El Parlament de Catalunya no demorará más la convocatoria de la comisión que debe estudiar el futuro del diputado de Junts, Francesc de Dalmases. Después de varios meses sin actividad y tras la presión de los grupos de la Cámara, este jueves el presidente de la Comisión, Jaume-Alonso Cuevillas, ha decidido desbloquear el órgano y convocar una nueva reunión para el jueves que viene.
Los miembros de la Comisión del Estatuto del Diputado se verán el próximo día 3 de noviembre a las 10h de la mañana, con el objetivo de tratar sobre la petición de un informe que debe determinar si la actitud del representante de Junts cuando abroncó a una periodista de TV3 vulneró el código de conducta de los diputados y, por tanto, si debe ser sancionado. Partidos como PSC, ERC, CUP y los comuns habían reclamado que se investigaran los hechos porque veían indicios de haber infringido la normativa interna de la Cámara.
Pese a las peticiones, el presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, diputado de Junts cercano a la presidenta de la formación, Laura Borràs, y al propio Dalmases, había demorado la convocatoria. Esta semana, sin embargo, la publicación del informe interno de Junts, redactado por la abogada Magda Oranich, que ha provocado la dimisión de Dalmases como vicepresidente de Junts, había hecho que los grupos se revolvieran.
Este miércoles ERC, CUP y comuns registraron una petición para forzar la convocatoria, al tiempo que el PSC, que tiene la vicepresidencia de la comisión, presionaba internamente para que la convocatoria se acabase produciendo la semana que viene a más tardar. Así se ha acabado decidiendo este jueves, en una reunión de la mesa de la comisión.
El código de conductas al que han aludido los partidos que reclaman la convocatoria de esta comisión tiene dos artículos, el 7 y el 8, que podrían encajar en los hechos cometidos por Dalmases. En concreto, este código establece que los diputados “deben mantener en todo momento una conducta respetuosa con los demás diputados y con los ciudadanos” y también que “la colaboración entre los diputados del Parlament y los medios de comunicación debe orientarse a favor del derecho a la información y del derecho de los ciudadanos a poder tener una opinión informada”.
En cuanto a las sanciones aplicables, este código de conducta incluye su propio régimen sancionador en el ámbito parlamentario, que incluye diversas opciones que van desde la amonestación pública al pago de multas de diferente cuantía, e incluso la suspensión como diputado según la gravedad que se observe en los hechos.
Una vez se convoque la comisión, los diputados podrán decidir si seguir adelante con la investigación y, una vez queden acreditados los hechos, si son merecedores de sanción.