Los pasos que seguirá la petición de indulto a los presos del procés

Aunque solo es un trámite inicial, el anuncio del Gobierno de que empezará a estudiar la semana que viene los indultos para los condenados por el procés ha devuelto al primer plano la situación de los nueve exconsellers y líderes sociales catalanes en prisión por sedición. Antes de la decisión definitiva del Gobierno pasarán un mínimo de cuatro meses, en los que la petición de indulto deberá cumplir varios trámites.

Quién ha solicitado indultos

La medida de gracia que el Ejecutivo central empezará a estudiar la próxima semana es la presentada por el reconocido penalista barcelonés Francesc Jufresa a principios de año. Afecta a todos los presos del procés, a diferencia de las cursadas por UGT, que pidió el indulto para la exconsellera de Trabajo y militante del sindicato Dolors Bassa, o la de tres expresidentes del Parlament en relación a Carme Forcadell. Se tramitará un expediente por cada condenado. Al margen de ciudadanos particulares o asociaciones, los indultos los pueden plantear bien los propios condenados, bien el tribunal sentenciador. Estos dos últimos supuestos no se dan en el caso del procés.

Trámites e informes

La ley del indulto marca que los trámites empiezan con el traslado de la petición de indulto desde el Ministerio de Justicia al tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo. El tribunal encabezado por el magistrado Manuel Marchena emitirá un informe no vinculante sobre la idoneidad de la medida de gracia, tras recabar la posición de la Fiscalía y del centro penitenciario.

En su informe, además de los datos básicos –profesión, edad, fortuna, carencia de antecedentes y tiempo en prisión preventiva– sobre cada uno de los 9 condenados por sedición, el Supremo también debe hacer constar “las pruebas o indicios de su arrepentimiento que se hubiesen observado”. La cuestión del arrepentimiento ha generado enorme controversia entre la Fiscalía y los jueces de vigilancia penitenciara.

Fuentes jurídicas remarcan que el arrepentimiento del condenado no es una condición necesaria para el indulto, si bien en la práctica los solicitantes de indulto lo suelen mostrar, algo que no ocurre en el caso de los presos del procés. Tampoco mostró arrepentimiento por el 23-F el coronel Antonio Tejero, indultado por razones de “conveniencia pública”.

Las mismas fuentes destacan que si el Gobierno concede el indulto, el centro penitenciario se verá obligado a ejecutarlo aunque políticamente los presos lo rechacen. Es decir, que llegado el caso el Ejecutivo central podría indultar a los presos del 1-O en contra de su voluntad, pero se beneficiarían igualmente del mismo. Las fuentes jurídicas consultadas insisten además en que la decisión del indulto no debe pivotar sobre el arrepentimiento del condenado sino en un principio de humanidad y en la evaluación de la necesidad de la pena privativa de libertad.

La posición de los presos y los partidos

Cabe recordar que los presos han mantenido opiniones distintas sobre la eventual concesión del indulto. Mientras Bassa y Forcadell se han mostrado partidarias de la medida de gracia para salir cuanto antes de prisión, el líder de ERC, Oriol Junqueras, o el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, lo han rechazado y han apostado por la amnistía. “Hablar de indulto es tanto como admitir la culpabilidad y yo no soy culpable”, ha insistido en varias ocasiones Junqueras.

Tras el anuncio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, JxCat, PDeCAT y ERC han insistido en la amnistía. “Tramitar los indultos no es ningún gesto de Pedro Sánchez”, ha afirmado la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta. Las diferencias entre la amnistía no son menores, tanto a nivel jurídico como político: el indulto limita el perdón al cumplimiento de la pena, mientras que la amnistía implica dejar de ser culpable. Y mientras el indulto es una decisión discrecional del Ejecutivo, la amnistía requiere de una ley y de un amplio debate parlamentario. En paralelo el indulto el Gobierno también estudiará la reforma de los delitos de rebelión y sedición, eventualmente beneficiosa para los presos pero que también precisan de trámite parlamentario.

En el lado contrario, el PP ha dicho que “al Gobierno se le cae la máscara”, ya que, a su juicio, el indulto “es el precio que paga Sánchez” por el apoyo de los independentistas a la investidura y a los Presupuestos. El partido conservador ya ha anunciado que recurrirá el indulto al Tribunal Supremo –las medidas de gracia son recurribles ante la Sala Contencioso Administrativa del Alto Tribunal– pese a que faltan meses para que el Gobierno tome una decisión.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, ha rechazado las tesis populares. En declaraciones a La Sexta, Campo ha recordado que la tramitación de los indultos se ha retomado ahora tras la suspensión de plazos provocada por el estado de alarma y lo ha desvinculado de la negociación de presupuestos.