El pasado 1 de enero entró en vigor la Ley de Arrendamientos Urbanos, más conocida como Ley Boyer, después de una prorroga de 20 años para su puesta en vigor. En los primeros días de enero, muchos vecinos de ciudades españolas veían con sorpresa, disgusto y sobre todo resignación, cómo algunos de los comercios tradicionales que sobrevivían en sus barrios centrales estaban vacíos y en alquiler o simplemente lucían los últimos retoques de la franquicia que los sustituía. Unos doscientos mil comercios están afectados en toda España.
La demanda de espacios comerciales en los centros históricos se ha incrementado en los últimos años debido a la presión de inversores de grandes holdings e inversores inmobiliarios internacionales. La demanda hace que los precios de los locales en las principales calles centrales se hayan multiplicado hasta por veinte, haciendo insostenible la viabilidad de muchos negocios centenarios que en las condiciones anteriores han sido viables durante décadas. En el caso de Madrid, la mayoría de los comercios centenarios han superado la crisis, pues sólo han cerrado una docena del total de 10.000 comercios que lo hicieron en ese período.
La cuestión que subyace a esta situación no es otra que el modelo de ciudad que se persigue o que se tolere. ¿Hasta qué punto se deben proteger los comercios antiguos o tradicionales en los centros históricos? ¿Qué aportan al margen de su actividad comercial a la ciudad? Las áreas históricas en buena parte de Europa están adquiriendo un cierto aroma a homogeneidad global, que a menudo empobrece la calidad de vida de la menguante población residente, y a la larga va difuminando las señas de identidad de un lugar para transformarlo en espacio consumible. La erradicación de comercios centenarios y su sustitución por franquicias, o aun peor por comercios de souvenirs o comida rápida, orientados al turismo, banaliza y vulgariza estas zonas. Como plantea Ulf Hannerz acerca de lo que él denominaba a finales de los 80 los cosmopolitas, que son los turistas de hoy en los albores de la globalización del low-cost, la recompensa del viaje se limita a la ecuación home +, es decir lo conocido junto a alguna especificidad local. La ciudad neoliberal incentiva y maximiza las oportunidades de negocio no regulando la existencia de un patrimonio histórico comercial y los valores intangibles que representa para la identidad y la imagen de la ciudad. La paradoja que se produce se resume en que el atractivo de las ciudades que pujan por atraer a un turismo de clases medias de corta estancia reside, más allá de monumentos y museos y oferta hostelera de diferente calidad, en el ambiente y atmósfera local, a la vez que en contribuir a mantener habitable y disfrutables los centros históricos para los residentes.
Desde el ámbito institucional, preferentemente local, se debe tender a preservar la continuidad de los negocios tradicionales, incluyendo los más veteranos y otros que por su actividad e historia tengan un valor intrínseco para la ciudad. Si el patrimonio construido es protegido y apoyado mediante ayudas a sus propietarios, un apoyo análogo debería brindarse a determinados comercios. Medidas como las exenciones fiscales, la ayuda a la restauración del patrimonio, la puesta en valor de los procesos de fabricación tradicional (si los hay), o la recuperación de la memoria histórica comercial con el apoyo de las nuevas tecnología, entre otras, permitirían poner en marcha una recurso museístico innovador, abierto –y vivo- de la micro-historia de la ciudad, que nos permita a la ciudadanía recordarla, disfrutarla y beneficiarnos de ella.
El pasado 1 de enero entró en vigor la Ley de Arrendamientos Urbanos, más conocida como Ley Boyer, después de una prorroga de 20 años para su puesta en vigor. En los primeros días de enero, muchos vecinos de ciudades españolas veían con sorpresa, disgusto y sobre todo resignación, cómo algunos de los comercios tradicionales que sobrevivían en sus barrios centrales estaban vacíos y en alquiler o simplemente lucían los últimos retoques de la franquicia que los sustituía. Unos doscientos mil comercios están afectados en toda España.
La demanda de espacios comerciales en los centros históricos se ha incrementado en los últimos años debido a la presión de inversores de grandes holdings e inversores inmobiliarios internacionales. La demanda hace que los precios de los locales en las principales calles centrales se hayan multiplicado hasta por veinte, haciendo insostenible la viabilidad de muchos negocios centenarios que en las condiciones anteriores han sido viables durante décadas. En el caso de Madrid, la mayoría de los comercios centenarios han superado la crisis, pues sólo han cerrado una docena del total de 10.000 comercios que lo hicieron en ese período.