Ante el alquiler de pisos ilegales, hay que defender el derecho a la vivienda
París, Barcelona y Madrid: cada una de estas capitales europeas tiene una identidad, una historia y un desarrollo urbano propios. Sin embargo, todas tienen que hacer frente a un mismo fenómeno: una nueva economía de depredación que se ha desarrollado en los últimos años en los centros urbanos turísticos.
Con la aparición de las plataformas de alquiler de apartamentos de corta duración, la presencia de una intensa actividad turística provoca en todas partes los mismos efectos: la transformación de muchas viviendas en apartamentos de alquiler de corta duración para turistas de paso.
Las consecuencias de este hecho son directos: los barrios más buscados ven como su población se reduce y se modifica, al tiempo que los precios se disparan. El alma de nuestras ciudades acabará desapareciendo si aceptamos esta evolución que comportará que los centros históricos se queden vacíos, sin habitantes.
El atractivo turístico que supone el patrimonio de nuestras ciudades es un bien muy preciado. Y exige una intervención equilibrada de los actores públicos a fin de controlar las consecuencias para los habitantes.
Hace poco que nuestras ciudades han reforzado sus relaciones y trabajan en común; comparten sus experiencias en materia de protección de los derechos de los inquilinos y de control de la inflación. Todas ellas son unas capitales innovadoras que quieren desarrollar la economía colaborativa y acoger a los turistas en las mejores condiciones. Ahora bien, el gran poder que han alcanzado los nuevos actores de alquiler de apartamentos de corta duración, como Airbnb, requiere mejorar la regulación.
Ante estas plataformas en línea, algunas de las cuales no dudan a la hora de eludir la legislación local, queremos trabajar en una respuesta común de las grandes metrópolis europeas, ya que la unión hace la fuerza.
Los Estados también deben abastecer a las grandes metrópolis los medios legales para actuar e incrementar el grado de regulación.
Asimismo, la Unión Europea tiene que pronunciarse sobre la cuestión de la protección de la vivienda y asumir el reto de hacer converger los Estados miembros, ya que la vivienda no es un bien de mercado como los demás.
Apoyamos firmemente a la acción de 'lobby' dirigida a la Comisión Europea, iniciada por la ciudad de Ámsterdam en nombre de 12 ciudades europeas, incluida París, para abordar el marco que regula el alquiler privado de apartamentos.
¡Para evitar que nuestras ciudades pierdan sus habitantes, ha llegado la hora de una concienciación nacional e internacional!