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El pasado viernes expiraba el plazo para que los grupos políticos presentasen enmiendas a la totalidad a la proposición de ley que regula la Renta Garantizada Ciudadana contenida en la iniciativa legislativa popular que se entregó en el Parlament, el pasado 20 de diciembre. 121.191 firmas rubrican esta propuesta, convirtiéndola en una de las iniciativas populares con mayor apoyo.
Finalmente, se ha ampliado unos días el plazo para entregar estas enmiendas totales, pero los impulsores de la ILP confían en que nadie acabe presentándolas. Eso facilitaría un debate más rico y rápido de una propuesta que, si se aplicase, sería un alivio enorme para centenares de miles de catalanes que viven actualmente en la pobreza y la angustia.
Esta renta representaría que cada persona tenga asegurado un ingreso mínimo de 664 euros al mes. Es decir que si no ingresa nada, el Gobierno de la Generalitat le dará 664 euros mensuales y si ingresa 500 euros por algún concepto, le dará los 164 euros que faltan para alcanzar ese mínimo.
Negarse a aprobar esta Renta es cerrar los ojos a una realidad que, según el Instituto Catalán de Estadística, representa que en Cataluña, 2.200.000 personas, casi el 30% de la población, vive por debajo del umbral de la pobreza, de las cuales unas 300.000 son niños, una cuarta parte de la población activa está en paro, 225.000 familias tienen a todos sus miembros desocupados y 550.000 catalanes no reciben ningún subsidio. Añadid que en 2012 hubo 72 desahucios diarios, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
Combinad estos datos con los del dinero que cobran determinados deportistas, artistas o dirigentes de grandes empresas y entidades financieras. O el que se ha dedicado a rescatar a los bancos. Y tenedlos a punto cuando os digan que no hay dinero suficiente para pagar esta Renta Garantizada Ciudadana.
Responded vosotros mismos a otra objeción: “¡Si a la gente le das 664 euros por no hacer nada, no trabajará nunca!”. Apunto una posible reflexión para zanjar el tema: La dignidad de una persona no pasa sólo por tener un puesto de trabajo sino porque se la respete. Trabajar por una retribución que te mantiene por debajo del umbral de la pobreza no contribuye a la dignidad de nadie. Demasiados empresarios quieren trabajadores dispuestos a aceptar unes condiciones laborales y salariales infames a cambio de obtener sueldos miserables. Nos hemos habituado a que nos digan que “si no aceptas este sueldo, fuera hay miles de personas dispuestas a trabajar por esa cantidad e incluso por menos”.
La Renta Garantizada Ciudadana de 664 euros permitiría que muchos empresarios se acostumbrasen a escuchar de sus empleados potenciales que “por esta cantidad, ni yo ni nadie trabajará para ti”.
Esta dignidad es posible. Y necesaria.
Está en manos de nuestros políticos hacerla realidad.
El pasado viernes expiraba el plazo para que los grupos políticos presentasen enmiendas a la totalidad a la proposición de ley que regula la Renta Garantizada Ciudadana contenida en la iniciativa legislativa popular que se entregó en el Parlament, el pasado 20 de diciembre. 121.191 firmas rubrican esta propuesta, convirtiéndola en una de las iniciativas populares con mayor apoyo.
Finalmente, se ha ampliado unos días el plazo para entregar estas enmiendas totales, pero los impulsores de la ILP confían en que nadie acabe presentándolas. Eso facilitaría un debate más rico y rápido de una propuesta que, si se aplicase, sería un alivio enorme para centenares de miles de catalanes que viven actualmente en la pobreza y la angustia.