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Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de obligar al Estado a indemnizar con 1.494 millones de euros a la compañía de autopistas Abertis. La resolución judicial destapa una vez más el mecanismo perverso por el que las grandes empresas privadas concesionarias de servicios públicos no asumen el riesgo inherente a cualquier negocio y obligan por contrato previo a la administración a indemnizarlas en caso de no alcanzar las expectativas previstas de rendimiento de sus inversiones. Si estas expectativas aumentan, negocio redondo para el concesionario. Si disminuyen, sus intereses se ven igualmente cubiertos por el erario público.
La sentencia ha revelado la existencia de un informe del Consejo de Estado que en 2006 alertó al ministerio de Fomento sobre la inclusión de una arriesgada cláusula de compensación en el convenio con la concesionaria de autopistas para la ampliación con tres carriles en cada sentido de la AP-7 entre Salou y La Jonquera, el tramo más transitado de toda España. El Consejo de Estado fue de la opinión que aquella cláusula implicaba la “desaparición del riesgo” para el concesionario y se apartaba del “principio rector” que regula las concesiones de autopistas desde 1972.
El informe fue ignorado por la ministro de Fomento del gobierno Rodríguez Zapatero, Magdalena Álvarez. Prefirió estimar que el tránsito de la AP-7 entre Salou y La Jonquera crecería un 2% anual hasta el final de la concesión en 2021 y cubriría la inversión de la concesionaria. Se comprometió a compensarla económicamente en caso contrario.
La crisis económica desmintió las previsiones y la compañía ha obtenido en los tribunales la indemnización por un valor de 1.494 millones. El gobierno recurrirá la sentencia al Supremo y alargará el contencioso, suponiendo que no alargue la concesión como en ocasiones anteriores.
La campaña “Prou peatges. No volem pagar” (Basta de peajes. No queremos pagar) sumó numerosos adeptos con gran rapidez el año 2012 en las autopistas catalanas. No encontró suficiente apoyo político parlamentario y se extinguió con la misma rapidez, para gran alivio de la concesionaria. Catalunya tiene el escaso honor de contar desde 1969 con la autopista de peaje más antigua de España y que los usuarios sigan pagando a su paso por ella cerca de cincuenta años después.
La catalana Abertis es hoy un grupo líder internacional en gestión de autopistas, con 8.500 kilómetros de vías da alta capacidad en 14 países de Europa y América. En Catalunya y el conjunto de España es el primer operador del ramo. CaixaBank es el socio mayoritario con un 30% de las acciones, seguido por el fondo de inversión CVC Capital Partners y la constructora OHL de Florentino Pérez. La compañía declaró el pasado año 796 millones de euros de beneficio, un 13% más que en el ejercicio anterior.
El presidente Salvador Alemany comenzó la carrera empresarial como responsable de la Sociedad Anónima de Aparcamientos de Barcelona (SABA), otra concesión privada en terreno público, y también con la Caixa de socio mayoritario. Siempre ha mantenido en paralelo un marcado perfil público: presidió la sección de baloncesto del FC Barcelona (1986-2003), el Círculo de Economía (2008-2011), el Consejo Social de la Universitat de Barcelona (2012-2016) y el Consejo Asesor para la Reactivación Económica y el Crecimiento de la Generalitat de Catalunya (2011-2015), nombrado por Artur Mas. Actualmente preside el patronato del Gran Teatre del Liceu.
De seguir así, hasta el año 2021 pagaremos todavía muchos peajes, suponiendo que la fecha de vencimiento no se prolongue.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de obligar al Estado a indemnizar con 1.494 millones de euros a la compañía de autopistas Abertis. La resolución judicial destapa una vez más el mecanismo perverso por el que las grandes empresas privadas concesionarias de servicios públicos no asumen el riesgo inherente a cualquier negocio y obligan por contrato previo a la administración a indemnizarlas en caso de no alcanzar las expectativas previstas de rendimiento de sus inversiones. Si estas expectativas aumentan, negocio redondo para el concesionario. Si disminuyen, sus intereses se ven igualmente cubiertos por el erario público.
La sentencia ha revelado la existencia de un informe del Consejo de Estado que en 2006 alertó al ministerio de Fomento sobre la inclusión de una arriesgada cláusula de compensación en el convenio con la concesionaria de autopistas para la ampliación con tres carriles en cada sentido de la AP-7 entre Salou y La Jonquera, el tramo más transitado de toda España. El Consejo de Estado fue de la opinión que aquella cláusula implicaba la “desaparición del riesgo” para el concesionario y se apartaba del “principio rector” que regula las concesiones de autopistas desde 1972.