La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha perdido este jueves todos los derechos que la asistían como diputada y presidenta. La Mesa ha aprobado suspenderla con arreglo al reglamento hasta que haya una sentencia firme en el caso por el que la Fiscalía le pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental, por la fragmentación de contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. Hasta que esa causa no tenga resolución, la presidenta no podrá volver a dirigir un pleno, emitir su voto o utilizar las prerrogativas de su cargo, incluyendo percibir sueldo o disfrutar del coche oficial.
PSC, ERC y la CUP, lo tres partidos representados en la Mesa junto a Junts, han sido tajantes a la hora de emitir su voto favorable a la suspensión de la presidenta, de acuerdo con el artículo 25.4 del reglamento. Esta disposición obliga a apartar a los diputados a los que se les abra juicio oral por corrupción, como ocurrió con Borràs esta semana. Sin embargo, los letrados de la Cámara están en contra de este artículo, tal y como han dejado por escrito en diversas ocasiones, al entender que vulnera la presunción de inocencia de los diputados, que en su opinión deben mantener el cargo hasta que no se les inhabilite mediante sentencia firme.
Pero las opiniones de los letrados no han movido a los grupos, que consideran que el caso que afecta a Borràs está contemplado en el artículo 25.4 del reglamento, introducido en el año 2017 y que hasta ahora nunca se ha aplicado. Debido a esto, existe cierto desconocimiento de cómo debería aplicarse el precepto en el caso de afectar a una presidenta del Parlament. La opinión más extendida entre los juristas es que, al tratarse de una suspensión, Borràs no pierde nominalmente su escaño ni tampoco su puesto como presidenta, por lo que no cabe abrir una votación para sustituirla. Sería en este caso la vicepresidenta primera, Alba Vergès de ERC, quien asumiría sus funciones de forma provisional.
La sesión de la mesa de este jueves ha consistido en una intervención inicial de Borràs, que ha abundado en la argumentación sobre su presunción de inocencia y ha pedido a los grupos “votar en conciencia”. Los partidos le han dado la oportunidad de acogerse al artículo 25.2, que suponía pedir ella misma la suspensión, un trámite que podía haber alargado el proceso porque debía pasar por la Comisión del Estatuto del Diputado, que posiblemente se hubiera convocado tras el periodo estival. Pero Borràs ha rechazado esta opción y ha abandonado la sala para permitir la deliberación de los grupos. En ese momento PSC, ERC y la CUP han pedido aplicar el reglamento y, por tanto, suspenderla directamente.
Borràs, sin apoyos
La trayectoria parlamentaria de Borràs ha llegado así a un final abrupto después de 16 meses de presidencia en los que la de Junts ha ido perdiendo todos sus apoyos. Su llegada al despacho noble de la Cámara ya fue cuestionado por la CUP, debido a su imputación en el caso del fraccionamiento de contratos del ILC. Los anticapitalistas sostenían que la situación actual se acabaría produciendo, por lo que no apoyaron a Borràs pero sí a su compañera de partido para la Mesa.
Pero el enfrentamiento entre la CUP y Borràs se debe sobre todo a la suspensión del diputado Pau Juvillà, condenado sin sentencia firme por no retirar los lazos amarillos de su despacho del Ayuntamiento de Lleida. Para la izquierda independentista, que Borràs no permitiera a Juvillà ejercer su voto para no exponerse a riesgos penales fue una afrenta que no han olvidado.
Pero tampoco ERC tenía ya ningún incentivo para sostener a Borràs. Los republicanos han visto cómo sus socios de Govern hacen oposición desde fuera del Ejecutivo a prácticamente todos los planteamientos de Pere Aragonès, comenzando por la mesa de diálogo, hasta el punto de que Junts está haciendo una “auditoría” para plantearse salir del Ejecutivo. Sin embargo, de puertas para adentro en el Ejecutivo, las aguas están calmadas y el trabajo entre los consellers es fluido, lleven la camiseta de Junts o la de ERC. En estas circunstancias, sostener a Borràs con un juicio por corrupción en ciernes era para los republicanos más costoso que dejarla caer, decisión por la que finalmente se han decantado.
La personalidad y métodos de Borràs incluso habían abierto una brecha en su propio partido, del que se convirtió en presidenta en mayo pasado pero compartiendo el peso de las decisiones con Jordi Turull como secretario general. El enfrentamiento entre ambos estuvo a punto de generar un cisma en el partido, que acabó cosiéndose con una candidatura conjunta en el último congreso. Sin embargo, Borràs no ha recibido nada parecido a un apoyo entusiasta del conjunto de su formación. La campaña de la presidenta para afirmar que la suya es una causa de persecución política por sus ideas solo ha encontrado eco entre sus más fieles, pero una parte de Junts ha pasado de puntillas.
Mientras la Mesa deliberaba dentro del edificio, en las afueras del Parlament se concentraban dos centenares de personas en apoyo a Borràs. “Laura Borràs, no estás sola. No es un justicia, es venganza”, se leía en la pancarta principal de una convocatoria que no había sido secundada por ninguna de las organizaciones tradicionales del independentismo, ni por ningún partido diferente a Junts, sino únicamente por el llamado “grupo de apoyo” de la presidenta.
También a la sede parlamentaria se ha acercado uno de los políticos más cercanos a Borràs, el expresidente Quim Torra. Un exdirigente que siempre se ha mostrado lejos de la actual línea de Junts pero que ha sido explícito cuando ha insinuado que el partido debería romper el Govern para castigar a ERC por la decisión sobre Borràs.
Borràs tacha a los diputados que la han suspendido de “cómplices” de la represión
La presidenta del Parlament ha cargado con dureza contra los diputados del PSC, ERC y CUP que este jueves han votado a favor de suspenderla como diputada y presidenta. “Estos diputados no han venido hoy vestidos de diputados sino vestidos de jueces hipócritas y me han suspendido los derechos y deberes”, ha dicho Borràs, que les ha acusado de aplicar el reglamento de forma torticera. “¡Hipócritas!”, ha exclamado, tras asegurar que detrás de su decisión está la voluntad de apartar una rival política.
En su comparecencia ante los medios, la presidenta ha detallado su opinión de que el artículo 25.4 del reglamento por el que se la ha suspendido no podía aplicársele, en la medida que entiende que los delitos por los que se le acusa a ella, prevaricación y falsedad documental, no están relacionados con la corrupción.