Sabemos que la matriz que hasta hace poco servía para calibrar las distancias ideológicas entre la derecha y la izquierda está mutando a un ritmo acelerado. Uno de los vectores importantes de transformación se encuentra en la relación entre los poderes públicos, el mercado y la comunidad. Si la izquierda ha defendido tradicionalmente un mayor protagonismo de los poderes públicos en la regulación de distintos aspectos de la vida social y en la prestación de distintos tipos de servicios (sociales, educativos, sanitarios, etc.), la derecha en contraposición ha sido siempre más favorable al mercado, y por lo tanto a la desregulación, a la privatización, y a la mercantilización en un sentido amplio (por ejemplo, en lo que se refiere a la introducción de principios de libre elección y de competencia en la provisión de los servicios). Sin duda, estamos simplificando, pues siempre ha existido una corriente de la izquierda crítica con el papel del estado en el capitalismo, de la misma forma que la derecha neoliberal ha confiado importantes funciones de reproducción sistémica a los poderes públicos.
Hoy parece que los contornos de estas líneas divisorias son más difíciles de dibujar. En sus nuevas formulaciones, el pensamiento neoliberal insiste en la necesidad de un estado reducido, austero, de un estado que reduce significativamente su nivel de intervencionismo en favor de la emergencia de una “gran sociedad”que se organiza para ofrecer respuestas autónomas a las necesidades que se le presentan, sin esperar la intervención constante del “papá estado”. Lo novedoso no es la apelación al estado mínimo, sino a una “gran sociedad”, a una “sociedad participativa”, o incluso a una “sociedad del bienestar”, conceptos que contrastan significativamente con la negación thacheriana de la idea de lo social. La derecha neoliberal parece transitar del mercantilismo al comunitarismo, si bien en esa transición hay mucha retórica justificativa del retroceso de lo público y legitimadora de los recortes de servicios y derechos. Por su parte, cobra fuerza una renovada izquierda que sitúa el énfasis en la auto-organización y la auto-gestión como estrategia para el cultivo de lo “común”, entendido como alternativa no sólo a lo privado-mercantil, sino también a lo público-estatal.
La crisis financiera global, con sus ramificaciones locales y las consecuencias de esta austeridad impuesta en términos de injusticia social, han evidenciado la necesidad de organizar espacios de acción y reivindicación al margen de los poderes públicos. Las prácticas concebidas por y para la comunidad permiten concretar respuestas y alternativas, ocupando los vacíos dejados por un estado en retroceso. Paradójicamente, la reinvidicación de lo común en sus distintas expresiones (innovación social, espíritu comunitario, gran sociedad) parece dar forma a un inusitado espacio de convergencia ideológica entre ciertos segmentos de la izquierda y la derecha, un espacio definido por la crítica a la “omnipresencia” estatal y la propuesta de nuevos espacios sociales y comunitarios como alternativa a ese protagonismo “excesivo” de los poderes públicos.
Para ser justos, tal convergencia es sólo superficial, pues mientras para el neoliberalismo lo comunitario se convierte en una excusa para el recorte del sector público (roll-back neoliberalism) y en un instrumento de legitimación del orden social resultante (roll-out neoliberalism), para la izquierda más transformadora, lo “común” es un espacio de empoderamiento político, de radicalización democrática y de construcción colectiva de alternativas a la propia hegemonía neoliberal. El desafío que tienen por delante estas nuevas formas de gobernanza urbana basadas en lo común es conseguir articular propuestas que partiendo de lo más concreto e inmediato no renuncien a las viejas reivindicaciones de igualdad social y justicia redistributiva. En ese camino, puede que se redescubra la importancia de los poderes públicos, a los que hay que exigir una mucha mayor apertura hacia la participación ciudadana y el control social.
