El grupo de trabajo sobre aislamiento penitenciario, que desde hace varios meses lleva analizando dicho régimen de vida en el Parlament de Catalunya, encara su etapa final. En las próximas semanas los grupos parlamentarios han de presentar sus conclusiones sobre estos Departamentos Especiales de Régimen Cerrado. Estaba previsto que el grupo concluyera a principios de mayo con la intervención de Mauro Palma y Juan Méndez, dos expertos internacionales en tortura y derechos humanos. Ambos han avalado la tesis que las organizaciones convocantes de la campaña 21 horas hemos lanzado, donde pedimos que se prohíba cualquier uso del aislamiento penitenciario más allá de los 14 días que prevé como sanción de última ratio la normativa internacional en la materia.
Sin embargo, después de todas las comparecencias en el Parlament, varias diputadas exigieron que se aprobara la comparecencia del Director de Brians 1, Joan Carles Navarro. Es en esta prisión donde, más allá del problema estructural relativo al aislamiento penitenciario, existen indicios de que las cosas no están funcionando de manera adecuada.
El caso de Raquel puso en el foco de atención la realidad de una prisión que quienes trabajábamos desde hace años en la defensa de los derechos humanos de las personas presas ya conocíamos. Recuerdo una conversación que tuve hace 5 años con el director de Brians I en su despacho con motivo de una denuncia por malos tratos que interpuse. Como acostumbro a hacer, le comuniqué los indicios acerca de la situación con que contábamos así como que la denuncia sería interpuesta en cuestión de días para que, como responsable la prisión, pudiera investigar en profundidad lo acontecido y para que, de manera cautelar, pudiera tomar medidas de protección para la persona presa en tanto que la situación no se resolviera. Puedo asegurar que la reacción (en la conversación, pero sobre todo con hechos) que un profesional que está al mando de una institución de privación de libertad o de un cuerpo policial tiene cuando le anuncias una situación como ésta, muestra de manera clara si existe, o no, un compromiso para evitar las vulneraciones de derechos humanos.
Su respuesta fue decir que era imposible que lo que le estábamos exponiendo hubiera pasado en su prisión y llegó a insinuar que era toda una “casualidad” que el 90% de las denuncias de malos tratos y tortura que se habían interpuesto en el último año en dicha prisión hubieran sido interpuestas por el mismo abogado, dando a entender que eran manipulados por mí.
Ahora, cinco años después de esa conversación, ese mismo director de Brians I acude al Parlament a explicar su versión de los hechos. Lo hace después de que tanto entidades como dos internos pusieran de manifiesto que la situación del Departamento de Aislamiento de Brians 1 era preocupante. Su intervención se ha centrado en tres puntos. Por un lado, ha realizado un análisis de las patologías que los tres internos que habían denunciado hechos en el Parlament tenían. En segundo lugar, ha dado argumentos hipotéticos de por qué, en base a su experiencia, lo que manifestaron los internos no podía haber pasado en prisión. Y en tercer lugar, ha recuperado viejos argumentos.
Tras mostrar un gráfico con el número de quejas de situaciones de malos tratos presentadas en los últimos años ha señalado que éstas habían subido “casualmente” en el momento que una abogada de Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos comenzó a realizar visitas en los centros penitenciarios y que el Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universitat de Barcelona también comenzó a visitar. Ha acusado a la abogada de llevar a cabo una grave conducta, instando a que se presentaran denuncias en algo que ha calificado de “mecanismo”.
Esto, para luego, tras la dura recriminación de varias diputadas, alegar que en realidad sólo había hecho visitas sin ser la abogada “oficial” del interno (debido a que no tenemos normalizada la entrada en las prisiones catalanas). De nuevo ha dado a entender que se inducía a presentar las denuncias fueran ciertas o no. Y eso, es muy grave.
En su comparecencia no ha explicado qué mecanismos utiliza para abordar una situación de malos tratos cuando recibe una queja o una denuncia; ni ha dado ni una sola explicación de la actuación que llevaron a cabo en los meses previos al suicidio de Raquel; ni ha explicado que todas las personas que tenían un cargo en dicho régimen de aislamiento tras el suicidio fueron trasladadas; ni cómo es posible que desde su suicidio se hayan producido dos más en aislamiento y otro más en enfermería hace apenas 15 días. La comparecencia ha sido realmente preocupante ya que no se ha realizado, como tampoco se hizo hace 5 años, ni un solo ápice de autocrítica real y de propuestas reales de control efectivo del respeto de los derechos humanos.
En un momento en que algunas organizaciones y algunos responsables políticos y de cuerpos de seguridad en Catalunya estamos haciendo un esfuerzo por estrechar vínculos para generar mecanismos útiles para la protección de los derechos humanos, como la propia Dirección General de Servicios Penitenciarios, una intervención como la que ha realizado el director del centro penitenciario de Brians I es aún más preocupante.
A pesar de que se nos intente criminalizar, seguiremos trabajando por la normalización de nuestro trabajo, ya que es intolerable que no tengamos un estatus específico de entrada a los Centros Penitenciarios, a diferencia, por cierto, de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), a los cuales logramos poder entrar a pesar de los obstáculos que el Ministerio de Interior puso en su momento. Y todo ello con el afán de contribuir a la protección de los derechos humanos desde el máximo respeto y rigor, pero también desde la máxima contundencia cuando sea necesario.
Hoy era uno de esos días en los que debíamos ser contundentes, ya que nuestra democracia no debe tolerar explicaciones como las que el Director de Brians 1 ha ofrecido en sede parlamentaria, ni como las que en privado hace 5 años me ofreció. Un director de un centro de privación de libertad ha de ser el máximo garante de los derechos de las personas presas. Por suerte, en el camino nos encontramos con profesionales que sí que lo hacen y con los que conseguimos trabajar desde la aceptación de la diferente posición del otro.
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