Un periodista se infiltró cuatro meses como trabajador de una prisión privada en Estados Unidos para poder documentar qué pasaba dentro. Era la única manera de informar sin restricciones. Si bien el acceso de los periodistas a las cárceles ha sido siempre complicado, se ha hecho aún más difuso con la entrada al negocio de los operadores privados en los EE.UU., que ya tratan 131.000 internos de un total de 1,6 millones en todo el país. Un documental que consiguió una nominación a los Óscar, '13th' (en castellano, 'XIII Enmienda'), narra magistralmente como el “boom” de las prisiones en EEUU ha ido ligado a la discriminación racial.
Hablamos de los Estados Unidos porque, al imaginar los abusos en las prisiones, a menudo nos vienen al imaginario colectivo imágenes de centros penitenciarios americanos o gestionados por este país, desde Guantánamo a Abu Ghraib, en Irak. Violaciones de derechos humanos, atrocidades y tortura en episodios tan graves como, supuestamente, excepcionales. El problema es que las dificultades para informar sobre las cárceles –o sobre los correccionales convencionales en territorio americano, sin ir tan lejos– no permiten un escrutinio público que asegure que estos hechos no se pueden repetir.
Los centros penitenciarios son un espacio opaco por varios motivos. En primer lugar, por las evidentes limitaciones de acceso que hacen que un informador, un periodista, no se pueda pasear tranquilamente siempre que lo crea oportuno. En segundo lugar, por las dificultades de informar libremente más allá de visitas “guiadas” y entrevistas “decorativas” con internos. ¿Qué dirá un preso a quien le entrevisten con el director de la prisión o del módulo o de los funcionarios que le custodian al lado? Por último, también, porque no son cuestiones donde los medios suelan “poner el ojo”: el interés de la ciudadanía suele mirar hacia otro lado, con la idea de que, pase lo que pase allí dentro, los internos están porque “algo han hecho”.
La realidad penitenciaria catalana seguramente tiene pocos puntos en común con la americana, pero las cárceles en nuestra casa siguen siendo espacios, aún hoy en día, demasiado impunes. El Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo en Catalunya) y la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) han documentado en los últimos años decenas de casos de abusos, tortura y vejaciones a internos, especialmente de aquellos que se encuentran en régimen de aislamiento en los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado, más conocidos como DERT. Son espacios donde los presos se pasan más de 21 horas al día encerrados y sin compañía. Hablamos de denuncias de palizas y de degradación psicológica. De internos con problemas de salud mental que reciben tratamiento porque que la unidad psiquiátrica de la prisión no ha llegado a abrir. De estar durante largas horas atados de brazos y piernas en la sala de contención, muchas veces desnudos y haciéndose sus necesidades encima, tal como denuncian muchos presos. Y, lo peor, de internas que se quitan la vida después de haberlo intentado repetidas veces sin que se les haya aplicado el protocolo de prevención de suicidios, como es el caso de Raquel E.F., que se suicidó en abril de 2015. Mientras tanto, la aplicación del Protocolo de Estambul y otras medidas internacionales de prevención de la tortura, como las Reglas Mandela, todavía no es generalizada y, a veces, incluso desconocida.
Al equipo del Anuario Mèdia.cat que grabó imágenes en 360º del módulo de aislamiento del Centro Penitenciario Brians 1 le costó nueve meses de negociaciones poder entrar. Finalmente lo consiguieron. Pero la excepcionalidad de poder grabar esas imágenes constata cómo de restringido es aún el acceso para los periodistas (que le pregunten a Jordi Évole, que se quedó en el exterior). Documentos como la auditoría sobre el régimen cerrado, que la Dirección General de Servicios Penitenciarios anunció a los medios hace meses, siguen estando rodeados de un gran secretismo por supuestas razones de seguridad. Veremos qué pasa ahora con el grupo de trabajo que ha iniciado el Parlament de Catalunya sobre los DERT.
Por todo esto, seguimos reivindicando un acceso más sencillo a las cárceles para los periodistas y para las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Recordemos que hasta hace poco, el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH) tenía la entrada vetada. “El grado de civilización de una sociedad puede ser juzgado entrando en las cárceles”, dice una célebre frase atribuida al escritor Fiódor Dostoievski. Seguramente también se puede juzgar sabiendo cómo de transparente es lo que pasa dentro.
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