Mari Carmen avanza lentamente, mientras repica en un pequeño tambor con el que acompaña los cánticos. “¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa!”, corea la masa. Ella es una de las tantas personas que ha tenido que ocupar una vivienda después de haber sido desahuciada por el banco. De hecho, ella ocupó su propia casa, que ya estaba pagada. La entidad le embargó la vivienda porque avaló con ella la hipoteca de su hija y no le quedó otra que atrincherarse en un hogar que ya era suyo por derecho.
“Todas las personas tenemos derecho a un techo”, canta, megáfono en mano. Mari Carmen es una de las trescientas personas que bajan en columna por una calle barcelonesa, cortando el tráfico y flanqueada por los Mossos d’Esquadra. Esta masa verde ha sido convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para lo que se pensaba que iba a ser una concentración frente a MediaPro. Pero se ha convertido en una concentración sorpresa frente la sede del PSC en Barcelona.
El motivo de la acción es protestar contra la propuesta de enmienda del PSOE a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la que se podrá desahuciar una vivienda ocupada en un plazo exprés de 48 horas después de haber presentado la denuncia. “Es una propuesta que el PSOE ha copiado a la ultraderecha de VOX y al PP”, se lamentan desde la PAH.
Esta propuesta llegó el pasado septiembre paralelamente a un proceso de negociaciones para la Ley de la Vivienda que tensa las relaciones entre los socios de gobierno. Según han denunciado Podemos y entidades como la PAH o el Sindicato de Inquilinas, la propuesta de desahucios exprés va en contra del espíritu de la Ley de Vivienda, ya pactada en el Consejo de Ministros, pero a la espera de votación.
Según los socialistas, esta enmienda nada tiene que ver con la nueva ley y se propone para combatir las ocupaciones conflictivas. Pero tal como denuncian desde diversas asociaciones por el derecho a la vivienda, las ocupaciones problemáticas son una parte muy minoritaria del total. “Ciertamente, hay personas que se aprovechan de la situación para comerciar con las ocupaciones y sacar provecho a costa de la sensación de inseguridad de los vecinos”, aseguran portavoces de la PAH, recordando cómo el pasado octubre el Ayuntamiento de Premià de Dalt protagonizó una polémica por contratar a la empresa Desokupa como asesora.
Ocupar por no vivir en la calle
Desde la PAH alertan de que, de hacerse realidad esta enmienda, poder desahuciar en 48 horas afectará sobre todo a aquellas personas que han tenido que recurrir a una ocupación como única manera de sobrevivir. “Si no puedes acceder a un piso de alquiler o compra debido a los problemas estructurales del mercado, no te queda otra que ocupar. No necesitamos medidas antiocupación, sino medidas antidesahucios”, ha declarado Juanjo Ramón, portavoz de la PAH, frente a la sede del PSC.
La intención inicial de la acción de la PAH era ocupar la sede del partido socialista en Barcelona, pero el dispositivo de los Mossos se ha avanzado a los manifestantes, impidiéndoles el paso. Sí que han dejado pasar a tres de ellos, que están esperando en el interior a poder reunirse con los dirigentes del partido. Por su parte, desde el PSC han declinado hacer declaraciones a elDiario.es y se han remitido a la rueda de prensa que ya tenían programada para el mediodía.
Desde la Plataforma se insiste en que esta propuesta de enmienda socialista no responde a un problema real, ya que la gran mayoría de ocupaciones se dan en pisos embargados por los bancos, no en propiedades de pequeños tenedores ni viviendas habitadas. De hecho, en Barcelona no se ha dado ningún caso de ocupación en una vivienda habitada desde 2019, desde cuando las ocupaciones han bajado en un 17%.
Conchi es una de las personas que está ocupando en una casa propiedad de un banco. Su historia comienza en Andalucía, donde el padre de uno de sus hijos intentó matarla. Al no poder estar allí, donde tiene a su madre y una casa donde vivir, se vino a vivir con el padre de su hijo mayor, que se decidió a acogerles en su casa de Barcelona. Pero al cumplir el niño los 18 años, les echó de casa. “Estoy apuntada en la bolsa de Viviendas de Protección Oficial, pero me dicen que no hay pisos. Sí que los hay, lo que pasa es que no son del Ayuntamiento, sino del banco”, se lamenta Conchi.
Cuando su expareja la echó de casa, junto a un joven de 18 y una niña de 11, decidió que ocupar era la única salida. Un vecino de su antigua escalera le habló de un piso libre en un bloque adyacente y fue a verlo. “Es del banco. Lleva años cerrado, nunca jamás ocuparía una casa donde viviera alguien porque yo sé lo que es perder tu hogar”, asegura. Así que preguntó a los vecinos para asegurarse de que el piso no era de nadie y para explicar su caso y “empezar con buen pie”. Nadie puso objeción.
La de Conchi es una de las 3,4 millones de viviendas vacías que hay en España, según datos del INE, mientras que en Barcelona el parque público de vivienda supera, por poco, el 1,1% del total. “Esto no da para cubrir la demanda y, mientras la administración no arregle el problema, lo haremos nosotras, a través de la acción directa”, dicen desde la PAH. Para muchos activistas y afectados como Conchi, la enmienda que propone el PSOE “criminaliza la pobreza. Somos víctimas, no culpables”, dice la mujer, quien asegura que, “si los políticos vivieran un mes cobrando una pensión de 600 euros, no harían las leyes que hacen”.