El Partido Popular ha iniciado un nuevo recorte de la Justicia Universal en España. El Ministerio de Justicia ha renunciado a cambiar la norma por un proyecto de ley y en esta legislatura ha usado la vía insólita de la proposición del PP en tramitación directa y en lectura única, eludiendo así los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado.
El texto del PP es tan restrictivo que limita la incautación de droga en alta mar, la lucha contra la ablación y la pederastia y obliga a archivar sumarios como el de la muerte de José Couso en Irak. La severa reducción del espacio de la Justicia Universal ha sorprendido negativamente a un importante sector de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, por el hecho de que España dejará de ser un país referente en la protección de los derechos humanos y en la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad. Además, el texto presentado por el PP abre espacios de impunidad que dificultan la investigación de graves delitos de crimen organizado transnacional como el narcotráfico. También dejará sin protección a víctimas de delitos como la trata de blancas o la mutilación genital.
Algunos jueces de instrucción meditan la posibilidad de plantear cuestiones de constitucionalidad a medida que se vayan viendo obligados a archivar las causas de Justicia Universal que tienen abiertas, ya que entienden que podría darse un incumplimiento de los convenios internacionales firmados por España, tal y como recuerdan la Asociación pro Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
En el año 2009 ya denuncié desde el Senado las decisiones del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno del PSOE, Miguel Ángel Moratinos, y éste me lo dejó bien claro. En respuesta a mi pregunta parlamentaria sobre la posición del Gobierno ante el clarificador ‘Informe Goldstone’ de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que acusaba a Israel de cometer crímenes de guerra en Gaza en la operación denominada ‘Plomo Fundido’, Moratinos afirmó: “Las guerras, la violencia y la sangre derramada no se arregla mirando al pasado… No hay que juzgar sino actuar, mediar y retomar las negociaciones”.
El PP ha reconocido reiteradamente que son las razones de Estado para “solventar la problemática que afecta a nuestras relaciones internacionales, generando a veces conflictos diplomáticos” las que llevan a esta propuesta. Presiones ejercidas hoy por China y en su día por países como Estados Unidos o Israel. Eso conecta con la mentalidad conservadora del PP que quiere cortar de raíz cualquier desmán democratizador y progresista en la interpretación del ordenamiento jurídico vigente y “poner coto a determinados juececitos de la Audiencia Nacional que se dedicaban a hacer lo que no debían”.
Está claro que una de las tareas de la diplomacia internacional es la mediación en los conflictos para encontrar soluciones satisfactorias a las partes enfrentadas, especialmente en los casos en que existen víctimas inocentes. Pero no es menos cierto que es tarea del poder judicial -en sus versiones nacionales o internacionales- y de diversos organismos internacionales de garantía de derechos y libertades, juzgar y evaluar que las acciones que se realizan en el marco de conflictos o en tiempo de paz por parte de Estados u organismos que ostentan poder real sobre los ciudadanos, se desarrollan con pleno respeto a normas de convivencia básicas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención de Ginebra.
Existe la necesidad de una Justicia Universal que no conozca fronteras, lenguas, credos o justificaciones de ningún tipo. El respeto absoluto a la dignidad humana es un principio universal que no puede ni debe conocer excepciones, ya que los crímenes de los que hablamos son de tal atrocidad que no puede haber limitaciones a su persecución y condena. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada, entre otros.
Por desgracia, en este mundo globalizado las políticas conservadoras del neoliberalismo siguen siendo, pese a la crisis que han originado, las que controlan el pensamiento dominante y los resortes políticos, económicos y culturales para su reproducción. Las formas jurídicas en las que se asienta el poder se han reforzado (el Derecho Comercial Global, las normas y contratos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales, los organismos internacionales de expansión y asentamiento del capitalismo como el FMI, BM, OMC, OCDE, los códigos ad hoc y la Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial superadores de las legislaciones nacionales e internacionales, etc.), así como los aparatos policiales y militares que velan por su cumplimiento.
En cambio, los resortes legales que protegen los Derechos Humanos (entendidos no sólo como derechos civiles, sino también como derechos económicos y sociales) han pasado a ser considerados por ese poder como meras recomendaciones que en ningún caso (o en casos excepcionales que afectan a países y situaciones que el poder dominante decide juzgar) comportan mecanismos ejecutivos para juzgar, condenar y hacer cumplir las condenas. Los intentos de la ONU de velar de forma ejecutiva por el cumplimiento de los tratados sobre DDHH en general se han estrellado contra el veto en el Consejo de Seguridad o con la burocratización de esas iniciativas, ya sea frente a Estados o frente a las corporaciones multinacionales.
Hoy día de forma impune, políticos y militares responsables de miles e incluso cientos de miles de muertes de civiles inocentes, descansan tranquilamente en sus casas ante la mirada impotente de sus víctimas torturadas o de los familiares de los muertos. En una doble vara de medir que provoca sonrojo, responsables económicos de tremendos desaguisados basados en políticas especulativas neoliberales, que han provocado miles de parados, destrucción de tejido productivo y que han costado al erario público miles de millones de euros, se pasean dando lecciones económicas o de moral, cobrando sus multimillonarias primas y ejecutando las cláusulas blindadas de sus contratos.
La justicia no es neutral, existe la justicia de los ‘fuertes’, para entender, perdonar o simplemente ignorar sus propios actos atroces y al mismo tiempo (y a veces en un mismo lugar), condenar los actos de los ‘débiles’ cuando estos intentan escapar de la explotación o simplemente juzgar los crímenes de sus verdugos.
Hoy es necesario construir y reconstruir las redes sociales y humanitarias, el valor de los Derechos Humanos y las formas jurídicas de su protección, para que una justicia de los ‘débiles’ mantenga la esperanza de poder llamar a la justicia por ese nombre.
Según los distintos convenios internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por el Estado español y ratificados por las Cortes, estamos obligados a investigar y juzgar a los presuntos perpetradores, con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen o la nacionalidad del autor o de la víctima, o aun cuando el delito o crimen no haya afectado en absoluto los intereses de España. La Constitución española, en el Artículo 96.1, consagra que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicado oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno.
Antes de los recortes en Justicia Universal por parte del PSOE y ahora del PP, disfrutábamos de un ordenamiento consecuente con el derecho internacional. Al igual que otros países como Alemania, Bélgica, Dinamarca u Holanda, hemos contribuido, con las causas abiertas en España, a frenar como mínimo la sensación de impunidad de la que disfrutaban algunos criminales. Se ha impulsado la apertura de procesos en los países donde se cometieron los crímenes, lográndose sentencias en otros tribunales del mundo, contribuyendo así a reconstruir la capacidad real del ordenamiento jurídico internacional sobre Derechos Humanos de ser cumplido y respetado.
Casos como el de Scilingo, Pinochet o la demanda por genocidio y otros delitos contra los gobiernos militares de Guatemala, han colocado a la Justicia española en un alto nivel de reconocimiento internacional y han devuelto la esperanza a las víctimas de países tan queridos como Chile, Argentina o Guatemala, que tanto han sufrido por la represión de los gobiernos fascistas. Al mismo tiempo, la doctrina que emanan las sentencias de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sobre estos casos no dejan lugar a dudas sobre el alcance absoluto de la jurisdicción universal y su carácter imperativo para los Estados.
La impunidad es la ausencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas, y la forma más sencilla de que los criminales vuelvan a actuar en conflictos vivos en la actualidad. Si los dirigentes políticos y militares del Estado de Israel se sienten impunes, ¿alguien cree que sentirán algún rubor en volver a recurrir a las bombas de fósforo blanco? Cualquier negociación será exitosa si ambas partes saben que no hay marcha atrás y que la violencia del pasado no puede volver a ser utilizada como forma de solucionar el conflicto, especialmente aquellos que disponen de los grandes aparatos militares.
Al limitar el PP y el PSOE la aplicación del principio de Justicia Universal hacen retroceder nuestro ordenamiento jurídico en este tema al de países de segunda división en garantías de cumplimiento de las normas internacionales de Derechos Humanos.
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