¿Reformar la ley para saltarnos las garantías ante la ocupación?

Alquilar una vivienda en Barcelona y en muchas ciudades y pueblos de Catalunya está camino de convertirse en un bien de lujo debido a la desregulación del mercado del alquiler. Junts Pel Sí rechazó caminar hacia dicha regulación evitando que se emplearan todas las herramientas políticas y legales para hacer que el acceso a la vivienda sea accesible para las personas y familias que trabajan. No hablemos ya de los obstáculos insalvables que una capa importante de la población que vive en situación de pobreza tiene para poder vivir en una vivienda, por humilde que ésta sea.

Por otro lado hay personas físicas, no solo jurídicas (las cuales no podrían acogerse al procedimiento excepcional que plantea el Partido Demócrata), que tienen 5, 10 o incluso 40 viviendas. Muchas de las mismas, ante la desregulación del mercado del alquiler y la falta de control a los apartamentos turísticos están continuamente aumentando sus ingresos de manera muy poco ética en la mayor parte de los casos. Hay barrios de Barcelona donde es casi imposible vivir alquilando debido a que la mayor parte del parque de alquiler se destina a los apartamentos turísticos y los que se destinan a uso de vivienda habitual, debido a la falta de oferta y la alta demanda, se encuentran a precios desorbitados.

Estamos de nuevo ante un nuevo ataque a los derechos de la población que se está realizando gracias a la combinación de inacción política planificada y al turismo sin límites. ¿Qué medidas reales está tomando el gobierno de la Generalitat para evitar que esto esté pasando? ¿Qué medidas está impulsando el Partido Demócrata (PDECat) en el Congreso para evitar un problema que enfada y daña cada vez más a la ciudadanía?

Sin embargo, el PDECat ha decidido que la prioridad debe ser hacer una nueva reforma (la última fue hace un año) para agilizar los desahucios de personas que están viviendo en casas ocupadas. El problema de hacerlo es que es absolutamente hipócrita plantear que lo realizan para proteger a las personas. Antes de analizar qué supone a efectos prácticos dicha reforma, es necesario preguntarse qué es un pequeño propietario. ¿Quién tiene dos casas? ¿Quién tiene 10? ¿Quién tiene 30? La mayor parte de la sociedad no tiene ni dos ni tres casas. Si de verdad estuvieran preocupados por no protegerse a sí mismos y a sus similares, estoy seguro que impulsarían medidas bien diferentes, que con un poco de voluntad política lograrían que la gente no durmiera en la calle o para que la gente pudiera pagarse una vivienda sin dejarse en muchas ocasiones hasta el 50 % o más de sus ingresos.

Respecto a la reforma que propone el PDECat, nos preocupa a entidades y defensores de derechos por varios aspectos. En la actualidad, el procedimiento civil para realizar el lanzamiento de personas que están viviendo sin título en una propiedad es ágil y rápido. Más aún tras una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se produjo en Octubre del 2015.

El problema de la propuesta del PDECat es que pretende dejar sin garantías a las personas que viven en espacios en los que a priori no tienen título alguno para hacerlo. Digo a priori porque la propuesta que han presentado parece obviar que en ocasiones existen acuerdos verbales que no se pueden demostrar sin un juicio (también son casos reales) o que quizá hay irregularidades formales en la demanda que hacen que la misma deba ser inadmitida tras la contestación de la otra parte. ¿Por qué lo obvia? Porque pretenden que tras la interposición de la demanda y de acreditar que es su propiedad (sin que sea sometido a contradicción por la otra parte) el juez decrete el desalojo a la vez que le da traslado de la demanda a la otra parte antes de la contestación a la demanda y del juicio. Es decir, la propuesta anula las garantías y el derecho de defensa de las personas que viven sin tener un título escrito para hacerlo.

El Partido Demócrata presenta la situación como si existiera una desprotección para los pequeños propietarios. Desprotección que no existe, ya que existen los canales adecuados para que se recupere la posesión de la vivienda. Así pasa continuamente. El problema es anular la capacidad de defensa del más débil, de quien no tiene dinero para pagar un alquiler.

Los supuestos que presenta el PDECat para justificar su legislación son absolutamente minoritarios. Es mucho más habitual que se realicen ocupaciones de viviendas de grandes tenedores que de personas que tienen una, dos o tres viviendas.

Son tiempos de violencia inmobiliaria, donde fondos de inversión, empresas y personas están de nuevo disfrutando en el juego de la burbuja inmobiliaria. Pero el problema es la ocupación. Y si hace falta, pues generamos un procedimiento excepcional que deja los principios del derecho civil al margen. La Proposición de Ley presentada, además, no pone un límite a las viviendas que ha de tener una persona para poderse acoger a dicho procedimiento “excepcional”.

Sin embargo, también son tiempos de resistencia y de desobediencia civil. Y la ocupación siempre ha sido un mecanismo que han utilizado las personas excluidas para subsistir y poder tener una vivienda (aunque sea precaria) así como un mecanismo para visibilizar una situación injusta. Así empezó la ocupación y la okupación. Y en la situación actual cobra aún más sentido si cabe. Más allá de la problemática general, lo importante es no forzar la ley para dejarla al margen de sus principios inspiradores como pretende el Partido Demócrata y dejar sin garantías y sin derechos a quien menos tiene. En otras ocasiones lo de forzar la ley se les acabó volviendo en contra. Y si no, que le pregunten a Felip Puig.

Alquilar una vivienda en Barcelona y en muchas ciudades y pueblos de Catalunya está camino de convertirse en un bien de lujo debido a la desregulación del mercado del alquiler. Junts Pel Sí rechazó caminar hacia dicha regulación evitando que se emplearan todas las herramientas políticas y legales para hacer que el acceso a la vivienda sea accesible para las personas y familias que trabajan. No hablemos ya de los obstáculos insalvables que una capa importante de la población que vive en situación de pobreza tiene para poder vivir en una vivienda, por humilde que ésta sea.

Por otro lado hay personas físicas, no solo jurídicas (las cuales no podrían acogerse al procedimiento excepcional que plantea el Partido Demócrata), que tienen 5, 10 o incluso 40 viviendas. Muchas de las mismas, ante la desregulación del mercado del alquiler y la falta de control a los apartamentos turísticos están continuamente aumentando sus ingresos de manera muy poco ética en la mayor parte de los casos. Hay barrios de Barcelona donde es casi imposible vivir alquilando debido a que la mayor parte del parque de alquiler se destina a los apartamentos turísticos y los que se destinan a uso de vivienda habitual, debido a la falta de oferta y la alta demanda, se encuentran a precios desorbitados.