La Plataforma de Afectados por la Hipoteca señala Bankia y BBVA como las entidades que más desahucian. El 57% de las personas afectadas contrataron su hipoteca entre 2005 y 2007. El 80% de las personas en proceso de ejecución hipotecaria tienen pendiente el pago de más del 60% de la hipoteca. Son algunos de los datos que se incluyen en el informe Emergencia habitacional en el Estado español que han presentado este martes la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESC.
Este estudio repasa las principales cuestiones relacionadas con el derecho a la vivienda e incluye los resultados de una exhaustiva encuesta a personas afectadas que permite apuntar su perfil sociológico así como datos sobre el comportamiento de las entidades bancarias.
Vanesa Valiño, directora del Observatorio DESC y coordinadora del informe, asegura que España se encuentra en una situación de emergencia habitacional, como hacen constar en el título del informe. “No solo es una situación injusta,sino que vulnera compromisos asumidos por los poderes públicos en materia de vivienda”, asegura.
Queja ante Naciones Unidas
Gerardo Pisarello, profesor de derecho constitucional de la UB y vicepresidente del Observatorio DESC, asegura que “la situación que están viviendo miles de familias no solo es inmoral sino que también se puede considerar ilegal”. Pisarello explica que diversos tratados internacionales ratificados por el Estado español le obligan a garantizar el derecho a la vivienda, proteger a la ciudadanía de prácticas abusivas y a no efectuar desalojos por razones económicas sin ofrecer una alternativa de vivienda.
Por considerar que esos tratados se violan sistemáticamente, las dos entidades autoras del informe, juntamente a otros colectivos, preparan una queja conjunta que presentarán ante el comité de derechos humanos de Naciones Unidas. “Se podría volver a producir una burbuja, porque lejos de cambiar las medidas que nos han traído a esta situación, se están radicalizando”, asegura Ada Colau, portavoz de la PAH.
Estos acuerdos son de aplicación en los tribunales españoles. Sin embargo, Pisarello asegura que “uno de los problemas que tenemos y se está poniendo en relieve con esta crisis, es la falta de preparación del poder judicial para proteger los derechos de las personas afectadas, porque hay un desconocimiento de los estándares internacionales”. Remarca que se están dando algunos casos positivos y que ese cambio de cultura jurídica se impulsa desde la sociedad civil, pero no desde la universidad.
Recogida de información
La portavoz de la PAH denuncia que “tiempo después del estallido de la crisis, todavía esperamos datos detallados sobre la situación de las personas afectadas”. Por eso han recogido información con más de 11.000 encuestas a personas afectadas que se han acercado a la PAH.
El informe reconoce las limitaciones de los datos que presenta, ya que se circunscribe a personas que se han acercado a la PAH y se suministraba por internet y en castellano –limitando el acceso a las personas que no dominaban el idioma o no tenían acceso a internet–, pero sin embargo remarca que “hasta la fecha se trata del único estudio orientado a sistematizar las distintas dimensiones –económica, sociológica y de vulnerabilidad social– de la problemática”.
Las entidades financieras
El informe adapta los datos recogidos al proceso de reestructuración bancaria y agrupa las 120 entidades que constaban en 15 entidades actuales. Los bancos en los que contrataron su hipoteca la mayoría de personas afectas son BBVA, Bankia, Santander y CaixaBank. Colau remarca que “el primero y el quinto –Bankia y Catalunya Caixa– son las entidades que más dinero público han recibido” y que “entre los primeros los demás son grandes bancos, cuando se había dicho que la burbuja era cosa de los desmanes de las cajas”.
Un 21% de las personas encuestadas estaban en procesos de ejecución hipotecaria y el 7% ya habían sido desalojadas. Bankia es, con diferencia, la entidad que más personas que se han acercado a la PAH ha desalojado. En lo que a la deuda se refiera, casi la mitad de las personas desalojadas arrastra una deuda de más del 80% de la hipoteca pese a haber perdido la casa. Entre las personas que están en proceso de ejecución, son más del 60% los que tienen pendiente el pago de esa cantidad.
Los avalistas, afectados indirectos
Un 36% de las personas declararon tener avalistas, y otro 22% no eran titulares sino que se acercaron a la PAH como avalistas. La portavoz de la PAH ha enfatizado que “la situación de desalojo no afecta solo a una unidad familiar, sino que que se puede estender más allá de las personas directamente afectadas y en una ejecución hipotecaria se puede perder más de una vivienda”.
La mayoría de los avalistas (un 65%) eran padres o hijos del titular de la hipoteca. Un 2,8% de los encuestados declararon que su avalista era una persona desconocida, supuestamente facilitada por la propia entidad financiera. Entre las personas migrantes tienden a haber más amigos y desconocidos entre los avalistas.
Un 10% de las personas afectadas declara además ser avalista a su vez de otras personas. El texto achaca este hecho, así como la existencia de avalistas desconocidos, a la práctica de los avales cruzados, “la promoción de avales entre personas con escasa capacidad de pago”.
Situaciones de vulnerabilidad
“Cuando se compromete una necesidad tan básica como la vivienda se comprometen también muchas otras necesidades”, explica Ada Colau. Los mayores niveles de dificultad los encuentran en el pago de la ropa (70%) y los suministros de agua, luz y gas (65%). Además, un 45% declara tener muchas o bastantes dificultades para hacer frente al gasto en alimentos.
Para más de un tercio de los afectados el pago de la hipoteca ha supuesto en algún momento el total de los ingresos familiares. Para más de la mitad ha implicado dedicar más de un 60% de los ingresos. Colau remarca que, en cambio, Naciones Unidas recomienda que los ingresos dedicados a cubrir el coste de la vivienda no superen el 30% del total.
Un 63% de las personas afectadas aseguran que su situación les provocó “una ansiedad constante” y otro 24% señaló haber sufrido un nivel de ansiedad alto. Más de la mitad de los encuestados tienen al menos un menor a su cargo, y un 30% una persona de la tercera edad.