La Fiscalía describe la “violencia” del procés: “murallas humanas” contra policías y mossos “al lado de la rebelión”

El guante blanco que protagonizó la sesión inaugural del juicio del procés ha desaparecido de la segunda jornada para mostrar en toda su crudeza las graves acusaciones de la Fiscalía. En el centro de la intervención de sus representantes ha estado el convencimiento de que la declaración de independencia fue la culminación de un proceso violento que sustenta la acusación de rebelión y la petición de tan elevadas penas de cárcel.

A la corrección no exenta de contundencia de los abogados de las defensas en el día de ayer le ha dado el relevo una intervención del fiscal Javier Zaragoza. La exposición del fiscal se ha centrado en acusaciones de “ridículo” hacia los abogados defensores, el desprecio por las opiniones jurídicas que descartan la rebelión y el ensalzamiento de un editorial de El País en la línea con los postulados del Ministerio Público.

La Fiscalía se repartió entre la intervención de Zaragoza y otra, más mesurada y técnica, de Fidel Cadena. Este definió el proceso soberanista como un “cóctel explosivo” de ruptura “unilateral” con el Estado, la “separación del derecho” y la “negación de las funciones constitucionales del Estado”. A ello hay que sumar el ingrediente violento, consistente, según la Fiscalía, que un cuerpo armado como los Mossos d'Esquadra se situaran “al lado de la rebelión” y las “murallas humanas que se lanzan” contra Policía y Guardia Civil cuando éstos intentan evitar el referéndum del 1-O, en aplicación de los mandamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Los planes de utilizar a los Mossos y a las “murallas humanas” ya estaban, según los fiscales, descritos en los documentos Enfocats, incautado a Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras, y en el Libro Blanco que surgió de un consejo asesor en la época de Artur Mas.

Para cuando ha comenzado la intervención de Cadena, su compañero Zaragoza ya había apuntado en varias direcciones. Poco ha tardado en calificar los escritos de las defensas como “libelos acusatorios basados en un relato alternativo que presentan una visión distorsionada de la realidad”. Los abogados de los doce acusados, ha dicho, pretenden “desacreditar y desprestigiar la Justicia española y las instituciones democráticas”.

“Ridículo” de los abogados

Zaragoza no solo ha entrado en el cuerpo a cuerpo con las defensas sino que ha llegado a tachar de “ridícula e injustificada” la actuación de los abogados por realizar, según él, “una denuncia masiva de supuestas vulneraciones” de los derechos fundamentales de los acusados. Su interés, añade, es “sentar en el banquillo al Estado”, cuya actuación, ha dicho el fiscal, se ha limitado a “aplicar la Ley”.

Tampoco han faltado reproches al tribunal Schleswig Holstein, del que Zaragoza ha dicho que “quebró” la orden europea de detención al negar la entrega a Puigdemont para ser juzgado por rebelión. Y las críticas han alcanzado a los 120 catedráticos y profesores de derecho de distintas universidades españolas que rechazaron, en un manifiesto publicado por eldiario.es, que los hechos acaecidos durante el proceso soberanista pudieran comportar los delitos de rebelión o sedición.

Frente a esas críticas, el respaldo de Zaragoza a las Fuezas de Seguridad y al diario El País. De las primeras ha dicho que utilizaron una fuerza “legítima y proporcionada” en la represión del 1-O y que los únicos responsables de aquella violencia fueron quienes enviaron a los ciudadanos a actuar como “murallas humanas” contra su actuación. Identificar, ha continuado, la intervención policial con la tortura o tratos degradantes es, a juicio del fiscal, “un disparate jurídico de dimensiones importantes”.

Sobre el editorial del citado medio de comunicación, al que no mencionó, se congratuló de que acertara a responsabilizar a los acusados de querer “arrebatar libertades” y no de actuar, como defienden, para ampliárselas al pueblo de Catalunya.

Zaragoza ha cerrado su intervención con una analogía entre el proceso soberanista y el plan Ibarretxe de 2005 que ha desconcertado a las defensas. “El diálogo desde la imposición no es aceptable en una sociedad democrática. Parece que el ejemplo no ha cundido”, ha dicho Zaragoza respecto el plan del exlehendakari.

Abogacía y Vox, secundarios

Por su lado, la Abogacía del Estado y Vox han tenido intervenciones más cortas que la de los fiscales y centradas en su mayoría en asuntos técnicos. La abogado del Estado Rosa María Seoane solo ha empleado dos minutos para rebatir las acusaciones de la defensa de que se las somete a un juicio injusto. “Esto es un juicio penal con todas las garantías y un ejercicio del derecho penal democrático”, ha defendido.

De hecho, Marchena ha cortado de raíz la primera petición política del partido de extrema de derecha, que ejerce la acusación popular. El letrado de Vox Pedro Fernández ha pedido al tribunal que prohibiera emplear en la sala “el adorno que parece ser el lazo amarillo”, y que en la sesión de este martes lució el expresidente de la ANC Jordi Sànchez. Los exconsellers lucen el pin de la Generalitat.

Marchena, citando dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo contra Bélgica y Bosnia -“Bélgica, Bélgica, ha reiterado el magistrado- ha desestimado la petición en base a la doctrina europea, que permite a los acusados lucir símbolos religiosos o ideológicos en sus declaraciones judiciales. Una nueva muestra de que Estrasburgo planea en el salón de plenos del Supremo.

Zaragoza y Cadena han liderado la respuesta de las acusaciones a las denuncias de vulneraciones de derechos fundamentales planteadas por las defensas. Más que su contundencia y el papel secundario de la Abogacía del Estado, que ya esperaban, los abogados de los líderes soberanistas consultados han valorado de forma positiva que los fiscales y el resto de acusaciones acepten jugar en el terreno de juego de los derechos fundamentales que plantearon las defensas este martes.

El único abogado que lo ha verbalizado dentro de la sala ha sido el letrado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde. “Celebro que el debate del juicio se centre en los derechos humanos”, ha ironizado. Su cliente declarará este jueves.