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Es bien cierta la expresión que reza que “nada es verdad o mentira, todo depende del color del cristal con que se mira”. Lo podemos constatar en mil hechos y realidades. Desde el “expolio” español en Cataluña hasta la calidad de Mourinho como entrenador y persona.
En este caso, querría referirme a las subvenciones a los medios de comunicación que reparten las administraciones públicas. ¿Son legítimas o se convierten en un delito de compra de voluntades halagadoras? En Mallorca, no hace tanto, una juez condenó a un periodista por escribir, en su medio de comunicación, al dictado de la administración pública que le subvencionaba.
¿Pasa lo mismo en Cataluña?
Se han publicado las cantidades que el Gobierno catalán ha regalado a los medios y grupos de comunicación que informan de su gestión cotidiana. ¿Es libre el grupo Godó de ejercer la crítica periodística a un Ejecutivo que le regaló 1,45 millones de euros el año pasado?. ¿Es normal que la editora de El Punt-Avui y El Nou Esportiu reciba un premio de casi un millón tres-cientos mil euros por el mero hecho de existir? ¿Puede calificarse de “independiente” un periódico como Ara, después de ingresar 650.000 euros del Gobierno?
Si hay algún departamento que vele por la libre competencia en Cataluña, España o Europa, no está haciendo los deberes en el ámbito de los medios de comunicación catalanes. En estas condiciones, la existencia de la libertad de expresión en Catalunya es papel mojado. Quizás, incluso, delito.
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