Un año del 27-O: radiografía de Catalunya después de la república frustrada

Un año después de la frustrada declaración de la república catalana todos los partidos han redefinido sus mensajes y estrategias. El independentismo mágico ha quedado aparcado pese a las declaraciones más o menos incendiarias de algunos dirigentes y propuestas aún indefinidas como el Consell per la República. Las fuerzas secesionistas han emprendido caminos paralelos y, a menudo, discordantes. La prueba de fuego será el juicio al 'procés'. Si las sentencias son condenatorias, nadie sabe cómo responderá el Govern y si podrá contener la calle. Lo más probable, según asumen fuentes del propio Ejecutivo, es que el desenlace sea un adelanto electoral. 

Al diccionario de esta nueva temporada se han incorporado dos conceptos. Uno nuevo, 'desescalar', para explicar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha rebajado la tensión institucional con la Generalitat. Y un concepto recuperado del baúl pujolista, el 'autonomismo', utilizado ahora por los sectores duros del independentismo como reproche a los dirigentes que piden tiempo y calma.

Esquerra, dirigida desde la cárcel por Oriol Junqueras, apuesta por el pragmatismo hasta el punto de que diputados como el veterano Joan Tardà han sido víctima de airadas críticas en las redes sociales. En un extraño artículo publicado recientemente en 'Nació Digital', plagado de referencias religiosas, Junqueras respondía a los que reprochan a los republicanos su cambio de táctica. Les comparaba con los celotes, un partido de patriotas judíos militantes del primer siglo que defendían que la violencia estaba justificada si libraba a la nación de sus opresores extranjeros.

Si la distancia entre Junqueras y Carles Puigdemont se evidenció hace un año cuando el líder de ERC se desmarcó del fallido adelanto electoral, ahora es un divorcio en toda regla. El expresident, que ha conseguido demostrar que la justicia europea discrepa de la instrucción del juez Pablo Llarena, intenta mantener la anhelada “internacionalización del conflicto” pese a que el independentismo catalán sigue sin sumar ningún apoyo destacado. La única desconexión que ocupa y preocupa de verdad en Bruselas es la del Brexit.

La última vez que Puigdemont y Junqueras se vieron fue en el pleno del 27 de octubre en el que se proclamó la independencia. Desde entonces la comunicación entre ambos es inexistente. Las divergencias entre sus equipos son también evidentes aunque se preserva un espacio, el Govern, en el que se intenta mantener la máxima paz posible. Es un Ejecutivo que a sus propios problemas tiene que sumar el fuego amigo en que se han convertido la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y sobre todo la CUP. Tanto la ANC como los anticapitalistas le exigen abandonar la retórica e implantar la (inexistente) república.

Pese a todos los pesares, las broncas parlamentarias y la parálisis legislativa, el Govern se ha conjurado para no adelantar las elecciones al menos hasta que se conozca la sentencia del juicio al 'procés'. Los presos han pedido no ser moneda de cambio pero hoy por hoy son el obstáculo para que los presupuestos del Gobierno central se puedan aprobar. El republicano Sergi Sabrià, uno de los dirigentes de ERC con más poder, es quien ha sido más rotundo al asegurar que si el día que se voten las cuentas de Pedro Sánchez los dirigentes y activistas siguen en prisión, ERC votará 'no' a los presupuestos.

Mientras, en la antigua Convergència –incluso dirigentes muy afines a Puigdemont– son menos contundentes e insisten en que no pueden intercambiarse presupuestos por presos y así se lo trasladaron ellos mismos a Pablo Iglesias cuando les visitó hace una semana en la cárcel. Artur Mas, alejado de la primera línea (aunque con ascendente aún en un sector del independentismo) es el que más claramente ha reclamado que la pregunta que deben hacerse los partidos secesionistas es si les conviene un gobierno del PSOE apoyado por Podemos y los grupos vascos y catalanes o si quieren precipitar unas elecciones generales a riesgo de que se imponga una alianza entre PP y Ciudadanos. Mas es partidario de no ayudar a Pablo Casado y Albert Rivera, aunque no todo el mundo piensa igual. 

En este año que ha transcurrido desde la fallida declaración de independencia no solo los partidos secesionistas han tenido que adaptar su discurso y impregnarlo del realismo que faltó entonces. También el resto de fuerzas han modificado su estrategia. En el caso del primer partido de la oposición, Ciudadanos, lejos de contribuir a un cierto sosiego, ha endurecido sus posiciones. Inés Arrimadas es la única dirigente que se ha negado a reunirse con el president Torra y las imágenes de ella y Albert Rivera arrancando lazos amarillos levantaron críticas incluso en ámbitos no independentistas. Su radicalidad solo es comparable –y tal vez explicable– por la irrupción del nuevo líder del PP, Pablo Casado, que ha visto en Catalunya el filón que necesita para desgastar al Gobierno del PSOE y atacar a Podemos.

Por el lado de la izquierda, el PSC actúa como embajador de Sánchez en Catalunya mientras los 'comuns', inmersos en broncas internas y volcados en preparar las municipales, debaten la conveniencia de acercarse a ERC y estudiar la posibilidad de intercambiar apoyos en los presupuestos para que Ada Colau pueda aprobar los del Ayuntamiento de Barcelona, y el Govern, los suyos, una vez la CUP ya le ha dejado avisado de que no cuente con ellos.

Radiografía económica 

Días antes de la declaración de la independencia se produjo en Catalunya un éxodo de grandes empresas, que trasladaron en masa su sede social a otras comunidades, como Madrid o País Valencià, dejando para la historia una de las fotografías económicas del ‘procés’. Un año después, de las más relevantes solo ha vuelto Agbar, y gigantes como Caixabank o el Banc Sabadell dicen que no se plantean regresar.

El volumen de la fuga es todavía motivo de disputa. La Generalitat presentó un informe recientemente en el que rebajaba la salida a 3.700 empresas hasta agosto, pero las cifras del Registro Mercantil hablan de 4.200 hasta junio. Si se atienden a los datos del Govern, el conjunto de estas firmas suma una facturación de 100.000 millones de euros, aunque la marcha afectó a la sede social o fiscal, no a su localización física.

En el plano empresarial, también cabe recordar que en lo que va de año algunas empresas han apostado pese a las circunstancias políticas por abrir sedes en Catalunya, sobre todo en Barcelona, polo de atracción del sector tecnológico. Entre las más destacadas, la compañía argentina de microsatélites Satellogic, el laboratorio de cuántica de Microsoft o el centro de desarrollo tecnológico de Siemens en Cornellà.

En los indicadores de desarrollo económico, Catalunya cerró 2017 con un PIB un 3,3% superior al ejercicio anterior, una subida por encima de la media española. Los datos más recientes, del segundo trimestre de 2018, muestran un incremento interanual del 3,1%, cuatro puntos por encima del conjunto español, en buena medida gracias la demanda interna.

En cuanto a las exportaciones, Catalunya sigue instalada en cifras récord. Las ventas al mercado extranjero en el primer semestre de este curso crecieron un 2,9% respecto al anterior, y supusieron el 25% del total de exportaciones españolas. En materia inversora, en ese mismo semestre la inyección de dinero extranjero cayó un 41% respecto al año anterior mientras que en España crecía el 1,9%, si bien es cierto que esta estadística suele ser siempre muy irregular.

Un leve bache en un turismo de récord

Que el ‘procés’ afectó al turismo es algo que se pudo detectar en las cancelaciones posteriores a los días más conflictivos del pasado octubre, pero se hace difícil calibrar si ha tenido efecto en la evolución de las visitas de extranjeros en los meses siguientes. A nivel global, las pernoctaciones en Catalunya, hasta ahora en cifras récord, han caído en los meses de verano, pero lo mismo ha ocurrido en toda España.

En julio y agosto, en comparación con el año pasado, las noches de hotel cayeron en Catalunya un 1,06%, mientras que en el conjunto de comunidades fue del 1,3%. Se trata de una leve caída respecto al pico de visitas registradas en años como 2017 o 2016, lejos ya del bache sufrido entre octubre y diciembre del año pasado, cuando las pernoctaciones se redujeron un 6,5% en la provincia de Barcelona y los ingresos por habitación en los hoteles fue un 11% inferior a 2016.

Los responsables hoteleros y de apartamentos turísticos argumentan que las visitas se han mantenido pero a costa de abaratar lo que se paga por habitación. Si en los últimos años el precio iba aumentando a razón de un 10% de un verano al siguiente, en 2018 se ha reducido un 3,7%. En el resto de España, el precio sigue subiendo, aunque con cierto freno.

Con todo, la evolución del turismo no se puede atribuir al 'procés'. Las alertas de los consulados a sus ciudadanos de visita a Catalunya quedan ya lejos, y los hoteleros apuntan a causas externas acaso más determinantes como la recuperación de los países árabes como destino de turismo de sol y playa, así como los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto del año pasado. El Gremio de Hoteles de Barcelona está convencido de que influye además imagen de “turismofobia” que aseguran que proyectan los partidos políticos de izquierdas.

Quien apenas ha acusado el procés –o cualquier otro factor– es el Aeropuerto de El Prat, que está instalado en cifras de crecimiento récord de pasajeros desde hace meses, y que solo en octubre de 2017 vio como la subida de usuarios se ralentizaba en comparación al resto del año. Algo parecido ocurre con los cruceristas, disparados en su aumento un 16% julio y agosto y un 28% en lo que va de 2018.