelto a los dos agentes que habían sido procesados por la mutilación del ojo de Ester Quintana en la huelga general del 14 de Noviembre de 2012. En los hechos probados de la sentencia el tribunal establece que un agente de los Mossos “que no ha podido ser identificado” incumplió los protocolos de los antidisturbios y “disparó lo que probablemente pudo ser una pelota de goma, aunque no puede descartarse totalmente que se tratara de un proyectil de foam” hacia donde estaba Ester Quintana, lo que le provocó la pérdida del ojo izquierdo.

Más allá del varapalo jurídico y social que supone dicha sentencia, es necesario analizar la principal causa de la misma. A mi entender, ésta no es otra que el encubrimiento de los antidisturbios responsables de dicho disparo que han realizado tanto los demás agentes involucrados (incluidos caporales), el departamento de Asuntos Internos y el departamento de Interior de la Generalitat.

La Sentencia viene a concluir, lo cual también sería discutible, que no puede dilucidar qué agente fue con exactitud porque quienes tenían que haberlo investigado no lo hicieron bien en su momento. Y no es creíble que no lo hayan podido saber, sobre todo porque en ningún momento del proceso se ha visto la voluntad de hacerlo por parte de Interior.

A la espera de eventuales recursos, el resultado de impunidad personal en el caso Quintana ha estado planeado en los despachos. Se trata de una impunidad organizada. Al igual que se organizó la impunidad desde el Ministerio de Interior en el caso de los 8 guardias civiles primero imputados por proferir malos tratos a un inmigrante en Melilla y posteriormente condecorados cuando el procedimiento se archivó porque los testigos fueron deportados.

Al igual que en tantas y tantas instrucciones e investigaciones. Ha sido un mes muy complicado. No podemos olvidar que el Director General de los Mossos, Albert Batlle, ha anunciado que no expedientará internamente a los 6 agentes condenados por homicidio imprudente, lesiones dolosas y delitos contra la integridad moral, y a los 2 que fueron condenados por destrucción de pruebas en el caso Juan Andrés Benítez.

Tenemos un grave problema social y democrático: la violencia institucional y la impunidad organizada que la perpetúa. La reacción de los cuerpos policiales y de sus responsables políticos en la mayor parte de casos en los que se comete una irregularidad o un delito por parte de un agente o funcionario de prisiones se asemeja más al de una organización mafiosa que al de un cuerpo de policía democrática. Opacidad, encubrimientos, versiones oficiales falsas, y corporativismo por encima de todo.

Urge que los grupos políticos asuman el grave déficit democrático que tenemos en los cuerpos policiales y en el control de los mismos y que, una vez ubicado el problema en el centro, se realice un Plan Integral contra la Violencia Institucional en el que algunas entidades llevamos un tiempo trabajando. Algunas medidas imprescindibles a tomar para comenzar a erradicar la situación serían:

1. Que las tareas de control interno disciplinario y las funciones de policía judicial en los casos en los que se vean afectados agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sean asumidas por un cuerpo independiente de los implicados con personas expertas en seguridad, derechos humanos y crímenes de violencia institucional. Ha quedado demostrado que el propio cuerpo no puede supervisarse a sí mismo, y menos ser el responsable de recabar pruebas judiciales. En la mayor parte de los casos nos encontramos con un trabajo de obstaculización de la investigación que con un trabajo de esclarecimiento. Así fue en el caso de Ester Quintana, donde los testigos y las principales pruebas fueron aportadas por la acusación particular. O en el caso de Juan Andrés Benítez, en el que mientras los agentes se dedicaban a borrar pruebas, fuimos las organizaciones sociales las que nos encargamos de conseguir las principales pruebas del proceso. Es una verdadera anomalía democrática dicha situación.

2. Que se implemente de verdad el Protocolo de Estambul, manual creado en el marco de Naciones Unidas para la investigación efectiva de la tortura y los malos tratos, entre los operadores jurídicos, y los institutos de medicina forense.

3. Que se cree una fiscalía especializada en violencia institucional que trabaje con una fuerte independencia siguiendo el modelo de Procuvin, fiscalía argentina para delitos de violencia institucional que está dando grandes resultados.

Habría muchas más medidas que deberían formar parte de la propuesta. Quizá tardemos años en implementarlo, pero seguiremos trabajando para que de una vez por todas exista la voluntad política para llevarlo adelante. En los Ayuntamientos, en los territorios que cuentan con policía autonómica, en las instituciones del Estado.

El ciclo actual de lucha, que recogía muchas de las buenas prácticas anteriores, comenzó el 27 de Mayo de 2011, con la respuesta ciudadana al desalojo de plaza Catalunya. Una querella colectiva comenzó a quebrar la impunidad y se aplicaron metodologías imaginativas y multidisciplinares que posteriormente se han seguido aplicando hasta la actualidad. No hemos logrado en estos 5 años, ni mucho menos, todo lo que nos proponíamos.

Pero pienso que no hemos de dejar que quienes quieren perpetuar la impunidad piensen que no ha servido de nada. Hemos logrado que se realicen investigaciones en profundidad de un sinfín de casos que antes se archivaban directamente; hemos logrado erradicar las balas de goma; hemos logrado que la Generalitat se declarara culpable por los impactos de balas de goma e indemnizara alguna de las víctimas; hemos logrado que un debate público antes silenciado se ubicara durante muchos momentos en el centro; y lo más importante hemos logrado crear un tejido social fuerte que agrupa a personas afectadas, sus familiares, movimientos sociales y entidades de defensa de derechos humanos que ha logrado cosas imposibles como que más de medio millón de personas vieran en directo en TV3 Ciutat Morta. No desfallezcamos, los procesos de cambio son largos. Seguiremos aún con más fuerza este difícil camino de luchar contra la violencia institucional.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha absuelto a los dos agentes que habían sido procesados por la mutilación del ojo de Ester Quintana en la huelga general del 14 de Noviembre de 2012. En los hechos probados de la sentencia el tribunal establece que un agente de los Mossos “que no ha podido ser identificado” incumplió los protocolos de los antidisturbios y “disparó lo que probablemente pudo ser una pelota de goma, aunque no puede descartarse totalmente que se tratara de un proyectil de foam” hacia donde estaba Ester Quintana, lo que le provocó la pérdida del ojo izquierdo.

Más allá del varapalo jurídico y social que supone dicha sentencia, es necesario analizar la principal causa de la misma. A mi entender, ésta no es otra que el encubrimiento de los antidisturbios responsables de dicho disparo que han realizado tanto los demás agentes involucrados (incluidos caporales), el departamento de Asuntos Internos y el departamento de Interior de la Generalitat.