Cuando Ferran sale de su casa, lo primero que hace es mirar hacia el balcón del piso de arriba. Con el número de toallas que hay colgadas de la barandilla ya se puede hacer una idea de cómo serán sus próximos días. Este hombre vive con su pareja y dos hijos bajo un apartamento turístico que le está “robando la salud”.
En pleno barrio de la Vila Olímpica de Barcelona, relata un “sinvivir”. A 10 minutos de la playa y con zonas comunes que incluyen piscina, el piso turístico con el que convive es un caramelo para los visitantes. Y no sólo en verano, ya que el buen clima y el ambiente de fiesta de la capital catalana atrae turistas todo el año. Y Ferran lo sufre.
“Llegan borrachos casi todas las noches, llaman al interfono a horas intempestivas, revientan el portal cuando se olvidan las llaves... Hace 15 años que está este piso y 15 años que llevamos sin dormir”. Su lista es larga y no sólo incluye desperfectos en las zonas comunes, sino también en su casa.
Este vecino ha llamado en diversas ocasiones a los Mossos d'Esquadra tras encontrarse turistas en su propiedad. A diferencia del resto de pisos, el de Ferran no tiene balcón, sino que cuenta con una terraza que colinda con el patio y la piscina comunitarios y no es extraño que los visitantes entren en ella si se les cuela una pelota o, simplemente, “por diversión”.
En una ocasión, tras una de esas incursiones, un turista aprovechó para llevarse una butaca de Ferran, que colocó en el muro que da a la calle. “Me destrozan los muebles porque los usan para subirse y saltar el muro y, de ahí, escalan por mi terraza para llegar a su piso”, se lamenta.
Ferran se queja de que la convivencia es y será imposible, ya que el tipo de turistas que atrae ese apartamento es muy concreto. En 125 m2, el anuncio de Airbnb asegura que pueden alojarse 12 personas, por un precio que, en temporada alta, llega a los 600 euros la noche. “Las familias no vienen en estas condiciones, sólo lo hacen chavales jóvenes que vienen dos o tres días de fiesta”, asegura.
Este vecino ha puesto más de una treintena de quejas en el Ayuntamiento, además de las denuncias a Mossos y a Guàrdia Urbana. “Pero nunca hacen nada porque tiene la licencia en vigor”, explica. Desde el consistorio confirman que este apartamento tiene tres expedientes sancionadores por no contestar debidamente al teléfono de atención 24 horas que todo piso turístico debe tener para solucionar incidencias.
Si no se responde, a través de una denuncia a la Guàrdia Urbana, se puede iniciar una sanción, pero no cerrarlo si tiene la licencia en vigor y los estatutos de la comunidad no rechazan explícitamente que haya un piso turístico en la finca. Y la de Ferran no cumple con estos requisitos.
Cuadros de ansiedad por falta de sueño
En Barcelona actualmente hay 10.100 pisos turísticos legales. El alcalde Jaume Collboni anunció a principios de verano su intención de no renovar licencias y no dar ninguna nueva, de tal manera que de cara a 2028 no quedaría ninguno en la ciudad. A pesar de que en la capital catalana este tipo de apartamentos sólo representan el 1% del total, en Barcelona están muy concentrados y agravan la falta de oferta en el mercado de la vivienda en determinadas zonas.
Esto se nota sobre todo en barrios del centro, donde también proliferan los alquileres de temporada, que no están regulados en la ley de vivienda. De hecho, el 46% de pisos turísticos se encuentran en un sólo distrito: el Eixample. “El centro se lleva vaciando desde los 70, cuando empezó un proceso especulativo enfocado en la venta y alquiler internacional. El turismo nos ha hecho perder viviendas y las que quedan, se encarecen. Eso hace que los vecinos y vecinas se vean obligados a irse”, explica Jaume Artigues, presidente de la Asociación de Vecinos del Eixample.
Es el caso de Elena, que lleva 10 años en el mismo piso del barrio de la Dreta de l'Eixample. En su finca sólo quedan tres viviendas que no sean turísticas. Dos de ellas son de renta antigua, pero ella no tiene esta suerte y hace años que siente la presión de su casero, que quiere subirle el alquiler. En una década ha pasado de pagar 1.000 euros a 1.600 y asegura que ya no puede asumir más.
“Hemos negociado, por ahora”, asegura esta mujer, ya jubilada, que vive sola y que sabe que el precio por noche de los apartamentos de su finca ronda los 300 euros. “Claro que mi casero quiere subirme el alquiler o hacer que me vaya”, asegura. Y ganas de marcharse no le faltan, dice. El problema es que hay pocas ofertas por su barrio que bajen de los 2.000 euros mensuales y ella no quiere resignarse a ser expulsada de la zona.
Ester mira preocupada la fecha de finalización de su contrato de alquiler, cuando tendrá que volver a negociar el precio. Pero, a pesar de eso, se sabe con suerte hasta cierto punto, ya que ella no tiene demasiados problemas de convivencia con los turistas en su finca.
Quien no puede decir lo mismo es Amanda. Ella también vive en el Eixample y en su finca sólo quedan cuatro locales. El resto, turistas con un perfil concreto. “Fiesteros irrespetuosos”, resume esta mujer, que lleva años sufriendo cómo le llaman al timbre en la madrugada, le orinan y defecan en la puerta de su casa, se encuentra gente dormida en las escaleras y, en alguna ocasión, hasta practicando sexo. “No puedo más, de verdad, esto es una tortura”, dice Amanda, al borde del llanto.
Ahora he ido a pasar unos días fuera y estoy mejor, pero me muero por dentro cada vez que pienso que tengo que volver
Esta mujer, de 45 años, lleva dos meses de baja porque le han diagnosticado un cuadro de ansiedad por la falta de sueño y la angustia que le supone vivir de esta manera. Además, ha desarrollado una urticaria crónica que aflora por culpa el estrés. “Ahora he ido a pasar unos días fuera y estoy mejor, pero me muero por dentro cada vez que pienso que tengo que volver”, asegura. Su caso no es el único, ni mucho menos.
De hecho, el Centro de Atención Primaria de referencia en este barrio ha recibido tantos casos últimamente que sus profesionales han organizado una sesión formativa para otoño en la que discutirán las implicaciones de salud que tienen los pisos turísticos para los vecinos y qué medidas pueden adoptar.
“He perdido la cuenta de cuántas veces he llamado a los Mossos, pero claro, cuando vienen, el problema ya se ha acabado. ¿Qué quieren que haga? ¿Que los retenga?”, se lamenta Amanda. También ha puesto quejas en el Ayuntamiento, pero asegura que no han tenido resultado. Su finca, como la mayoría de las de Barcelona, nunca llegó a modificar los estatutos para estipular que no querían pisos turísticos y, por lo tanto, tienen derecho a una licencia.
La única manera de perderla sería que la empresa no respondiera a las quejas de los vecinos a través de los teléfonos de atención 24 horas. “Pero siempre contestan. Dicen que se encargarán del problema y que amonestarán al turista en cuestión. Pero no sirve de nada, porque se van y al día siguiente viene otro igual”, se lamenta.
“No hemos conseguido cerrar casi ningún piso en el Eixample”, asegura Artigas, que apunta que los pocos casos de éxito que ha habido han sido por la vía penal. “Es muy difícil que el Ayuntamiento ponga sanciones y muy poca gente tiene las fuerzas y el dinero para meterse en un proceso judicial”, se lamentan desde la Asociación de Vecinos.
El peso de las “mafias”
Uno de los vecinos que sí ha tenido éxito y ha conseguido cerrar el piso turístico que le hacía la vida imposible es Joan, también vecino de la Dreta de l'Eixample. En su caso, se trata de un apartamento con capacidad, según el anuncio, para 11 personas y en el que se ha eliminado la sala de estar para convertirla en habitación. Empezaron a sospechar cuando vieron a los obreros pero no sabían nada del propietario y confirmaron sus temores una Semana Santa, cuando empezaron los ruidos y las molestias.
Joan y sus vecinos tenían la ventaja de que sus estatutos sí prohíben los pisos turísticos y así intentaron comunicarlo a la propiedad, que se negaba a hablar con ellos. “Quisimos hacerlo por las buenas pero no hubo manera”, cuenta este hombre, que es el presidente de la escalera. Así que iniciaron una demanda y, en paralelo, pusieron una queja en el Ayuntamiento y hablaron con Airbnb y Booking para que retiraran el anuncio. La primera lo hizo enseguida, pero con la segunda hubo problemas.
“Lo tienen muy pensado. En los anuncios ponían otra dirección y, el día antes de que llegaran los turistas, les decían que había habido un problema con el piso y que les tenían que trasladar. Quedaban con ellos dos calles más abajo y los traían a nuestra finca”, cuenta. Fue en ese momento en que se dieron cuenta que el apartamento estaba gestionado por lo que el Ayuntamiento de Barcelona define como “mafias”.
La propiedad tiene otros 17 apartamentos en la ciudad y opera de la misma manera que lo hacen las otras tramas: comprando diversos pisos, reformándolos –a veces haciendo dos pisos de uno solo– y poniéndolos a nombre de una persona extranjera que no vive en ellos y, a su vez, los alquila a turistas.
Según datos municipales, hace un año se habían detectado 38 redes organizadas, de las cuales 22 ya no están activas debido a una campaña de endurecimiento de las inspecciones que el consistorio está realizando contra ellas desde principios de verano. El apartamento de la finca de Joan pertenece a una de estas mafias y el Ayuntamiento confirma que se ha emitido una orden de cese y un expediente sancionador de 600.000 euros -el máximo- al arrendatario del piso.
El consistorio asegura que la mayoría de pisos conflictivos de la ciudad pertenecen a estos entramados y no a particulares y es por eso que se centran en este segmento. Las entidades vecinales se alegran de estos dispositivos pero recuerdan que los demás apartamentos no están exentos de conflictos y piden que el Ayuntamiento actúe con la misma diligencia en todos los casos.
“Tienen que hacerlo mejor porque la salud de la gente está en juego. Y no nos sirve la frontera de 2028, cuando el Ayuntamiento quiere eliminar todas las licencias, sobre todo cuando seguramente estos pisos pasarán a ser de alquiler de temporada, que también generan problemas”, aseguran desde la Asociación de Vecinos del Eixample.
La mayoría de afectados entrevistados para este reportaje coinciden en no estar en contra de los pisos turísticos per se, pero sí de la gestión que se ha hecho de ellos. “Deberían estar todos en la misma finca para asegurar que no se perturba el descanso ni la vida de los vecinos”, dice Joan. Por su parte, Ferran acepta que el turismo es necesario, “pero no así. No destrozando la vida de los que vivimos aquí”, asegura. Él espera con ansias el día en que al piso que tiene encima le suspendan la licencia. Pero, mientras tanto, seguirá mirando al balcón para calibrar si esa noche podrá dormir.