Desde ese día ha habido diferentes comunicados por las diferentes partes (pueden encontrarse en el artículo de Antonio Alcantara en el blog educaciotransformadora), incluso alguna noticia que relaciona los hechos con las movilizaciones de “la Vaga de totes”.
De todos los comunicados, me quedo con el del col·lectiu de Joves de Nou Barris donde se propone un proceso de mediación para avanzar en la resolución del conflicto.
Los hechos y posicionamientos al respecto han tenido un importante impacto en mucha gente, especialmente entre los colectivos de profesionales de servicios sociales, los cuales se hacían la pregunta: ¿Por qué nosotros? A partir de esta, se ha ido hacia una deriva generalizada de nuevas e infinitas preguntas, más orientadas, creo, a la búsqueda de culpables que a la de soluciones. ¿Los servicios sociales deben ser el foco de estas acciones? ¿Qué hacen y qué no hacen los servicios sociales? ¿Cómo son vistos para que haya pasado esto? ¿Qué se podría cambiar desde cada parte? ¿Por qué no lo hacen en una sede bancaria en lugar de en servicios sociales? ¿Se ha hecho todo lo que se podía hacer? Desde donde se deben dar las respuestas? ¿Esto ha sido espontáneo o había alguien detrás? ...
Creo que podemos encontrar algunas respuestas si, yendo más allá de los hechos de esta situación concreta, hacemos un análisis del contexto y el momento en que nos encontramos.
El episodio de la Ciudad Meridiana, tiene que ver con un desencaje entre las funciones que hoy pueden asumir los servicios sociales y una demanda, convertida en exigencia por los movimientos organizados, de dar respuesta inmediata ante situaciones de emergencia social y derechos sociales básicos como son la vivienda o la alimentación. Una tensión que es insalvable con el marco existente, al menos en determinados territorios.
En esta situación, por un lado, los servicios sociales intentan gestionar unos recursos escasos y puntuales para situaciones que, tiempo atrás eran transitorias, pero que hoy sabemos que se han convertido en permanentes; y por otra parte hay una ciudadanía (poco organizada si tenemos en cuenta el nivel de desigualdad existente) que reivindica la satisfacción de necesidades básicas como derecho humano no condicionado a contraprestaciones.
Todos sabemos, y a veces se nos olvida, que nos encontramos en un nuevo paradigma productivo y económico, le digamos crisis o le digamos estafa, en el que el mercado de trabajo no podrá absorber la población trabajadora desocupada y, en el caso de hacerlo, será con unos niveles de precariedad tan elevados que no la dejará libre del riesgo de perder la vivienda, de no poder pagar el alquiler, de no tener acceso a la ciudad por no poder pagar el transporte, o de no poder hacer frente a los recibos de consumo energético. Y es aquí donde se da el punto de partida del conflicto o la gran contradicción.
En el Estado de Bienestar de hace unos años, que hoy echamos de menos y sabemos no volverá, los servicios sociales tenían una función muy concreta, dar un empujón y levantar a las familias para que, en el momento que caían por cualquier situación imprevista, pudieran continuar de manera autónoma la carrera de obstáculos de la vida. Los servicios sociales pues, facilitaban transitoriamente, o esa era la idea, la incorporación al sistema de personas y familias que temporalmente habían quedado fuera, dándoles apoyo para que pudieran “normalizar su situación” (encontrar un trabajo, tener capacidad para mantenerlo, ordenar su vida, salvar algún problema familiar, etc ...). Los servicios sociales jugaban una función facilitadora y no finalista, es decir, enseñaban a pescar en vez de dar el pescado.
Ahora la situación ha cambiado, para mucha gente saber pescar no les servirá de nada porque difícilmente podrán ir al río, o más preocupante aún, saben pescar (de hecho algunos incluso tuvieron personas a su cargo como autónomos de la construcción, sabían gestionarse y ganarse la vida) pero para ellos no hay pescado, ni habrá, por mucho que se esfuercen.
El nuevo contexto por lo tanto, necesita de nuevas respuestas, y estas respuestas no podrán ser dadas desde las actuales políticas, que son las políticas del pasado (y que partían de un supuesto o aspiración de pleno empleo y de igualdad de oportunidades, que ya no se da).
¿Qué pasa ahora cuando estos hechos desencadenantes, como podría ser la pérdida del trabajo y seguidamente de la vivienda, son sufridos de forma amplia por familias de un mismo territorio, y cuando acercarse a la situación de la mayoría normalizada del barrio es hacerlo a una mayoría que vive en la precariedad, la inestabilidad y la incertidumbre permanente?
¿Podemos seguir pensando en responder reactivamente sólo desde los servicios sociales o es necesaria una estrategia que implique a muchos más actores con una visión más preventiva? ¿Qué condiciones, con quién y desde dónde, deben posibilitar que ser “normalizado” implique vivir con dignidad y con algunas certezas, en lugar de hacerlo en la cuerda floja permanentemente? ¿Dónde debería poner el foco del cambio, en los casos particulares o en la mejora de las condiciones generales de los territorios?
Hoy en día la situación es desesperante, así lo explican los vecinos y los propios profesionales de los servicios sociales. Los primeros piden respuestas, los segundos no tienen y también se hacen preguntas... “¿Qué haces cuando alguien viene a servicios sociales y te explica llorando que ha robado del super unas compresas para su mujer?”, “¿Como le planteas a un cabeza de familia con cuatro niños que no tiene derecho a ninguna ayuda porque habiendo perdido su trabajo también ha perdido su permiso de residencia? ”¿Qué le dices a un niño que el día de la excursión en metro con el cole te dice que no ha podido llevar la tarjeta T-12 porque la tiene su madre para ir a limpiar?“ ”¿qué haces con alguien de 55 años, capaz y formado, que ha perdido su trabajo, que ya no llega a pagar el alquiler, y que sabes que posiblemente por su edad no volverá a trabajar? ¿Si obtiene una ayuda para hacer frente al alquiler, que hará cuando se le acabe? “¿Y con alguien que cobra 428 euros de una prestación y paga 300 de alquiler? ¿Mejorar su situación es decirle que busque un alquiler más económico? ”
Gente que pregunta y pide ayuda. Profesionales con respuestas y soluciones temporales. Profesionales sin respuestas ante la lógica del “pan para hoy y hambre para mañana”. Gente que quiere “el pan para hoy” y ya llegará “el hambre para mañana”, porque es hoy que ya tienen hambre o les echarán fuera de casa. Gente que no tiene los derechos básicos cubiertos y que quizás no los tendrá aunque consiga el empleo precario que podrá encontrar. Sólo respuestas reactivas ante los casos extremos. Sólo respuestas reactivas ante las presiones de la gente harta que se empieza a organizar. Profesionales en primera línea sin capacidad de respuesta y cada vez con mayor presión asistencial. Profesionales que son la cara visible de la administración y que les toca dar el mensaje de hasta dónde llega esta, y hasta donde no....
Si a todo esto le sumamos que cada día en las noticias aparecen más casos de corrupción, que mientras unos no tienen para la tarjeta de metro otros gastaban miles de euros con las tarjetas black, que mientras a unos les devuelven los recibos de la luz otros tienen cuentas en Suiza y Andorra, y que estos mismos han hecho uso de recursos públicos o de las estructuras de la administración como si se tratara de su empresa familiar.... quizás encontraremos respuesta al “¿por qué a nosotros?”