A una semana de la Diada del 11 de septiembre todo apunta a que la Vía Catalana organizada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) va a ser un gran éxito. El alto nivel de participación con el que previsiblemente contará, su repercusión mediática en los últimos meses, así como su capacidad aglutinadora de buena parte de las voces soberanistas del territorio, constituyen un claro síntoma del avance cuantitativo y cualitativo de las posiciones tanto por el derecho democrático a decidir el futuro de Cataluña como de una apuesta explícita por la independencia. Parafraseando a Heidi Hartmann, la unión entre España y Cataluña ha sido como el matrimonio entre hombre y mujer defendido tradicionalmente por las cavernas político-religiosas: España y Cataluña son una, y esa una es España. Hasta hace poco el dilema radicaba en conseguir un matrimonio más saludable o bien empezar a preparar los papeles del divorcio. Y la primera opción pierde fuerza a ambas orillas del Ebro.
Desde su nacimiento en abril de 2011, la ANC ha sido fundamental para el arraigo del sentimiento independentista en la sociedad catalana, así como para darle visibilidad. No ha resultado menos decisivo, por otra parte, el autismo reaccionario proveniente del gobierno estatal, desde la gestión del Estatut por parte del gobierno del PSOE hasta las no por numerosas menos insólitas agresiones por parte del gobierno del Partido Popular, como la declaración de intenciones de españolizar a los y a las niñas catalanas. Frente a estos ataques, las posturas federalistas defendidas desde Cataluña quedan cada vez más desvirtuadas. Como decía alguien hace poco, para jugar al tenis debe haber alguien al otro lado de la red. Sino únicamente estamos lanzando pelotas arriba. Y seguramente también afuera.
No podemos olvidar, sin embargo, que las movilizaciones y expresiones soberanistas no han sido la única voz en la calle durante los últimos años y, particularmente, desde que estalló la crisis económica. Desde el año 2008 hemos asistido a docenas de manifestaciones contra Expedientes de Regulación de Empleo, un masivo y espectacular movimiento 15-M expresando que “no somos mercancías en manos de políticos y banqueros”, ocupaciones de CAP, hospitales, consultorios, escuelas y universidades contra las políticas de austeridad de los gobiernos de Madrid y de la Generalitat; tres huelgas generales contra los recortes a las pensiones y las reformas laborales y decenas de huelgas sectoriales o localizadas, incontables actos de desobediencia ciudadana para detener desahucios, crecientes denuncias feministas contra las políticas misóginas de la derecha catalana y española y, entre muchas otras, la propuesta de una auditoría ciudadana para impedir el pago de la deuda ilegítima y odiosa.
El más que seguro éxito de la Vía Catalana será un indicio irrefutable de la evolución de la sensibilidad política nacional de una parte importante de los y las catalanas, pero un análisis riguroso del momento que estamos viviendo no puede ignorar el aumento y profundización de las críticas contra las políticas de austeridad y los recortes, así como de la desconfianza ciudadana hacia la clase política que nos ha conducido a esta crisis y pretende hacernosla pagar. Las masivas movilizaciones a favor de la independencia de Cataluña o por el derecho a decidir no deben borrar las asambleas multitudinarias en las plazas del conjunto del país que han exigido una sociedad más justa o un sistema político verdaderamente participativo y transparente, sino que constituyen otra canalización del creciente malestar social hacia el régimen de la Transición, la especulación, la corrupción, la impunidad, la desmemoria, el empobrecimiento de la mayoría y los privilegios de unos pocos.
Vivimos un momento excepcional, tanto en la vertiente nacional como en la social. Y, mientras resulta imprescindible abandonar soliloquios estériles y empezar a hacer camino en lo nacional, es igualmente fundamental aprovechar la oportunidad histórica que se nos abre para hablar del derecho a decidir en todas sus dimensiones. El matrimonio entre España y Cataluña hace tiempo que se encuentra en crisis, sí, y lo más deseable en estos momento es un divorcio exprés, sí, pero la DEMOCRACIA en mayúsculas agoniza, y la miseria y sufrimiento generados por la crisis y su gestión por parte de TODOS los gobiernos son cada vez más injustos e insostenibles. Ante esto, como diría Arcadi Oliveres, no basta con que pasen de “engañarnos” y “escañarnos” a hacerlo con ny y guión [como se escribiría en catalán]. Podemos y debemos aspirar a mucho más.
Es este el sentido y la razón de ser de la acción Encerclem La Caixa (Rodeemos La Caixa) convocado por el Procés Constituent, y no -como algunas voces han defendido- hacer competencia desleal a la Vía Catalana o restarle protagonismo. Es imposible prever cuál será el destino del camino que estamos recorriendo, pero rodear La Caixa añade a la necesidad de poder decidir como pueblo, la urgencia de poder hacerlo también como ciudadanía: sobre cómo se distribuyen los recursos públicos, sobre la calidad de nuestras escuelas, sobre la atención a las personas enfermas, sobre el derecho a la vivienda, sobre el pago de la deuda, sobre nuestros cuerpos... ¡sobre todas las esferas de nuestras vidas! Y esto no resta centralidad al movimiento por la independencia sino que busca llenarlo de contenido democrático.
Como cualquier acontecimiento histórico, los procesos soberanistas no son nunca socialmente neutros, y el Procés Constituent trabaja para que el nuestro se ponga al servicio de la mayoría. Decir que las reivindicaciones sociales dividen en un día tan significativo como el 11 de septiembre; decir que en la Diada no toca hablar de derechos sociales, o sea que ya pondremos el poder financiero en su lugar cuando tengamos un Estado propio, no sólo es una falacia sino que además resulta profundamente peligroso. Madrid nos roba, y sin duda hace mucho tiempo que el gobierno español nos falta el respeto, pero no es menos cierto que también lo hacen Artur Mas y sus compadres privatizando hospitales, cerrando centros de salud, aumentando las tasas universitarias, criminalizando los movimientos sociales, convirtiendo nuestras ciudades en parques temáticos, promoviendo la impunidad de la violencia policial y la corrupción política, votando con el PP a favor de la constitucionalización de la austeridad, priorizando los pagos a la banca por encima de los de las entidades sociales y, entre otras muchas hazañas, bautizando calles con nombres de personajes franquistas, como se plantea hacer en Barcelona con Samaranch. Yo quiero una República Catalana, pero no quiero la que me ofrecen ellos ni la quiero gobernada por sus intereses.
La independencia de Cataluña no puede ser parcial ni a cualquier precio. Es un destino en sí misma pero sobre todo debe constituir el camino hacia una sociedad más justa; ha cer servir para sacar la democracia del coma y repensarlo todo, repensarnos a todos, de nuevo. Uno de los grandes valores de la Vía Catalana es que está organizada, encabezada y protagonizada por la sociedad civil, y merece todo el apoyo. El cerco de La Caixa es a su vez una apuesta para que la independencia sea la del 99%, para que el inevitable divorcio nos lleve una mejor vida y para que la sustitución de la ñ no sea meramente folklórica ni conduzca a cambiarlo todo para que, en el fondo, todo siga igual. Los y las que no están de acuerdo es o porque todavía no lo han entendido o porque ya les interesa que sea así. En cuanto a los primeros, tendremos que hablar más claro, hacernos comprender y seguir construyendo puentes. En cuanto a los segundos, no tengo ninguna duda: tenemos que seguir señalándolos, hablar más alto que nunca y seguir empujando muy fuerte.
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