Primero fueron los políticos y ahora los policías. Los agentes investigados en Barcelona por las cargas del 1 de octubre de 2017 en distintos colegios de la capital catalana han empezado a pedir al juez que les amnistíe. En un escrito, adelantado por EFE y al que ha tenido acceso elDiario.es, nueve de los 45 policías imputados solicitan la amnistía para “aliviar” su situación procesal.
La ley de olvido penal del procés busca realizar un borrón de las causas judiciales que han saturado la política catalana los últimos años. La norma, que pretende un alcance global, incluye amnistiar tanto los preparativos del referéndum del 1-O que llevaron a cabo los independentistas como las actuaciones policiales para impedirlo, como las cargas contra votantes de la consulta.
El juez de Barcelona Francisco Miralles, que ha instruido la causa sobre las cargas del 1-O, tiene ahora que estudiar la aplicación de la amnistía sobre los agentes. Sobre el papel, la ley incluye todas las cargas investigadas en Barcelona, ya que solo excluye de la amnistía las torturas o tratos degradantes que superen un “umbral mínimo de gravedad” conforme a la normativa europea.
Los agentes investigados en Barcelona tienen una pluralidad de abogados defensores, que van desde letrados privados a abogados de sindicatos o la Abogacía del Estado, dada su condición de funcionarios públicos. El primero en pedir la amnistía ha sido el abogado Javier Aranda, que representa a nueve agentes que actuaron en seis colegios distintos de Barcelona el 1-O.
En su escrito, los agentes argumentan que “en ningún caso” se les puede dejar fuera de la amnistía, ya que su uso de la fuerza contra los votantes el 1-O no resultó un trato degradante o una tortura. Es más, los policías alegan que están imputados “por meras fotografías, sin acreditar su autoría, o por una aplicación del uso de la fuerza en su mínima expresión, de más que dudosa ilicitud, ya no penal sino incluso administrativa”.
Como el resto de jueces llamados a aplicar la norma, el magistrado pedirá antes la opinión de Fiscalía y el resto de partes del caso, tal y como indica la ley, antes de decidir si excluye de la norma a algunos agentes. Si amnistía a los 45 agentes investigados, es previsible que algunas víctimas de las cargas recurran para intentar que más agentes queden fuera de la amnistía.
El centro de Derechos Humanos Irídia, que representa a varios heridos el 1-O, ya ha avanzado que se opondrá a que se amnistíe a los agentes. A su juicio, los agentes ejercieron un trato inhumano o degradante a los votantes, por lo que no deberían ser amnistiados.
Será la Audiencia de Barcelona y no el juez la que tenga que decidir si amnistía a otros cuatro agentes acusados de dejar sin ojo a un independentista el 1-O con una bala de goma. Este caso sí parece más difícil que entre en la amnistía, ya que la norma excluye expresamente los actos dolosos que hayan producido la pérdida de un miembro, si bien la Fiscalía ya ha pedido que los agentes no sean juzgados porque, alega, cumplían órdenes de sus superiores.