Pensar la seguridad con #EfecteCanVies

Durante los últimos días la actualidad política catalana ha estado muy pendiente del #EfecteCanVies. Se suceden las portadas, las tertulias y las columnas de opinión sobre el desalojo del Centro Social Autogestionado Can Vies en el barrio del barrio de Sants (Barcelona), y parece ser que el denominador común de los discursos es el concepto de conflicto. Cuando hablamos de Can Vies, efectivamente, hay que hablar de conflicto, pero éste no puede reducirse a las destrozas y los altercados: son necesarios análisis que superen el eterno debate sobre los contenedores.

La gestión del Ayuntamiento de Barcelona está siendo nefasta: el desalojo de un espacio clave de los movimientos sociales del barrio de Sants y de la ciudad, la ruptura de las negociaciones alegando presiones por parte de TMB -las cuales, al parecer, se retomaron esta misma noche-; el despliegue desproporcionado de un operativo del cuerpo de Mossos d’Esquadra, al que se suman unas prácticas policiales exageradamente contundentes en el marco de la manifestación de protesta; y como colofón, el derribo del edificio del Centro Social.

Pero no se acaba aquí: el Alcalde Trias, con un discurso que abre la posibilidad de dialogar, repite hasta la saciedad que no negociará mientras haya altercados; el regidor del Distrito Jordi Martí, del cual hace días que se pide la dimisión, recorre los platós de las televisiones públicas condenando la violencia y, cuando baja el nivel de tensión, aprovecha para anunciar el Plan Paral·lel y la iluminación modo “smart city” que pondrá en la avenida y que costará a la ciudadanía más dinero que todos los contenedores quemados en la última década en Barcelona.

En este marco, y todavía con la resaca de la ya popularmente llamada “fiesta de la democracia”, quiero aportar algunos apuntes sobre seguridad y orden público.

Por un lado, el ya famoso #EfecteCanVies no es sólo una respuesta por la pérdida de un espacio simbólico: es el cuestionamiento de un modelo de ciudad que no tiene sitio para los movimientos sociales, ni para los espacios liberados. Barcelona es una ciudad que alberga muchas ciudades invisibles hechas de personas, historias, sueños y realidades; pero el modelo Barcelona sólo responde a una determinada parte de estos mundos. La Barcelona bonita es la de la gente con poder adquisitivo, de la gente que viene de vacaciones y de la gente que se lucrará con los casinos y la economía de la mafia en el Barcelona World. Esta contradicción es cada vez más feroz, pues cada día son menos los pasajeros que pueden comprar el billete de tren de la Marca Barcelona, del Paseo de Gracia y de las óperas del Liceu. La Barcelona del 99% hace equilibrios para llegar a fin de mes, no puede pagar el transporte público, está en el paro o con trabajos temporales e intermitentes y ve cómo la vivienda hace lustros que ha dejado de ser un derecho para convertirse en un martirio.

En lo que se refiere a la seguridad ciudadana y al orden público, que es el asunto que parece que más preocupa estos días en las tertulias y en los despachos, la dicotomía eternamente enfrentada cada día toma más fuerza, abriendo una brecha que no para de crecer y que mina la cohesión y la posibilidad de vivir en una ciudad común. La seguridad, como muchas otras dimensiones de la vida pública de las ciudades y de las sociedades, emana de un pacto social que ha de incluir a todas las personas y grupos que conviven en un territorio y, en Barcelona, el pacto hace tiempo que tiene goteras.

Por otro lado, este pacto social no sólo está roto, sino que se han dinamitado la mayoría de vínculos sociales que lo articulaban. Los movimientos sociales, el tejido vecinal y las organizaciones de la ciudad de Barcelona, hace décadas que trabajan para construir puentes, justicias y soluciones colectivas a las desigualdades, a los conflictos y a las necesidades. A pesar de ello, el consistorio no da respuesta a las demandas y, por lo tanto, en fácticamente no reconoce este tejido como agente político legítimo – hay que ver cómo se sucederán las recién retomadas negociaciones sobre el espacio de Can Vies.

En este sentido, los vínculos están rotos en la medida en la que los mecanismos políticos de participación ni son eficientes, ni son bidireccionales. El Ayuntamiento actúa, los movimientos protestan, el Ayuntamiento continúa actuando, los movimientos continúan respondiendo. Esta lógica desgastante, absurda, que sólo consigue cambios miserables después de procesos larguísimos y farragosos, no sólo mina la confianza en un Ayuntamiento que ofrece diálogo cuando ya ha tirado Can Vies al suelo, sino que rompe todo horizonte de consenso o de acuerdo. Es en este punto, en el que la respuesta organizada con prácticas de desobediencia se convierte en forma obligada de diálogo político, una vía que, impuesta por la ignorancia y la falta de voluntad del equipo de gobierno, se presenta como la única forma de hacer que se escuchen las voces de los que no importan. Así, volviendo al concepto de seguridad, la respuesta policial a un fenómeno social tan dramático, sólo agudiza el conflicto y la brecha política. Hoy es el barrio de Sants, pero mañana será Sabadell si se hace efectivo el desalojo de las 146 personas que viven en el bloque de la Obra Social de la PAH.

La seguridad es un concepto integral que hace referencia a la garantía de los derechos fundamentales y a la gestión de los conflictos con la finalidad de potenciar el bienestar colectivo. Limitar la seguridad a una cuestión de orden público implica, por un lado, priorizar el mobiliario urbano y la seguridad vial a la garantía de derechos. Por otro lado, también supone entender la seguridad como represión de la disidencia, en la medida en la que en vez de abordar los conflictos incorporando las necesidades y demandas de todas las partes, se utilizan los cuerpos de seguridad pública para abordarlos a golpes.

Finalmente, hace falta analizar también el #EfecteCanVies con una mirada que incorpore la crisis de régimen que se vive desde hace tiempo que y que, volviendo a los movimientos sociales, se manifestó y expuso desde múltiples perspectivas en la primavera del 2011, cuando las plazas de todas las ciudades y pueblos del Estado Español se llenaron de tiendas de campaña y de personas indignadas en uno de los movimientos de desobediencia civil pacífica que más propuestas ha formulado en los últimos ciclos políticos y que menos repercusión formal ha tenido en las instituciones. Se ha de entender que el 15M, entre muchas otras cosas, popularizó una palanca política que explica muchos de los movimientos que se hicieron fuertes a posteriori: cuando la ley es injusta, es legítimo desobedecer. En este sentido, se da una reconfiguración del concepto de seguridad en torno a la capacidad que tienen los colectivos y organizaciones de responder y garantizar las necesidades de las personas: la PAH con la vivienda; Tanquem els CIEs con la defensa de los Derechos Humanos en los Centros de Internamiento; los Centros Sociales como Can Vies con la funión de articular y potenciar proyectos de barrio; etc.

Por lo tanto, la seguridad entendida como garantía de derechos y alejada de los golpes de porra de los cuerpos de seguridad pública, pasa hoy por la capacidad que tienen los y las ciudadanas autoorganizadas de responder con la construcción de proyectos y movilizaciones que dibujen horizontes de solidaridad y apoyo mutuo frente al miedo de la miseria.

¿Qué hace falta hacer ahora? Y, desde un enfoque desde la seguridad ciudadana, ¿cómo se responde a las noches de fuego y cacerolas?

La respuesta ni es sencilla, ni es rápida, tampoco está encima de la mesa, pero seguro que no es policial: se empieza a dilucidar con las negociaciones retomadas y el anuncio de reconstruir Can Vies por parte de la Asamblea del CSA. Lo que se debe considerar es que la solución debe pasar por reconocer que hay mucho más en juego que noches sin ruido de helicóptero y que contenedores lleguen hasta el amanecer. La solución debe pasar por que el consistorio ceda en algunas cuestiones y asuma responsabilidades políticas.

Y, sin duda, la solución debe pasar por reconocer que en Sants ha estallado la lucha por el derecho a la ciudad cuando las orejas del pastor son sordas; la lucha por la dignidad de la calle cuando la especulación ahoga los espacios de vida; la lucha de las cuentas pendientes, cuando la mafia anda tranquila por los pasillos del Palau de la Música mientras la miseria se amontona en los cajeros automáticos.

Durante los últimos días la actualidad política catalana ha estado muy pendiente del #EfecteCanVies. Se suceden las portadas, las tertulias y las columnas de opinión sobre el desalojo del Centro Social Autogestionado Can Vies en el barrio del barrio de Sants (Barcelona), y parece ser que el denominador común de los discursos es el concepto de conflicto. Cuando hablamos de Can Vies, efectivamente, hay que hablar de conflicto, pero éste no puede reducirse a las destrozas y los altercados: son necesarios análisis que superen el eterno debate sobre los contenedores.

La gestión del Ayuntamiento de Barcelona está siendo nefasta: el desalojo de un espacio clave de los movimientos sociales del barrio de Sants y de la ciudad, la ruptura de las negociaciones alegando presiones por parte de TMB -las cuales, al parecer, se retomaron esta misma noche-; el despliegue desproporcionado de un operativo del cuerpo de Mossos d’Esquadra, al que se suman unas prácticas policiales exageradamente contundentes en el marco de la manifestación de protesta; y como colofón, el derribo del edificio del Centro Social.