Vais a permitirme reproducir estas palabras del escritor Jorge M. Reverte, en El País, para referirme a las comparecencias de la familia Pujol ante la comisión de investigación del Parlament de Catalunya. Hasta ahora está consistiendo en un conjunto de insolencias, mentiras, cuando no una evidente falta de respeto a tan alta institución. Parece que los que debieran dar cuenta al patriarca y su familia fueran los diputados/as. Pujol y su familia representan la verdadera faz del nacionalismo que, revestido de otras formas, continúa dominando Catalunya.
Ya veremos cómo Mireia Pujol, de la que se sabe que en 2001 constituyó la sociedad Fisioart SL con un capital de 3.000 euros, explica las razones y el origen del capital acumulado por el que el 7 de Julio de 2014 pagó, en concepto de regularización tributaria, más de un millón de euros.
La comparecencia de Jordi Pujol hijo representó una ofensa a la dignidad y respeto que merecen nuestros representantes. Se atrevió a decir que “es un mito que haya operado en paraísos fiscales”. Llanamente, dijo que atribuirle esa actividad era una fábula, una mentira. Atribuyendo al BBVA dicha responsabilidad. Resulta sorprendente sostener esa rotunda negativa por múltiples razones. Según consta en la causa penal abierta contra él en el Juzgado Central nº 5, desde 1989, que se sepa, ha constituido hasta doce sociedades mercantiles, con los objetos sociales más variados, como, entre otros, “la prestación de servicios portuarios” en la ciudad argentina de Rosario.
Pujol junior y toda la familia deberían saber que desde los años noventa, y en particular por el RD 1065/2007, están obligados personalmente a informar a la Agencia Tributaria de cualquier faceta de su actividad económica para “verificar el adecuado cumplimiento de sus deberes tributarios y mejorar la lucha contra el fraude fiscal”. Y además de las obligaciones que establece desde 1993 la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales, los titulares de la actividad económica están obligados, especialmente desde la Ley 7/2012, a “suministrar información sobre bienes y derechos situados en el extranjero”. Y, particularmente, respecto de “cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sea titular o beneficiario o en las que figure como autorizado o, de alguna otra forma, ostente poder de disposición”.
¿Ha cumplido con esas obligaciones? Es más que dudoso, pues, en otro caso, el Juez Ruz, el 9 de abril de 2013, no habría requerido a la Agencia Tributaria para que le informase, respecto de Pujol junior, “de movimientos de divisas en el exterior e importaciones y exportaciones que pudiesen ser indicativas de percepción de rentas obtenidas en el exterior entre el 30/3/2004 y el 27/3/2013”. Para conocer dichos datos, el juez se dirigió también al BBVA, al Banco Mediolanum SA y a Credit Suisse AG, requiriéndoles para la entrega de “contrato de apertura” de cuentas, “extracto” de las mismas y “cartulina de firmas”, datos estrictamente personales. Ante los mismos, resulta difícil, por no decir imposible, aceptar que el tal Pujol desconozca el papel que juegan los paraísos fiscales en la economía mundial, de refugio de dinero ilícito y de plena opacidad. Y, pudiera ser que, como acaba de estudiar recientemente Gabriel Zucman, la familia Pujol pertenezca al grupo de familias que tienen o han tenido el 8% de su patrimonio depositado en aquellos territorios.
Respecto a Pujol Soley, confiamos que la Justicia esclarezca hasta sus últimas consecuencias los hechos defraudatorios que confesó y los mecanismos que hicieron posible un fraude tan continuado como desmesurado durante treinta y cuatro años, veintitrés de los cuales ocupando la máxima responsabilidad pública de Catalunya. Hoy, al menos, ya no se atreve a decir que el proceso penal contra él era, como dijo en 1994 refiriéndose a Banca Catalana, “romper las piernas de Convergència Democràtica de Catalunya”, calificativo absolutamente impropio de quien gobernaba un país.
Ya han transcurrido siete meses desde su declaración autoinculpatoria y el Juzgado nº 31 de Barcelona avanza lentamente en la investigación. Esperamos no llegar a una parálisis similar al proceso “Palau de la Música”. En todo caso, la comisión de investigación parlamentaria está cumpliendo la excelente función de desvelar y plasmar aspectos que, coincidan o no con el caso Pujol, proyectan públicamente el talante y las sórdidas formas de gobernar del nacionalismo burgués catalán. Está, sin duda, prestando un gran servicio a la ciudadanía en asuntos de evidente trascendencia e “interés público”.
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