La portada de mañana
Acceder
España tiene más de un millón de viviendas en manos de grandes propietarios
La Confederación lanzó un ultimátum para aprobar parte del proyecto del Poyo
OPINIÓN | Aldama, bomba de racimo, por Antón Losada

La Policía vinculó con el corte de la AP-7 de Tsunami Democràtic a seis jóvenes solo por su vestimenta

Una de las investigaciones abiertas sobre Tsunami Democràtic se ha cerrado casi por completo este jueves. El juez de Girona que instruía la causa sobre el corte en la autopista AP-7 a la altura de Salt en noviembre de 2019 ha dado carpetazo a la causa contra 48 personas al constatar que bien no estaban en el lugar de los hechos bien no realizaron conducta violenta alguna que pueda suponer un delito de desórdenes públicos. La resolución supone un revés a las pesquisas de Policía Nacional, que vinculó a los investigados con actos violentos tan solo por estar en la protesta o incluso en base a cómo iban vestidos.

De los 48 exculpados, media docena fueron identificados por la policía en Salt “simplemente por la vestimenta que llevaban, sudaderas, mochilas, etc.”, destaca el juez, al tiempo que constata que no se ha podido acreditar que realizaran actos violentos contra los agentes. Respecto a otros cuatro investigados, fueron incluidos en la causa por la Policía, pero el juez destaca que en las fotografías que les tomaron durante la protesta “no se aprecia que estén realizando actuación violenta alguna”. “Tan solo participaban en la manifestación”, enfatiza el instructor en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es

Tal era la falta de pruebas que la Fiscalía llegó a adherirse a la petición del abogado Benet Salellas para que quedaran exculpadas 15 personas. El juez destaca de algunos de ellos que no hay constancia de que llegaran a estar físicamente en la manifestación que cortó la autopista, mientras que de los que sí estaban no existen indicios de que cometieran actos violentos. Y de los 23 investigados restantes el juez concluye que no hay “indicios sólido que permitan penar con un mínimo de seriedad que prosperará una acusación”.

En suma, para el juez Juan Carlos Godoy se trata de ahorrar la “pena de banquillo” a los investigados en un eventual juicio que, de celebrarse, conduciría a la absolución ante los problemas para situar a los investigados en el lugar de los hechos y para demostrar que cortaron la carretera con vallas y contenedores o agredieron a los agentes. No ocurre lo mismo en cambio con uno de los investigados, contra el que se continuará la causa porque “fue visto ejecutando actos violentos” en Salt. Otros tres encausados, cuya investigación ha recaído en los Mossos d'Esquadra, también irán a juicio.

La de Girona era una de las causas sobre Tsunami Democràtic que permanecen abiertas en los juzgados. En Figueres, por el mismo corte pero a la altura de la frontera hispano–francesa, permanecen imputadas más de 200 por desórdenes públicos, mientras que la Audiencia Nacional también tiene abierta una causa sobre los supuestos promotores de Tsunami Democràtic.