La trampa de la legalidad: ¿ni independencia unilateral, ni reforma pactada, ni statu quo?

No es muy difícil asegurar, que efectivamente, el depuesto govern de Cataluña ha roto el marco constitucional y que el estado de derecho es el que debe regular que se permite y que no se permite en democracia. Si bien el argumento de la legalidad puede resultar atractivo en el contexto actual y todo dirigente debería intentar conseguir sus objetivos políticos respetando el marco jurídico en el que actúa, la aplicación del artículo 155 y la judicialización del conflicto esconden en realidad y, como en casi todos los procesos de independencia, que el estado no está dispuesto a aceptar la posibilidad de que una parte de su territorio se independice por la vía legal.

Nos encontramos, por tanto, ante una trampa intelectual basada en el uso del respeto al marco jurídico y la legalidad como camisa de fuerza y arma política ante una demanda también democrática, que es poco probable que sea aceptada dentro de dicho marco jurídico. Trampa. Una argumentación, qué si bien vende muy bien en las cancillerías occidentales del siglo XXI (y especialmente en la UE post-crisis que busca estabilidad) porque todo el mundo está de acuerdo en que hay respetar el marco jurídico existente, solo busca esconder la falta de voluntad política de permitir, de forma legal, que Cataluña decida su futuro. Una trampa, además, que volveremos a encontrarnos el 22-D en caso de que una mayoría independentista gane las elecciones, ya que en caso de que sus propuestas no se ajusten a la legalidad (e incluso puede que aunque lo hagan también), el 155 (y la vía judicial) volverá a aplicarse en Cataluña las veces que haga falta para intentar conseguir así, el abandono definitivo de las pretensiones separatistas.

Recordemos qué si de verdad el problema fuera jurídico y no político (aquello de que “dentro de la legalidad se puede hablar de todo”), el estado podría perfectamente aceptar negociar con Cataluña su secesión, en caso de una clara mayoría independentista en votos y escaños el 21-D, teniendo en cuenta que estas tendrán lugar dentro del marco jurídico del estado. El debate no es por tanto si se ha hecho lo que se ha hecho en el marco legal o no, si no qué con las mayorías parlamentarias actuales a nivel del estado, es imposible que haya una solución que incluya la independencia pactada (o un referéndum) dentro del marco legal (y aún menos ante la atenta mirada del País Vasco). Incluso en el caso de que los partidos favorables a un referéndum y una salida negociada (que incluya la independencia como posibilidad) gozaran de una mayoría parlamentaria a nivel estatal (muy improbable), sería muy difícil obtener las mayorías cualificadas necesarias para cambiar las reglas del juego y permitir un referéndum o una secesión pactada. Por un lado, los partidos constitucionalistas, pero sobretodo el PP y Ciudadanos, utilizarán siempre los mecanismos legales del estado para impedir que ello ocurra, mientras que aquellos favorables al referéndum con actividad en el resto del estado, no aceptarán nunca la unilateralidad.  

Ante la falta de voluntad de aceptar un referéndum pactado o una salida negociada en caso de mayoría independentista, la estrategia basada en la defensa del estado de derecho, así como el 21-D, son solo mecanismos que aplazan la confrontación política y no resuelven el problema de fondo si queremos que todas las opciones (statu quo, reforma pacta o independencia) tengan su espacio.

Más allá de si el independentismo es mayoritario o no (y aunque lo fuera), el problema no es si la DUI o un referéndum de autodeterminación son ilegales o no, si no la incompatibilidad entre la legitimidad política y democrática mayoritaria actual del pueblo de Cataluña, (en que un 80% está a favor de un referéndum pactado), y la legitimidad del marco jurídico en la que opera dicha mayoría para poder conseguir sus objetivos. Pero, sobre todo, como así ha ocurrido a lo largo de la historia antes de conseguir multitud de demandas políticas (prohibición de la esclavitud, voto femenino, etc.) y salvo justamente en casi todos los procesos de independencia; por la falta de voluntad mayoritaria de adaptar dicho marco jurídico a las demandas políticas determinadas de una parte. Al fin y al cabo, Cataluña solo representa un 16% de la población del estado.

Si consideramos el escollo de la legalidad como una trampa muy difícil de superar por razones históricas y de cultura política, parece evidente también que el problema de fondo de la DUI ha sido más bien de legitimidad democrática y capacidad de implementación (y de voluntad política real para hacerlo) que no una cuestión jurídica. Se mire como se mire, el referéndum no se pudo celebrar con las garantías necesarias, y en democracia, no se pueden utilizar hipótesis para tomar decisiones, aunque la culpa sea del de enfrente (eso de que mirando la participación habitual en Cataluña los “noes” nunca hubieran superado los “síes” en un referéndum pactado o que aquellos que no se posicionaron en las plebiscitarias de 2015 no cuentan cómo “noes” y, por tanto, el 48% era suficiente). La represión y la falta de voluntad del estado de facilitar un referéndum (con garantías) por tanto, no daban la libertad al independentismo de utilizar el 1-O para hacer una DUI sin ni siquiera saber a ciencia cierta si este llegaba al 50% de apoyos y sin dar los pasos necesarios para poder implementarla. Parece que las encuestas sobre el 21-D apuntan en la dirección de que no hay una mayoría clara, sin entrar al debate siquiera, sobre si un tema tan importante como la secesión debería gozar de unas mayorías, no solo muy cualificadas, si no estructurales y sostenidas en el tiempo para evitar un debate de ida y venida permanente al respecto. 

Ante tal superposición de despropósitos, dificultades contextuales, engaños y autoengaños, hay tres escenarios posibles para Cataluña: Primero. Luchar por un cambio de mayorías y posicionamientos (muy improbable) de los constitucionalistas a nivel estatal durante años, que acabe por incluir la posibilidad legal de independencia (vía referéndum). Segundo. Que el independentismo consiga una mayoría clara en votos y escaños, ofreciendo un referéndum pactado al estado y si no lo acepta, declarar la independencia contra la legalidad española intentando demostrarla (esta vez sí) de forma efectiva (control del territorio a través de los mossos, control de las finanzas, movilización de los CDR y funcionarios, etc.) ante la comunidad internacional sin saber quién y por qué acabaría reconociéndola, arriesgándose a un bloqueo institucional y a una situación de incertidumbre e inestabilidad (salida de la UE, potencial violencia callejera y policial, recesión económica a corto plazo, potencial doble administración, etc.). Tercero. Volver al nacionalismo moderado e intentar conseguir una reforma confederal aglutinando a una mayoría independentista y catalanista bajo la misma estrategia. Por desgracia, viendo las distintas encuestas pre 21-D, me temo que el riesgo de un 4º escenario de bloqueo y mantenimiento del statu quo es enorme, particularmente con la mitad del gobierno legítimo de Cataluña en la cárcel, unos resultados que pueden ser muy similares a los del 27-S y el PP en el gobierno central.

Ante tales escenarios, hay varias cosas que sí parecen evidentes y que hay que tener en cuenta cuando se vaya a votar (analizando los acontecimientos de los últimos años, así como los últimos sondeos): Primero. No es probable que el PP, Ciudadanos (no hay reforma posible sin ellos) y parte de la sociedad española acepten en el futuro la reforma confederal profunda que España necesita (ni un referéndum, por descontado) y que los favorables al referéndum con presencia estatal lo hagan con la unilateralidad.

Segundo. No parece que los independentistas estén dispuestos a apoyar una reforma que ni siquiera sabemos si sería lo suficientemente ambiciosa para que acepten dejar fuera de la mesa la posibilidad de una secesión pactada (vía referéndum) como alternativa. Tercero. Es muy improbable que las mayorías cambien lo suficiente a nivel del estado en la próxima década, para que los constitucionalistas actuales sean una minoría muy minoría (o cambien de estrategia) y acaben por aceptar un referéndum o la secesión pactada. Cuarto. No parece muy realista pensar que se podrá hacer la independencia con el estado en contra (teniendo en cuenta que será muy difícil que los mossos en conjunto sigan ordenes que lleven a la ruptura, que se controlen los impuestos o que los funcionarios asuman riesgos por aceptar las directrices de un futuro gobierno, etc.) sin asumir los costes, incertidumbres y riesgos a todos los niveles que ello implica repasando los procesos de independencia anteriores (más allá de países profundamente democráticos como Reino Unido o Canadá).

Con todo ello en mente, más allá de la geometría variable post- 21-D y por mucha vuelta al dret a decidir, ampliación de la base soberanista, gobierno de izquierdas o lo que sea que venga, mucho me temo que a la larga volveremos a dónde estamos. De momento parece que algunos quieren que salgamos de ésta de forma civilizada obligando a parte de los catalanes a ceder en sus pretensiones democráticas. Como analogía respecto al trilema de Rodrik, preservar la convivencia, la democracia en su plenitud (es decir, asegurando que todas las opciones democráticas tengan su opción) y proteger a la ciudadanía (las tres cosas a la vez) como máximas de lo que debería buscar todo gobernante responsable, será casi imposible a partir de ahora.

No se trata de ser independentista o no, si no de admitir que todo apunta desde hace años a que solo conseguiremos una salida verdaderamente democrática, que incluya quizás algún día todas las opciones posibles, si los independentistas ganan en votos las elecciones.

*Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente personales.

No es muy difícil asegurar, que efectivamente, el depuesto govern de Cataluña ha roto el marco constitucional y que el estado de derecho es el que debe regular que se permite y que no se permite en democracia. Si bien el argumento de la legalidad puede resultar atractivo en el contexto actual y todo dirigente debería intentar conseguir sus objetivos políticos respetando el marco jurídico en el que actúa, la aplicación del artículo 155 y la judicialización del conflicto esconden en realidad y, como en casi todos los procesos de independencia, que el estado no está dispuesto a aceptar la posibilidad de que una parte de su territorio se independice por la vía legal.

Nos encontramos, por tanto, ante una trampa intelectual basada en el uso del respeto al marco jurídico y la legalidad como camisa de fuerza y arma política ante una demanda también democrática, que es poco probable que sea aceptada dentro de dicho marco jurídico. Trampa. Una argumentación, qué si bien vende muy bien en las cancillerías occidentales del siglo XXI (y especialmente en la UE post-crisis que busca estabilidad) porque todo el mundo está de acuerdo en que hay respetar el marco jurídico existente, solo busca esconder la falta de voluntad política de permitir, de forma legal, que Cataluña decida su futuro. Una trampa, además, que volveremos a encontrarnos el 22-D en caso de que una mayoría independentista gane las elecciones, ya que en caso de que sus propuestas no se ajusten a la legalidad (e incluso puede que aunque lo hagan también), el 155 (y la vía judicial) volverá a aplicarse en Cataluña las veces que haga falta para intentar conseguir así, el abandono definitivo de las pretensiones separatistas.