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La presente legislatura empezó el 23 de enero de 2013 en el Parlament de Catalunya con la fuerza que daba que el 63% de los diputados y diputadas reconociéramos Catalunya como un sujeto político con la capacidad de decidir su futuro. Desgraciadamente, y sólo por los intereses electoralistas y partidistas de Artur Mas y CDC, el derecho a decidir termina la legislatura dividido y confrontado entre sí.
La gran fuerza del derecho a decidir es que gente que no es independentista, como es mi caso, apoye que la ciudadanía pueda decidir el futuro, desde la radicalidad democrática. La gran irresponsabilidad de Artur Mas en el final de esta legislatura ha sido la de hacer confrontar y percibir como adversarios aquellos que defendemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos desde sensibilidades o enfoques diferentes. Y todo debido a una estrategia marcadamente electoral. Esta confrontación sólo hará que la situación entre en un callejón sin salida o que termine ganando el inmovilismo bipartidista del PP y del PSOE.
Entender las elecciones del 27S como plebiscito sobre la independencia debilita la fuerza del derecho a decidir porque lo divide. Además, no podemos aceptar subterfugios ni sucedáneos que sustituyan un referéndum. La consulta no está amortizada porque no se quiso hacer el 9N en el formato en que estaba pactado. Así pues, las elecciones del 27S deben ser constituyentes. Porque hay que cerrar una etapa, la autonómica, y abrir una nueva que defienda la plena soberanía de Catalunya, pero no una soberanía sometida a las imposiciones de la Troika o del TTIP que defiende CDC, sino la plena soberanía nacional, social y democrática. Evidentemente, es necesario que este proceso constituyente no esté subordinado a ningún otro proceso de este tipo, que ojalá se pueda llevar a cabo también en España y en el conjunto de Europa.
¿Cuál es la diferencia? El plebiscito que plantea Mas, aparte de ser una trampa porque él nunca defenderá la soberanía de las clases populares en aspectos sociales o democráticos, hace que las listas que se presentarán a las elecciones se elijan en nombre de la ciudadanía, cuando el derecho a la autodeterminación lo deben ejercer directamente, y no por delegación, los y las catalanas. Por lo tanto, hay que iniciar un proceso constituyente que no prefigure el resultado final de la relación que Catalunya acabe teniendo con el resto del Estado, sino que permita hacer un referéndum que sea vinculante.
Además, con la aritmética parlamentaria en la mano, sería más inteligente optar por la opción del proceso constituyente. Según las últimas encuestas, la independencia a través de unas elecciones sumaría el 46% de los votos, mientras que el apoyo a un inicio constituyente tendría el aval del 63% del Parlamento y, encima, acabaría con la celebración de un referéndum vinculante. ¿Por qué tenemos que dividir el derecho a decidir para declarar una hipotética independencia con el 46% de los votos, que no se podrá hacer ni tendrá el reconocimiento de nadie, y no optamos por abrir un proceso constituyente para decidirlo todo que contaría con el 63% de los apoyos parlamentarios?
Está claro: si esto no se hace, es porque en CDC sólo interesa una independencia formal, asfixiada por el TTIP y por la Troika y no la soberanía plena en los ámbitos nacional, social y democrático. Y porque ERC ha avalado esta tesis con la aceptación de la lista “Junts pel Sí a Mas” que no nos sacará del actual callejón sin salida. La alternativa, pues, es de esperar que gane la confluencia de “Catalunya sí que es pot”, que apuesta por una hoja de ruta constituyente que implique la realización de un referéndum para decidir qué relación queremos mantener con el Estado, un proceso de definición de un nuevo marco jurídico e institucional de Catalunya, y la elaboración de una Constitución y su posterior ratificación.
La presente legislatura empezó el 23 de enero de 2013 en el Parlament de Catalunya con la fuerza que daba que el 63% de los diputados y diputadas reconociéramos Catalunya como un sujeto político con la capacidad de decidir su futuro. Desgraciadamente, y sólo por los intereses electoralistas y partidistas de Artur Mas y CDC, el derecho a decidir termina la legislatura dividido y confrontado entre sí.
La gran fuerza del derecho a decidir es que gente que no es independentista, como es mi caso, apoye que la ciudadanía pueda decidir el futuro, desde la radicalidad democrática. La gran irresponsabilidad de Artur Mas en el final de esta legislatura ha sido la de hacer confrontar y percibir como adversarios aquellos que defendemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos desde sensibilidades o enfoques diferentes. Y todo debido a una estrategia marcadamente electoral. Esta confrontación sólo hará que la situación entre en un callejón sin salida o que termine ganando el inmovilismo bipartidista del PP y del PSOE.