Como en España, el sistema federal brasileño configura también una particular y no bien resuelta relación entre tres niveles de gobierno: federación, estados y municipios. Las líneas que siguen nacen de la conversación con dos de los 853 prefeitos (alcaldes) del estado de Minas Gerais (583.000 Km2 y casi 20 millones de habitantes), donde se respira el Brasil profundo, el más portugués.
A pesar de la enorme crisis política nacional, en las instituciones de Minas Gerais el PT [1] de Lula y Rouseff no agoniza. Una de sus figuras más destacadas, Fernando Pimentel, venció en las recientes elecciones a gobernador. Un poco antes, en 2013, su compañero de partido Guto Malta inició su mandato como prefeito de Ponte Nova. Este es un político joven, que parece hecho para el cargo que ocupa. Con gran entusiasmo nos explica, uno tras otro, los proyectos que deberían recuperar el esplendor económico de esta ciudad de 65.000 habitantes, cruce de caminos de la región de “zona da Mata”. Pese a la complicidad política con las actuales presidencias federal y estatal, Guto no escatima críticas al hecho de que el 70% del gasto público sea gestionado desde la capital, pese a que los gobiernos locales asumen funciones clave, como la educación básica, la asistencia sanitaria, el transporte o la incipiente asistencia social. Ciertamente, su autonomía fiscal local es casi nula, pero reciben apoyo de la Federación: además de una importante subvención incondicionada, Brasilia ofrece ayudas para objetivos específicos, decididas mediante convocatorias competitivas. A pesar de la pervivencia del jogo político-partidista, el prefeito tiene claro que para obtener tales recursos resulta cada vez más necesario presentar proyectos sólidos y acreditar una buena gestión. Con ello se consigue incluso el consenso de la Cámara Municipal, aunque sus vereadores (concejales) pertenezcan mayoritariamente a la oposición [2]. Con todo, Guto nos recuerda que el gran reto de Brasil sigue siendo la igualdad, la cual no será efectiva hasta que no exista una red adecuada de servicios públicos, necesariamente de base local. Lo que exigirá, a su vez, una profunda reforma de la fiscalidad, que descargue a los salarios bajos y ponga sobre la mesa la tributación de los grandes patrimonios privados del país.
A escasos 50 Km de allá, recorriendo un idilio de selva domesticada, encontramos Viçosa (75.000 habs.). Hace casi 100 años Artur Bernardes, presidente federal e hijo de aquella ciudad, decidió erigir sobre la nada una universidad, la Federal de Viçosa que con el tiempo se ha convertido en centro de referencia en disciplinas como la agronomía. Acoge en torno a 21.000 estudiantes, su presupuesto multiplica por mucho el del ayuntamiento, y su soberbio campus domina la vida de la ciudad. Visiblemente acomplejado ante tamaña desproporción, el prefeito Angelo Chequer nos relata cómo, con la ayuda de profesores y becarios de la universidad, se esfuerzan por consolidar el planeamiento urbano y aumentar la calidad de los proyectos municipales. Al acceder al cargo hace seis meses, el jovencísimo prefeito pudo constatar que el margen para realizar políticas propias, una vez cubiertos todos los mandatos federales, es muy corto. La precariedad municipal parece aún más acusada en esta ciudad relativamente rica, seguramente por los efectos acumulados de una menor presión fiscal. Como en Ponte Nova, educación y salud constituyen las dos grandes políticas locales, en las cuales se gasta más de lo estrictamente requerido por la ley. Pero Chequer pertenece al PSDB [3], y si en algo se nota la distancia ideológica con su colega es en el discurso sobre las prioridades. Aquí el principal reto parece ser la inseguridad, que vincula directamente al tráfico y consumo de drogas. Tanto es así que el prefeito costea con el presupuesto municipal parte de los gastos corrientes del cuerpo de la policía del Estado de Minas-Gerais. Hablamos de gastos impropios -y a priori injustos- pero necesarios para garantizar que la policía siga patrullando por los barrios de Viçosa.
La reciente crisis de la hacienda pública brasileña ha transitado de la Federación a los estados, y está llegando a los municipios, tardía pero rápidamente. Desde febrero se han constatado fuertes recortes (20-30%) en las aportaciones federales, lo que está impulsando a las ciudades a aumentar la recaudación propia y a ahorrar en todo aquello que no se considere estrictamente necesario. Este es, al menos, el mensaje que intentan vender los alcaldes. Ciertamente, no pueden permitirse la inacción ante una sociedad que demanda igualdad de oportunidades y calidad de vida en lo cotidiano.
En paralelo, y ante la crisis de legitimidad que atenaza las instituciones políticas, asociaciones como Ameviçosa [4] luchan contra la corrupción y por una mayor participación social en la formulación de las políticas, como en el debate en torno al Plan Director de Viçosa. Los políticos locales deberían agradecer y responder positivamente a este tipo de presiones, pues necesitan acrecentar su legitimidad y el apoyo de la ciudadanía en el proceso abierto de reforma del sistema federal. El próximo 25 de mayo los 5.564 prefeitos de Brasil están convocados en la capital federal, para exigir que la reforma signifique un refuerzo de los gobiernos locales, y especialmente de su financiación.
Hay muchas cosas que, a 8.000 Km de distancia, nos suenan extrañamente familiares. Sobre todo el desajuste competencial y presupuestario entre las instituciones locales, confrontadas a diario con los problemas de la gente, y aquéllas que toman decisiones en nombre de todos, careciendo de los mínimos necesarios en empatía y conocimiento de la realidad social. Esperemos que a partir del próximo 25 de mayo en este país también se ponga en marcha un proceso de reforma territorial, y que en él los poderes locales sean capaces de actuar unitaria y constructivamente.
Ramon Canal
[1] Partido de los Trabajadores.
[2] En Brasil rige en todos los niveles un sistema político presidencialista, caracterizado en cada caso por la elección directa del jefe o jefa del ejecutivo, y una elección diferente de los/las representantes del legislativo. Con lo cual el color político de uno y otro poder puede no ser coincidentes.
[3] Partido de la Social Democracia Brasileña
[4] Associação dos Moradores e Amigos de Viçosa (https://www.facebook.com/AMEVICOSA).
Como en España, el sistema federal brasileño configura también una particular y no bien resuelta relación entre tres niveles de gobierno: federación, estados y municipios. Las líneas que siguen nacen de la conversación con dos de los 853 prefeitos (alcaldes) del estado de Minas Gerais (583.000 Km2 y casi 20 millones de habitantes), donde se respira el Brasil profundo, el más portugués.
A pesar de la enorme crisis política nacional, en las instituciones de Minas Gerais el PT [1] de Lula y Rouseff no agoniza. Una de sus figuras más destacadas, Fernando Pimentel, venció en las recientes elecciones a gobernador. Un poco antes, en 2013, su compañero de partido Guto Malta inició su mandato como prefeito de Ponte Nova. Este es un político joven, que parece hecho para el cargo que ocupa. Con gran entusiasmo nos explica, uno tras otro, los proyectos que deberían recuperar el esplendor económico de esta ciudad de 65.000 habitantes, cruce de caminos de la región de “zona da Mata”. Pese a la complicidad política con las actuales presidencias federal y estatal, Guto no escatima críticas al hecho de que el 70% del gasto público sea gestionado desde la capital, pese a que los gobiernos locales asumen funciones clave, como la educación básica, la asistencia sanitaria, el transporte o la incipiente asistencia social. Ciertamente, su autonomía fiscal local es casi nula, pero reciben apoyo de la Federación: además de una importante subvención incondicionada, Brasilia ofrece ayudas para objetivos específicos, decididas mediante convocatorias competitivas. A pesar de la pervivencia del jogo político-partidista, el prefeito tiene claro que para obtener tales recursos resulta cada vez más necesario presentar proyectos sólidos y acreditar una buena gestión. Con ello se consigue incluso el consenso de la Cámara Municipal, aunque sus vereadores (concejales) pertenezcan mayoritariamente a la oposición [2]. Con todo, Guto nos recuerda que el gran reto de Brasil sigue siendo la igualdad, la cual no será efectiva hasta que no exista una red adecuada de servicios públicos, necesariamente de base local. Lo que exigirá, a su vez, una profunda reforma de la fiscalidad, que descargue a los salarios bajos y ponga sobre la mesa la tributación de los grandes patrimonios privados del país.