Proyecto Castor: la hipoteca del gas que la población nunca pidió



El pasado mes de octubre se cumplieron dos años del terremoto de 4,2 grados en la escala de Richter que hizo temblar los hogares de las poblaciones de Alcanar y Vinarós, muy cerca de la zona donde se emplaza el proyecto de almacenamiento geológico de gas Castor. Y justo ahora que estamos a punto de empezar a pagar la deuda asociada a este proyecto, es del todo pertinente que entendamos qué es en realidad el proyecto Castor, y qué hubiera sido si no se hubieran producido los terremotos.



Precisamente a partir de los mediáticos terremotos, el proyecto Castor empezó a hacerse conocido entre la opinión pública. Durando casi un año reinó la incertidumbre en el caso, y finalmente la promotora renunció a su concesión de explotación en el verano de 2014. El gobierno aprobó seguidamente, a principios de aquel mismo octubre, un RDL que aseguraba una indemnización a la empresa por su renuncia, a pesar de la sospecha de que hubiera habido negligencia. La concesión contemplaba esta posibilidad de compensación por renuncia (a pesar de poder existir la mencionada negligencia), gracias a la cláusula 14 del contrato. Poco se exploró de las ventanas abiertas que la segunda parte de esta cláusula recogía: “Sin perjuicio de otras responsabilidades”. El mismo Tribunal Supremo hizo énfasis sobre este aspecto en su sentencia sobre la cláusula. A pesar de apuntar a la no lesividad de ésta, concluía que según la magnitud de las responsabilidades el derecho a compensación podría incluso anularse.

Pocos saben que el gobierno podría no haber aceptado la renuncia.

Pocos saben que en aquel periodo las agencias de rating iban llenas de cábalas sobre si pasaría esto, o esto otro, en referencia al proyecto Castor. La mayoría lo acertaban: apuntaban a una aceptación de la renuncia por parte del gobierno y posterior ofrecimiento de alfombra roja para que ACS saliera del trato muy compensada. Está claro que hubiera sido mejor para el erario público (e incluso más lógico con el libre mercado y la libre competencia) que el contrato no incluyera una cláusula de estas características; pero incluso asumiendo que ya estaba (herencia del gobierno del PSOE), se podría haber intentado negociar un finiquito con motivo de estas «otras responsabilidades» (y el gobierno del PP no lo hizo).



Después de un 2015 en el que poco se ha hablado del tema, es interesante recordar que la indemnización que se le avanzó a ACS, a través de bancos como Caixa Bank, Bankia y Santander, estará en última instancia a cargo de toda la ciudadanía, que pagará por un proyecto que nunca ha entrado en funcionamiento y que presenta peligros para la población y el medio ambiente (como ya argumentaron el IGN y el IGME en estudios que relacionaron la inyección de gas con los terremotos). En breve Enagás, la nueva gestora de las instalaciones, empezará a cobrarnos la deuda asociada a la indemnización (en enero de 2016) a través de nuestras facturas de gas. 1350 millones de euros a 30 años y al 4,2% de interés, es decir, más de 4.700 millones de euros de “pelotazo” y de deuda ilegítima.



O visto de otro modo, una hipoteca -del gas- en toda regla. 30 años de facturas donde la parte regulada estará todavía más cargada (más peajes, más costes asociados a conceptos que no tienen que ver con el precio de la materia primera). Para poner un ejemplo, a pesar de que baje el precio del gas (parte no regulada de la factura) si no paramos de añadir conceptos a la parte regulada, la factura no bajará, y podría incluso incrementarse.



Y llegados a este punto podríamos preguntarnos, ¿qué hubiera pasado si no se hubiesen producido terremotos? ¿Qué hubiera pasado si la planta hubiera empezado su operación?



Este almacén de gas podría haber estado allá, bien poco utilizado, y nunca lo hubiéramos sabido. Sin los terremotos quizás tendríamos un almacén de gas en funcionamiento, pero igualmente planificado con la esperanza de la subida de la demanda del gas que no llegó nunca. La demanda de este año está bajando, pero las planificaciones no se han modificado. Una tendencia de “patada adelante” de la que incluso la Comisión Nacional de la Energía alertaba. Hacia el 2012 la CNE explicaba, en referencia al sistema gasista, como “se generan incentivos para los promotores para construir estas instalaciones cuando la retribución es suficientemente atractiva incluso aunque no sean necesarias por errores de planificación, y por otro lado, se trasladan a la Administración, y por consiguiente al consumidor final, los riesgos derivados de la incertidumbre en la evolución de la demanda de gas”.



En resumen: a los peajes de la parte regulada también hubiera entrado un Castor en bajo rendimiento; igual que se nos cobra la moratoria nuclear, igual que se nos cobran las centrales de ciclo combinado que están criando malvas. Igual que también hay otros Castors sin terremotos y sin la cláusula 14, pero donde a través de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, también se acaba apelando a las arcas públicas (como con el túnel de Le Pertus que tiene que conectar el AVE Barcelona-París, precisamente también concesión de ACS).



¿Pero quién impulsa este tipo de planes y de esquemas de financiación para las infraestructuras? ¿Qué es lo que relaciona estas deudas a la ciudadanía?



Como decía la CNE el 2012, lo que importa a los promotores es que la retribución sea suficientemente atractiva. Y es a partir de esto que se mercadea con nuestras deudas energéticas, igual que se hizo en su momento con las deudas hipotecarias. Nuestros futuros pagos de las facturas de gas aseguran el negocio del gas. Con estas deudas se han hecho paquetes y éstos se han vendido a los mercados financieros. Se ha hecho en el caso del proyecto Castor, y se quiere seguir haciendo como tónica a la alza en los proyectos de infraestructuras del futuro en el Estado español y en la UE, impulsados por entes como la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones, que también participó en la refinanciación de la deuda del proyecto Castor.



La clase política, la banca y el oligopolio energético (véase también el ir y venir de sillas entre los tres sectores) parecen haber llegado a un consenso, sobre una misma hoja de ruta con un mismo modelo: grandes megaproyectos, gran participación de la esfera financiera, y objetivos grandilocuentes de crecimiento, desarrollo y puestos de trabajo. Pero cuando se pretende trasladar esto en aquello más concreto, en la economía de las personas de la calle, lo que sucede es que los precios de las facturas suben, que las infraestructuras se imponen a cualquier precio ante el territorio y la ciudadanía.



Ahora nos puede convenir recordar que durante la época del ladrillo todo un sector se aventuró a ver si se podía sacar beneficio de algo tanto esencial como la vivienda. Algunas empresas cayeron por el camino, pero las grandes sin duda se reinventaron. En el sector de las infraestructuras, donde algunas de ellas están presentes hoy, y mientras seguimos profundizando en un esquema público-privado (conciertos, concesiones, retribuciones por décadas), estaremos dejando ir unos sectores también claves para la vida de las personas (energía, transporte, e incluso la sanidad y la educación), dejando que se especule. La burbuja del ladrillo se rescató con dinero público. Esta vez en cambio, estas grandes empresas ya han pedido la garantía pública desde el inicio (nuestros futuros pagos de facturas, peajes, cuotas...) para asegurar el negocio. Sino no hubieran entrado a jugar en el partido desde un principio.



Se nos explica muy poco sobre los grandes proyectos de infraestructuras a la ciudadanía, o sobre el que cuesta realmente la energía, igual que en su día se explicaba muy poco de la letra pequeña de las hipotecas. Quedaba recogida en la copia que se llevaba la familia en cuestión, pero recibía muy poca atención. Con los megaproyectos, la población no es ni siquiera parte contratante, pero a buen seguro que indirectamente hace de garante. Hará falta entonces que desgranemos el trinomio Estado-empresa promotora-bancos, y hagamos más preguntas. Hará falta que tomemos parte en la planificación y la gestión, que decidimos a qué necesidades queremos que respondan estas infraestructuras. Para que no nos cuelen más hipotecas que no hemos pedido, y para que no tengamos que pagar éste, ni otros proyectos Castor.

El pasado mes de octubre se cumplieron dos años del terremoto de 4,2 grados en la escala de Richter que hizo temblar los hogares de las poblaciones de Alcanar y Vinarós, muy cerca de la zona donde se emplaza el proyecto de almacenamiento geológico de gas Castor. Y justo ahora que estamos a punto de empezar a pagar la deuda asociada a este proyecto, es del todo pertinente que entendamos qué es en realidad el proyecto Castor, y qué hubiera sido si no se hubieran producido los terremotos.



Precisamente a partir de los mediáticos terremotos, el proyecto Castor empezó a hacerse conocido entre la opinión pública. Durando casi un año reinó la incertidumbre en el caso, y finalmente la promotora renunció a su concesión de explotación en el verano de 2014. El gobierno aprobó seguidamente, a principios de aquel mismo octubre, un RDL que aseguraba una indemnización a la empresa por su renuncia, a pesar de la sospecha de que hubiera habido negligencia. La concesión contemplaba esta posibilidad de compensación por renuncia (a pesar de poder existir la mencionada negligencia), gracias a la cláusula 14 del contrato. Poco se exploró de las ventanas abiertas que la segunda parte de esta cláusula recogía: “Sin perjuicio de otras responsabilidades”. El mismo Tribunal Supremo hizo énfasis sobre este aspecto en su sentencia sobre la cláusula. A pesar de apuntar a la no lesividad de ésta, concluía que según la magnitud de las responsabilidades el derecho a compensación podría incluso anularse.

Pocos saben que el gobierno podría no haber aceptado la renuncia.