A Mariano Rajoy lo vemos casi todas las semanas de pleno sentado en su escaño. Sin embargo, normalmente se ausenta los martes, cuando debatimos y votamos mociones o proposiciones no de ley, iniciativas parlamentarias que tan sólo pueden “instar” al Gobierno a actuar. Ahí el PP no se juega nada. Esos días sacamos adelante, muchas veces con el apoyo del PSOE, iniciativas que de convertirse en leyes, garantizarían el derecho a la vivienda, incrementarían el salario mínimo a 800 euros en 2018 o permitirían implementar de forma gradual unos permisos parentales iguales e intransferibles de 16 semanas.
Pero los jueves, la bancada del PP acostumbra a estar completa. Ningún miembro del Gobierno suele faltar cuando se vota algún Real Decreto o Proyecto de Ley con efectos legislativos concretos, inmediatos. El Partido Popular, protagonista de centenares de casos de corrupción que día tras día salen a la luz pública, gobierna el país cada semana desde el Congreso. Y consigue hacerlo porque, alternativamente, cuenta con los apoyos de PSOE y Ciudadanos.
Este Gobierno, que a la luz de los últimos acontecimientos cada vez se parece más a una organización mafiosa, ha aprobado, con el apoyo de Ciudadanos y del PSOE, un objetivo de déficit y un techo de gasto que consolida la austeridad en los presupuestos del Estado. De poco sirve luego que en los debates de los martes, o en alguna comisión, el PSOE le recrimine sus recortes, igual que lo hacemos nosotras. El presupuesto es el que es y no se puede hacer otra cosa, venía a decir esta misma semana el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, cuando intentaba justificar una disminución acumulada del 40% desde 2013 en el presupuesto destinado a políticas de vivienda. Y lo dicen sin ninguna vergüenza, cuando cada día vemos que su partido nos está robando a manos llenas. ¿Con qué legitimidad puede un proyecto político defender recortes de recursos, derechos y libertades que afectan a la mayoría de la ciudadanía mientras algunos de sus principales dirigentes se dedican a llevárselo crudo?
Se sostiene en el Gobierno a un partido al que se define en algún auto como 'organización criminal'; a un partido que ha dado lugar, entre otros, a los casos Bárcenas, Palma Arena, Gürtel, Taula, Púnica y a la reciente operación Lezo. Hablamos de un presidente del Gobierno llamado a declarar por la financiación ilegal de su partido, de ex-Secretarios de Estado, ex-presidentes de Comunidades Autónomas y otros altos cargos liderando, junto con sus familiares, redes de fraude, estafa, blanqueo, malversación, cohecho o blanqueo de capitales, entre otros. Hablamos de grandes (grandísimas) empresas privadas que a cambio de quedarse con contratos millonarios de la Administración Pública, devuelven esos favores a partidos y dirigentes como mejor convenga. Hablamos de utilizar el poder político, judicial y mediático, las influencias y los contactos, para saquear los recursos de todas, mientras se aparta a jueces y fiscales que estorban cuando intentan realizar su trabajo con independencia. Ese es el partido que semana tras semana gana las votaciones trascendentes en el Congreso.
Así que frente al mantra del PP, ese que Cospedal y Rajoy se esfuerzan en repetir sin descanso, de que la corrupción es sólo cosa de “algunos”, falta decir que ya basta de tomarnos por idiotas. Y a Ciudadanos habría que decirle que nada de lo que está ocurriendo se soluciona únicamente limitando mandatos y acabando con los aforamientos. Su falso papel de representantes de la regeneración política, proponiendo medidas que no atacan a las verdaderas raíces de la corrupción, los puede acabar convirtiendo en los promotores de una ridícula operación cosmética.
Iniciar conversaciones con otros partidos políticos, movimientos y organizaciones sociales para impulsar una moción de censura que consiga echar al PP del gobierno no se trata únicamente de una cuestión de responsabilidad política o ética. Se trata de intentar dar una respuesta útil a la muchísima gente que piensa que lo que ocurre ya no se puede aguantar más. Se trata de luchar con todas las herramientas que cada una tengamos a nuestro alcance para proteger y restaurar nuestros derechos, nuestros recursos públicos y unas instituciones que deberían pertenecernos a todas, y no a unos pocos y a sus amigos. Esta mal llamada crisis nos ha enseñado, entre otras cosas, que no podemos permitirnos pensar que debemos resignarnos. Sería lo peor que podríamos hacer.
Para que la moción de censura prospere y salga adelante va a ser imprescindible la participación y el apoyo del PSOE. Esperemos que, poco a poco, cuando se vayan conociendo más detalles de los últimos casos investigados, y también a medida que se acerquen sus primarias, reconsideren su negativa inicial. Y es que más allá de las críticas a la “teatralización” de la iniciativa, lo cierto es que, llegados a este punto, la propuesta de impulsar una moción de censura debería ser útil también para el PSOE si algún día quiere empezar a actuar como un verdadero partido de la oposición.
Sin embargo la utilidad, la oportunidad y el éxito de la propuesta va a depender también de lo que ocurra más allá de los grupos políticos. Y es que la capacidad que la ciudadanía organizada ha demostrado para luchar contra la corrupción ha quedado ampliamente demostrada. Ahí está, entre otros ejemplos, 15MpaRato consiguiendo condenas de cárcel para Rato y toda la cúpula de Bankia gracias a un crowfunding financiado por miles de personas anónimas.
¿Alguien puede imaginar uno, dos o incluso cuatro años de un Gobierno en manos de un partido que es, en sí mismo, la definición de corrupción política? Acabar con esto es una cuestión de puro sentido común y la moción de censura debe ser una herramienta más para intentar conseguirlo.
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