El Parlament aprueba los Presupuestos para 2023 sin el plan de renta básica tumbado por PSC y Junts

El Parlament ha sido testigo este viernes de la ruptura de bloques en la política catalana con la aprobación del proyecto de Presupuestos para 2023. Una ruptura que no implica una reconfiguración inmediata en el que el eje izquierda–derecha se imponga a la cuestión nacional tras la década del procés, como bien muestra el resultado de las votaciones. ERC, PSC y los comuns han confirmado el apoyo a las cuentas, pero los socialistas han unido sus votos a los de Junts, Ciudadanos, PP y Vox para tumbar la medida más ambiciosa incluida en la ley de acompañamiento: el plan piloto para una Renta Básica Universal.

El grupo de Salvador Illa ha logrado el aval de Junts, además del de PP, Ciudadanos y Vox, para que se retire la mención a este ensayo que se debía poner en marcha este año con un coste de unos 40 millones de euros. El plan piloto para la Renta Básica Universal de la ley de acompañamiento de los Presupuestos era una de las medidas que Aragonès pactó con la CUP a cambio de su investidura.

La tramitación presupuestaria da un balón de oxígeno al gobierno en solitario de Pere Aragonès, y ha llegado con congratulaciones pero también advertencias por parte de socialistas y comuns. Los primeros le han recordado que no están apuntalando al Ejecutivo. Y los segundos, que vigilarán que no se destine “ni un euro” a proyectos como el complejo de ocio Hard Rock o la ampliación de El Prat, que no aparecen en los Presupuestos pero sí en el pacto entre Aragonès y Salvador Illa.

El Presupuesto catalán para 2023 supera por primera vez los 40.000 millones de euros en gasto, con aumentos en Sanidad y Educación de 1.128 y 675 millones, respectivamente. El proyecto incluye medidas como la subida de la Renta de Suficiencia de Catalunya –para las prestaciones sociales–, una partida para la gratuidad de segundo curso de Educación Infantil o 136 millones para recortar las listas de espera para la ley de dependencia. 

Sin embargo, no han sido las partidas presupuestarias las que han centrado el debate político en las últimas semanas y hasta llegar a la votación de este viernes. Las concesiones de Aragonès hacia los socialistas para alcanzar el acuerdo, que incluyen mejorar la capacidad del aeropuerto del Prat, el Hard Rock y una autovía entre Terrassa y Sabadell, siguen trayendo cola. Generan tensiones con los comuns, que exigen que no se destine a ellas ninguna partida –no la hay, por ahora–, y con Junts, que por contra reclaman mayor concreción. 

Durante el debate previo a la votación, la portavoz socialista Alicia Romero ha defendido que su grupo “tiene palabra”, y ha pedido a ERC ahorrarse “reproches y subterfugios”. Romero ha insistido en que su partido apuesta por la “política útil” y ha recordado a los republicanos que, tras perder el apoyo de la CUP y luego de Junts, están en una situación “delicada”. “No apuntalamos el Govern, pero votamos pensando en Catalunya”, ha dicho.

Por parte de Junts, el diputado Jordi Munell ha hecho referencia al “tripartito” que asegura que forman ERC, PSC y comuns, y ha lamentado que el Ejecutivo de Aragonès carezca de una hoja de ruta soberanista. “Ni coordinación estratégica del independentismo, ni amnistía, ni autodeterminación, y mesa de diálogo con pocos frutos. Solo facilitar la estabilidad del Gobierno”, ha expresado. 

Joan Carles Gallego, de los comuns, ha reivindicado los avances que suponen las cuentas para la ciudadanía, aunque sean “pequeños”. “No es nuestro Presupuesto ni es el mejor”, ha afirmado, pero a la vez ha añadido que pese a todo sirve para hacer frente a “tendencias” como la que apuesta por “regalos fiscales a grandes fortunas”, de la derecha, o la que se instala en el “inmovilismo y la crítica”.