Acabar con los polémicos retiros dorados de los funcionarios del Parlament no está siendo tarea fácil. La comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara ha aprobado este jueves derogar el artículo que permitía a los trabajadores acogerse a unas licencias tras cumplir 60 años que suponían, en la práctica, mantener el sueldo íntegro sin acudir a trabajar ni estar jubilados. Esto significa que ya no se concederán más de estas licencias. Sin embargo, se mantendrán al menos hasta abril las ya concedidas, dando un margen de tiempo en el que la Cámara tratará de negociar con la veintena de funcionarios agraciados para que renuncien a todos o una parte de los beneficios adquiridos.
La votación se ha resuelto por unanimidad, después de que la Mesa ampliada ya hubiera aprobado la propuesta hace dos semanas. Con esta decisión, queda derogado el artículo 79 del Estatut de Règim de Govern Intern del Parlament, donde desde el año 2008 se regulan las llamadas licencias de edad. Un beneficio de tipo laboral para el personal de la institución que permitía que los trabajadores de más de 60 años y que llevasen más de 15 de carrera en la Cámara pudiesen no trabajar durante tres años pero mantuvieran a la vez su sueldo como trabajadores activos.
La existencia de este régimen generó una sonada polémica después de que el diario Ara desvelase que el Parlament paga 1,7 millones anuales a 21 funcionarios acogidos a estas licencias. La alta cuantía de los salarios percibidos, así como lo atípico de esta situación en derecho laboral hizo que desde el Parlament varios grupos además de la presidenta Laura Borràs optasen por revisar la situación, después del retoque que habían acorado en diciembre, cuando ya se conocía que la información estaba a punto de hacerse pública.
Finalmente acabó llevándose a la mesa una propuesta de derogación total que, sin embargo, mantiene durante un plazo las ya concedidas, hasta abril. Durante este periodo, reza la resolución aprobada, el Parlamente debe establecer el régimen definitivo aplicable a las personas que tienen una de estas licencias, mediante una negociación colectiva previa con los afectados. Desde el Parlament temen que una derogación que incluyera también a los funcionarios ya beneficiados pudiera haber acabado en una demanda laboral, al considerarse estas licencias beneficios consolidados.