Los 41 'elegidos' por el Tribunal de Cuentas para pagar por el procés

No hay indultos que valgan para el Tribunal de Cuentas ni sentencias judiciales que le contradigan. El órgano fiscalizador considera que hay 41 exaltos cargos de la Generalitat que son responsables de haber malversado dinero público para promocionar el procés fuera de España. Figuran desde los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont a algunos de los exconsellers perdonados por el Gobierno la semana pasada y otros que no han estado procesados por la justicia, como es el caso de Andreu Mas-Colell o Neus Munté. Nueve exsecretarios de distintos departamentos, seis interventores, 17 exdelegados en varios países y un eurodiputado completan la lista. Todos ellos (o sus abogados) deben comparecer entre hoy y mañana para conocer las fianzas que se les imponen. Se citó incluso a la exdelegada de la Generalitat en París, Maryse Olivé, fallecida en el 2017. 

El Tribunal les investiga por los gastos del Diplocat, un consorcio público-privado que está integrado por la Generalitat, los ayuntamientos de las cuatro capitales de provincia catalanas, tres diputaciones, varias patronales económicas, los principales sindicatos, universidades e incluso el Barça. En el informe que ha motivado la investigación de los exaltos cargos del Govern y que fue solicitado por la Abogacía del Estado, la Fiscalía y las entidades Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución se analizan los gastos del Diplocat entre los años 2011 y 2017. 

En los desembolsos que se consideran ilegales se incluyen casi medio centenar de viajes al extranjero realizados por miembros del Govern o conferencias en universidades tanto de Europa como de Estados Unidos. Al exconseller Mas-Colell, cuya causa ha despertado la solidaridad de 33 premios Nobel, se le investiga por haber sido el máximo responsable de las finanzas de la Generalitat durante el Govern de Mas y por haber realizado declaraciones públicas en algunos de sus viajes en las que defendió la celebración de la consulta del 9N. 

Esta es la literalidad de una de las referencias que se hace a la actuación de Mas-Colell y que sirve de argumento para su investigación: “El Consejero de Economía y Conocimiento viaja los días 14 y 15 de octubre a Washington (con un coste de 2.857,18 euros) donde tiene un encuentro con la comunidad catalana de la zona de Washington DC, organizada por la Delegación del Gobierno con el apoyo del Casal Català de Washington, asiste también a la conferencia ”Nuevas Estrategias de crecimiento“ organizada por el Banco Mundial y también el consejero participa en la tabla redonda titulada ”Explorando el futuro de Cataluña“, centrada en el proceso. En el coloquio con los catalanes de Washington se centró, según la prensa, en las últimas noticias sobre el proceso: la renuncia, por parte del presidente, a la consulta del 9 de noviembre, y la convocatoria de un acto de protesta el mismo día. ”Desanimarse“, dice, ”no sale en el programa“. ”No sé qué habrá el día 9, no sé cómo será“, admitió en otro momento. Será, eso sí, un acto que mandará un mensaje al mundo. ”No nos quedaremos en casa. No le haremos el favor al Gobierno español de quedarnos en casa“. Esta última frase y algunas otras similares sirven al Tribunal para interpretar que el exconsejero participó en un uso fraudulento de los recursos públicos.

No es el único viaje por el que se acusa al exconseller, que este martes cumple 77 años. Por ejemplo, se cita otro que realizó días después a Londres para participar en una conferencia en el Parlamento británico. “El consejero lamenta que, a diferencia del Gobierno británico, el español no autorice la consulta amparada en la Ley catalana. También hace referencia a la politización del Tribunal Constitucional, a los agravios económicos a que está sometida Cataluña y a la consulta del 9N”, se afirma en un informe que ocupa 700 páginas.

En las alegaciones que los investigados han presentado, sin éxito, se lamenta que el Tribunal considere que cualquier viaje fuera de Catalunya realizado por los miembros del Govern durante el periodo objeto de fiscalización, en el que se participe en un debate o conferencia o se establece una reunión con políticos o parlamentarios extranjeros, se excede de la función de proyección y promoción de Catalunya. Para los investigados, esta proyección fuera de España es “inherente” a la acción exterior de la Generalitat.

“Piedras en el camino”

Según el cálculo del Tribunal de Cuentas, tres cuartas partes del presupuesto del Diplocat estuvo destinado a “publicitar, impulsar, promover y promocionar el proceso soberanista”. El montante total sería de 5,4 millones. El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, consideraba la semana pasada que esta causa era una “piedra en el camino” del diálogo iniciado tras los indultos. Pese a que ERC, que tilda este organismo de tribunal inquisitorial, ha reclamado al Gobierno que no se quede solo en las palabras, el presidente, Pedro Sánchez, descartaba este lunes dar instrucciones a la Abogacía del Estado para que cambie de criterio y no se muestre contraria a las alegaciones que han presentado los investigados y en las que arguyen indefensión por falta de tiempo e información y reclaman un aplazamiento que se ha descartado.  

El Tribunal de Cuentas, que no forma parte del ámbito judicial, ya condenó a Mas y a los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs a pagar 4,9 millones de euros por la celebración del 9N pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no les condenó por prevaricación y descartó desde un principio la malversación. Posteriormente, y en referencia a los preparativos del referéndum del 1-O, el órgano fiscalizador que preside actualmente María José de la Fuente reclamó 4,1 millones a varios miembros del Govern de Puigdemont. A estas cifras habrá que sumar las fianzas que se exijan ahora solo por la actuación del Diplocat. 

El actual Tribunal de Cuentas cumple su mandato el próximo 23 de julio, pero renovarlo depende de que el PP, que ostenta la mayoría, se avenga a hacerlo. La ley establece que los 12 consejeros que conforman este organismo deben ser elegidos por el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos (210 diputados). Su mandato tiene una duración de nueve años y los elegidos designan a su vez al presidente, que se va renovando cada tres años entre los consejeros.