Los organizadores del Mobile World Congress (MWC) y los representantes de todas las administraciones públicas implicadas -Gobierno, Generalitat y Ayuntamientos de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat- han intentado transmitir una imagen de unidad este jueves tras la cancelación del evento el miércoles por la noche. Las versiones de lo ocurrido, sin embargo, mostraban una diferencia de criterios respecto a lo que ocurrió. Mientras desde la administración pública remarcaban que el congreso se podía celebrar perfectamente y que no había riesgo alguno relacionado con el coronavirus, los organizadores insistían en que no se pudo celebrar el evento por “fuerza mayor”.
En la concurrida rueda de prensa han participado John Hoffman, consejero delegado de GSMA; Mats Granryd, director general de GSMA; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el conseller de políticas digitales, Jordi Puigneró; la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera; el presidente del consejo de administración de Fira de Barcelona, Pau Relat y el director general del mismo ente, Constantí Serrallonga.
Tanto Colau como Cunillera y Puigneró han insistido en que no había ninguna razón sanitaria para suspender el evento. “La ciudad y el país no solo estaban preparados a nivel de movilidad y seguridad sino también ante la alarma del coronavirus”, ha señalado Colau. Cunillera ha recordado que a día de hoy no se ha detectado un solo caso de coronavirus en Barcelona, Catalunya y España e incluso ha asegurado que lo que ha acabado con el certamen ha sido una “epidemia de miedo”.
Desde GSMA, en cambio, se ha insistido varias veces en que la situación era de “fuerza mayor” y que no era posible celebrar el congreso de telefonía móvil más importante del mundo. “Nos hemos visto forzados a tomar esta decisión”, ha insistido Mats Granryd, director general de GSMA. “Era imposible para nosotros celebrar el congreso”.
Detrás de esta diferencia de criterios está la batalla legal que previsiblemente se abrirá ahora entre algunas empresas y GSMA para ver quién paga los costes de la cancelación. Los organizadores quieren que sean las aseguradoras las que carguen con el peso de estas indemnizaciones y por esto conviene dibujar la cancelación como algo que no se podía evitar.
Hoffman ha insistido en que la decisión de cancelar “no se tomó a la ligera” y que la organización se planteó aplazar o rebajar el evento, una posibilidad que finalmente se rechazó porque la situación es “imprevisible” y no se sabía hasta cuando iba a durar. “No se trata de dinero, se trata de salud”, ha remachado.
Tanto el consejero delegado como el director general de GSMA han esquivado las preguntas sobre quién pagará las indemnizaciones a las más de 2.000 empresas que no habían cancelado su asistencia al certamen.
Tampoco los representantes de la Fira han querido entrar en detalles sobre quién pagará las consecuencias de la anulación del evento. “Es muy temprano todavía”, ha respondido Pau Relat, presidente del consejo de administración de este ente públicoprivado. “Durante los próximos días nos pondremos a mirar todas las implicaciones de la decisión que se ha tomado”.
Tanto el director general como el consejero delegado de GSMA, la patronal de telefonía móvil que organiza el evento, han destacado la colaboración con las autoridades y se han emplazado para la edición del año que viene. “Hoy es un día oscuro, muy decepcionante, pero sabemos que el sol volverá a brillar”, ha señalado John Hoffman, consejero delegado de GSMA.
En menos de una semana, la celebración del MWC se desmoronó como un castillo de naipes. LG fue la primera empresa en cancelar el pasado jueves y se abrió la veda. Desde ese momento, cada día hubo nuevas empresas que anunciaban que rechazaban acudir el evento. Tras LG empezaron a sumarse empresas japonesas, surcoreanas y las principales operadoras norteamericanas.
Las principales compañías europeas resistieron el envite en un primer momento, pero durante el miércoles la renuncia de las grandes empresas del continente como Vodafone, Orange, Deutsche Telekom y British Telecom ejerció una presión demasiado fuerte a la organización para que cancelara finalmente el congreso.