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El pasado mes de abril el Parlamento Europeo votaba sobre el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSIS según sus siglas en inglés), un reglamento bastante desconocido que debe actuar como base legal para el Plan Juncker. Un plan de inversión que toma el nombre de su principal impulsor, Jean-Claude Juncker, actual presidente de la Comisión Europea. La Comisión, con Juncker a la cabeza, cree que a corto plazo las fuerzas del mercado no son capaces de dar una solución al problema de la falta de inversión disponible, y quiere aprovechar para que la esfera pública y sus instituciones jueguen un papel clave en la financiación de proyectos para el crecimiento y la creación de puestos de trabajo. Hasta aquí todo bien.
Partiendo de 21.000 millones de euros de dinero público se pretende movilizar inversión privada hasta llegar a los 315.000 millones de inversión total. Los 21.000 millones estarán compuestos por 5.000 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y una garantía por valor de 16.000 millones, que contará con 8.000 millones del presupuesto comunitario. Algunos dicen que multiplicar por 15 la inversión es demasiado optimista. Otros ponen énfasis en el tipo de proyectos que serán escogidos y en la transparencia (o la falta de ésta) durante el proceso de elección de los mismos. La planificación también ha sido nula: un alud de propuestas inconexas desde los diferentes Estados miembros, y mucha prisa en aprobar el EFSIS de cara al próximo Junio.
Mientras tanto, se han quedado fuera del debate cuestionamientos más globales sobre el funcionamiento y la lógica financiera detrás del mismo plano. Falta información y reacciones de la opinión pública sobre el precio que habrá que pagar a cambio.
Aunque el objetivo a priori es apostar por infraestructuras clave, crear puestos de trabajo y alentar el crecimiento económico, sólo los proyectos atractivos en los mercados financieros por su alta tasa de retorno tienen todos los números para ser finalmente financiados. Lo que significa que no todo el mundo puede entrar en el club: mayoritariamente entran los sectores con un alto porcentaje de beneficios (megaproyectos de transporte y energía), las grandes empresas promotoras a la cabeza, y fondos de inversión, de pensiones y aseguradoras que quieren invertir. Difícilmente los proyectos de empresas locales, y que generan bienestar social desde la economía cercana, pueden llegar a tener esta alta tasa de retorno de la inversión.
La ingeniería financiera detrás del Plan Juncker, que ya se ensayaba con la iniciativa de los Project Bonds que hizo posible el Proyecto Castor, permite la financiarización de diferentes bienes y servicios. Su deuda se divide en tramos o en bonos y estos se vienen en los mercados financieros. Esto quiere decir que, al igual que ocurrió con los productos hipotecarios durante la crisis, el valor de los proyectos de infraestructuras financiados deja de desprenderse de los costes reales del servicio que ofrece la infraestructura y pasa a guiarse por la calificación de su deuda o de sus bonos (como de atractivo es para invertir). ¿Quién se queda, sin embargo, con la parte menos segura de esta deuda? La parte de inversión pública proveniente del EFSIS, que invertirá en los tramos de deuda de mayor riesgo.
Sin embargo, parece que el formato no asusta a nadie. De hecho, en esta carrera para conseguir inversión, Catalunya no se ha quedado atrás. Después de la “carta a los reyes” que España hizo llegar a Bruselas y que no contenía ningún proyecto concreto, sino un presupuesto dividido por partidas según sector económico, la Generalitat de Catalunya apostó por hacer una propuesta más trabajada, que solicitaba proyectos por un valor de 6.809 millones de euros, de los que más de 4.000 millones son en infraestructuras de transporte y energía. El reparto del pastel es, cuando menos, sugerente: 300 millones de euros para Vodafone, más de 200 millones para Telefónica, y Endesa como una de las protagonistas de la propuesta. En resumen, CiU dando pistas sobre el tipo de salida de la crisis por la que apuesta.
Detrás el Plan Juncker hay mucho más que la búsqueda de inversión privada. Se trata de inversiones a largo plazo que no serían viables sin esta entrada de capital, pero que una vez se llevan adelante se soportan no gracias a estos inversores sino gracias a la ciudadanía: a través de las facturas energéticas, los peajes, de retribuciones o, en caso de que salga mal, a través de cláusulas al estilo Castor o por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (el Estado paga si la empresa impago). Los inversores hacen posible los proyectos en un inicio pero, sin duda, los paga la ciudadanía.
Así pues el Plan Juncker no es ningún regalo caído del cielo. Los riesgos financieros van acompañados de las contrapartidas para recibir financiación. Por una parte la Comisión pide que los Estados miembro también aporten presupuesto nacional al fondo del EFSIS (España, por ejemplo, tiene previsto aportar 1.500 millones de euros a través de de Instituto de Crédito Oficial). Así consiguen derecho a voto en la gestión del EFSIS proporcional a su aportación. Por otra parte, los Estados que aporten fondos serán examinados con más manga ancha con respecto al déficit y la deuda pública: las contribuciones nacionales al Plan Juncker no contarán como excesivo déficit o deuda. Se valorarán también positivamente medidas estructurales como las flexibilizaciones de los mercados laborales nacionales. Envía pues un mensaje claro: Gasta, pero hágalo con las reglas de en Juncker.
Corremos, pues, el peligro de que el incentivo a los inversores del sector privado para beneficiar a las infraestructuras y la economía europeas sea en realidad un incentivo a las infraestructuras y economía europeas para beneficiar a los inversores del sector privado. En el mejor de los casos se trata de una ilusión de crecimiento. En el peor, de una nueva ofensiva del capitalismo financiero. La diferencia es que ahora sabemos como acabó la anterior oleada, y tendremos las de ganar si dudamos de los que hicieron posibles otras burbujas. Hay que escoger nuestro propio Plan, sin Juncker, sin mercados financieros.
El pasado mes de abril el Parlamento Europeo votaba sobre el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSIS según sus siglas en inglés), un reglamento bastante desconocido que debe actuar como base legal para el Plan Juncker. Un plan de inversión que toma el nombre de su principal impulsor, Jean-Claude Juncker, actual presidente de la Comisión Europea. La Comisión, con Juncker a la cabeza, cree que a corto plazo las fuerzas del mercado no son capaces de dar una solución al problema de la falta de inversión disponible, y quiere aprovechar para que la esfera pública y sus instituciones jueguen un papel clave en la financiación de proyectos para el crecimiento y la creación de puestos de trabajo. Hasta aquí todo bien.
Partiendo de 21.000 millones de euros de dinero público se pretende movilizar inversión privada hasta llegar a los 315.000 millones de inversión total. Los 21.000 millones estarán compuestos por 5.000 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y una garantía por valor de 16.000 millones, que contará con 8.000 millones del presupuesto comunitario. Algunos dicen que multiplicar por 15 la inversión es demasiado optimista. Otros ponen énfasis en el tipo de proyectos que serán escogidos y en la transparencia (o la falta de ésta) durante el proceso de elección de los mismos. La planificación también ha sido nula: un alud de propuestas inconexas desde los diferentes Estados miembros, y mucha prisa en aprobar el EFSIS de cara al próximo Junio.