La Policía Nacional ha hallado “irregularidades que se repiten de modo continuado” desde el año 2015 en las subvenciones que ha otorgado el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) al Consell Esportiu de la ciudad, por valor de unos 210.000 euros anuales. Los agentes mantienen que tanto los responsables del ente como del consistorio –que en algunos casos eran las mismas personas– actuaron con “dejadez” y “negligencia”.
Las conclusiones de la Policía se plasman en un informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, que forma parte del sumario del caso Consell Esportiu. La causa nació a partir de una denuncia de un concejal socialista contra sus compañeros de partido. En un primer momento los agentes constataron desviaciones de dinero hacia gastos indebidos, como una falsa indemnización por despido o libros de autoayuda. Tras incautarse de abundante documentación en los registros ordenados por la jueza, el análisis se enfocó también hacia los ingresos del Consell Esportiu.
La repetición de las irregularidades lleva a los investigadores a definir al “entramado” formado por el Ayuntamiento y el Consell como “una organización criminal en el ámbito de la concesión de dinero público”. Se basan los agentes en un “modus operandi” que se ha repetido “año tras año”.
Las defensas niegan cualquier actuación delictiva. En su última declaración judicial antes de Navidad, los tres principales implicados del caso, el actual teniente de alcalde del PSC, Cristian Alcázar, el director del Consell, Eduard Galí; y el exconcejal Cris Plaza defendieron su gestión y descargaron las responsabilidades en el contable de la entidad, ya fallecido, en una trabajadora del Consell y en el edil que denunció el caso, Jaume Graells.
La Policía en cambio señala el “actuar arbitrario” de Alcázar, Galí y Plaza como la causa de que los presupuestos del Consell fueran “falsos, incompletos o inexactos” y no reflejaran la realidad económica de la entidad.
Los investigadores evitan situar en esta parte de la trama a la alcaldesa, Núria Marín, imputada por presuntamente haber hecho caso omiso a las advertencias sobre las irregularidades denunciadas por Graells. La alcaldesa negó la mayor y alegó que impulsó una auditoría en el ente. Pero los investigadores insisten en “una cierta colaboración y/o connivencia” con la trama de Marín y al exsecretario catalán del Deporte Gerard Figueras, en base a unos mensajes entre Galí y Plaza en los que éste último asegura que “Gerard llamará a Núria y pasará un informe positivo sobre nuestras rendiciones de cuentas”. El teléfono móvil de Marín, que debería servir para corroborar o desmentir las sospechas, está siendo todavía objeto de análisis.
El informe divide las irregularidades en tres grandes grupos. El Consell, destaca el informe, percibió subvenciones municipales pese a que ocultó al consistorio su realidad económica, ya que entre los años 2015 y 2020 aprobó en asamblea unas cuentas distintas a las que entregaba a la autoridad catalana del deporte. Los agentes señalan además peticiones de fondos “discordantes” con los gastos reales para actividades deportivas y una “redistribución” de las subvenciones en gastos particulares como dietas, viajes o libros que nada tienen que ver con el deporte y que el consistorio no auditó.
Se llega al extremo, apunta el informe, de que miembros de la comisión directiva del Consell Esportiu designados por el consistorio también eran las personas que luego, desde el Ayuntamiento, eran los responsables de controlar y auditar las subvenciones otorgadas. Todo ello hace que los agentes señalen tanto al consistorio de Núria Marín como al Consell –una entidad privada sufragada en su mayoría por subvenciones– por su “dejadez” y “negligencia” a la hora de rendir cuentas y comprobar y fiscalizar el correcto funcionamiento del ente.
Es más, el informe asegura que funcionarios y el técnicos del área de Bienestar Social y de la intervención económica del Ayuntamiento actuaron como “cooperadores necesarios” del sistema de petición de subvenciones fraudulentas al realizar los informes necesarios para “justificar la realidad documental” aportada por el Consell Esportiu y porque no realizaron las funciones de control del dinero.
Entre la documentación analizada por los investigadores figura un documento titulado “informe técnico–desvío de gasto” firmado por el exconcejal Cristóbal Plaza al pedir la subvención, quien dimitió a raíz del estallido del caso, en el que se piden disculpas por los “diversos errores” en la confección del presupuesto, que se realizó, en palabras del exedil, mediante un “planteamiento global erróneo”. Pese al reconocimiento de errores, la subvención se concedió igualmente.
Correos para “amañar” facturas
Al margen de la documentación del propio Consell, para llegar a sus conclusiones los investigadores también se basan en correos electrónicos intervenidos por orden judicial a Galí. Los 'e-mails' que envió y recibió Galí llevan a los agentes a concluir que el Ayuntamiento de L'Hospitalet subvencionó al Consell por facturas “que en muchas ocasiones no atendieron a un servicio concreto, sino que se amañó o adecuó la necesidad de justificación de un gasto de modo arbitrario”.
Para muestra, el intercambio de correos entre Galí y una trabajadora del Ayuntamiento en noviembre de 2018. En los mensajes, la técnica y Galí tantean opciones para “justificar facturas”. “Esta factura sube a 1.571,64 euros. ¿Podría encajar en las camisetas de los tutores de juego o algo similar? Aunque si me piden foto, mal... Dame alguna idea”, reza la petición de la técnica a Galí, para a renglón seguido apostillar: “Tenías disponible 2.500 euros en el marco del proyecto de deportes y valores. Nos quedan todavía 1.000 euros. ¿Tienes algo más? O me los gasto yo :-)”. Galí responde para tranquilizarla: “Noo jejeje! Ya me invento algo para justificar los 1.000 euros”.
El resultado, concluyen los investigadores, fue la “pasividad, permisividad o dejadez” del consistorio a la hora de controlar la información aportada por el Consell para justificar las subvenciones concedidas, unos datos que según la Policía “no se ajustan a la realidad” y no permiten conocer el coste real de los proyectos financiados con dinero público ni conocer si el ente ha obtenido beneficios y en un lucro personal de sus responsables no contemplado en sus estatus.
El informe también incluye la declaración como testigo ante los agentes del contable al que el Consell encargó revisar las subvenciones. En su comparecencia, el testigo concretó que su trabajo no fue una auditoría de las cuentas del Consell, sino que revisó si las facturas estaban debidamente pagadas y justificadas. La imputación de gastos a la subvención de 210.000 euros de 2018 se realizó mediante “un criterio subjetivo” del propio ente, según el contable, quien reiteró que su análisis no fue analizar la concesión de la subvención sino si el gasto se había pagado.