Decíamos desde la CUP–Crida Constituent en el pasado debate de política general en el Parlament que quien tiene más tiene que pagar más y que este principio básico de cualquier sociedad que se quiera considerar justa no es plenamente vigente hoy en Catalunya. Lo sabemos, sobre todo porque nos falta más progresividad en los impuestos directos y porque hay demasiado fraude y elusión fiscal gracias a la ingeniería tributaria de aquellos que pueden poner medios y cerebros a buscar fórmulas para pagar menos.
Este mes la revista Forbes vuelve a publicar una lista de grandes ricos y en Catalunya ha colocado a 27 –la comunidad autónoma del Estado que más nominados acumula en esta categoría– con un patrimonio total de 34.100 millones de euros, una cifra prácticamente equivalente al total del presupuesto de la Generalitat de Catalunya para el 2017 que se calcula en unos 37.000 millones de euros. Es decir, que 27 familias tienen tanto poder económico como toda la red de salud, educativa, policial, judicial... catalana junta. Y nosotros pensamos que esta gente tiene que pagar más.
Lo cierto es que en el modelo tributario vigente y de la comparación de la naturaleza del IRPF, el impuesto de sociedades y el impuesto de patrimonio, resulta evidente que el patrimonio en manos de sociedades mercantiles se encuentra sin un gravamen en materia tributaria al mismo nivel que el patrimonio de las personas físicas. Además, el patrimonio de las sociedades mercantiles se encuentra afectado por los balances contables, fórmula que genera un importante velo en términos tributarios que esconde y disfraza buena parte de la imagen patrimonial de la sociedad.
Es por este motivo que las grandes fortunas familiares y personales presentes en nuestro país no tienen prácticamente nada a nombre propio y han sabido tejer una extensa telaraña de sociedades en las que han ido colocando el patrimonio en un contexto de tributación muy por debajo lo que afecta a las rentas pequeñas y medianas, centradas principalmente en rentas provenientes del trabajo y en un pequeño o nulo patrimonio inmobiliario.
Una buena y eficiente administración tributaria, con suficientes recursos y voluntad política podría hacer caer estos castillos de cartas, es cierto, y habrá que trabajar para que esto sea uno de los principales objetivos de la construcción republicana, pero mientras tanto tenemos que aumentar los recursos públicos para garantizar más políticas contra las desigualdades en este momento de fuerte crisis económica.
Por ello proponemos un impuesto sobre concentración de la riqueza y grandes fortunas para la redistribución de recursos, la cohesión social y la economía productiva como primer paso hacia un modelo tributario mucho más progresivo, simplificado y transparente que queremos desarrollar.
Podemos imaginarlo como el impuesto implantado por Bildu en Guipuzkoa mientras estuvo en la Diputación –y que en 2015 el pacto PNV-PSE desdibujó totalmente–, pero supondría entrar a legislar en el espacio competencial del impuesto de patrimonio. Es una posibilidad pero ya sabemos que nos colocaría una suspensión del Tribunal Constitucional, con sesgo de clase más que conocido, en un horizonte muy cercano.
Otra vía sería construir un impuesto nuevo que se centre precisamente en los bienes que se han colocado en manos societarias precisamente para escapar del impuesto de patrimonio y del impuesto de la renta. Estaríamos pensando en inmuebles, vehículos y líquidos bancarios que se encuentran bajo titularidad de una empresa pero que no sirven ni para aproximarse a ningún planteamiento de economía productiva. También en los bienes de lujo como los coches de alta cilindrada, las embarcaciones de ocio y los inmuebles de valor superior al millón de euros, todos ellos hoy en manos de participaciones sociales.
Es complejo, somos conscientes, pero la perspectiva debe ser centrar la mirada en aquellos elementos objetivos que exteriorizan la riqueza y que hoy, si no han quedado escondidos en el inmovilizado de un balance fiscal, tributan muy por debajo de lo que lo hacen los salarios de trabajadoras y trabajadores.
Habrá que pensar en bonificaciones del impuesto, incluso elevadas, para garantizar que protegemos todo lo que es patrimonio destinado a producir, generar trabajo y riqueza colectiva. Podemos plantearnos también una exención por debajo, (en Guipuzkoa era de 700.000 euros, en el estado francés es de un millón) una vez efectuada la imagen real del patrimonio familiar más allá de que esté en manos de una o de pluralidad de sociedades.
Podemos seguir pensando y perfilando todo lo que haga falta pero hay que trabajar en un impuesto que sirve una triple finalidad: que luche contra la concentración de la riqueza en pocas manos; que recaude más dinero precisamente en relación a conceptos que ahora están infragravados y que realice un inventario de riqueza que sirva para profundizar en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
Sabemos que lo primero que algunos pondrán sobre la mesa será el miedo. Será el miedo a que toda la riqueza abandone Catalunya de la noche a la mañana. Y nosotros les contestaremos que la experiencia en Guipuzkoa demostró que sólo se fueron un 0,62% de las riquezas obligadas a declarar (y no se sabe aún si fue precisamente por la introducción del impuesto). Es el mismo miedo de siempre, el miedo del cambio, el mismo miedo que la CEOE, la banca y la jerarquía católica esgrimían el 27-S para pedir votos contra la independencia, el mismo miedo que intentó inculcar durante tantos años el régimen fascista ... el discurso del miedo.
El pasado mes de septiembre murió Edward Albee, el autor de la mítica obra ¿Quién teme a Virginia Woolf? un texto en que mediante las discusiones en el límite de una pareja en una cena se hacen evidentes las importantes hipocresías de nuestra sociedad y, según como lo leemos, lo interesante debate sobre el poder. Hipocresía y poder, dos cuestiones que quizás no están tan lejos del debate de la fiscalidad. El lunes Marta Pascal quería matar el debate aduciendo que nos hacen falta unos presupuestos “sin ideología”. Realmente el debate de la fiscalidad tiene mucho de hipocresía y de detentación del poder. Nosotros hemos venido a intentar tirar de la manta y si podemos, subvertir ello. ¿Quién tiene miedo de un impuesto de las grandes riquezas?
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