Foment insiste en que se declare ilegal el paro soberanista del 8-N: “No podemos sacralizar el derecho de huelga”
¿La huelga soberanista del pasado 8 de noviembre fue política, y por lo tanto ilegal? Esto es lo que ha juzgado este miércoles la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), a raíz de una demanda de la patronal de la gran empresa catalana, Foment del Treball, contra el sindicato minoritario que convocó el paro, la Intersindical–CSC. La patronal ha insistido en que se declare ilegal el paro y ha reclamado 100.000 euros a la central por daños y perjuicios. “No podemos sacralizar el derecho de huelga”, ha sostenido el abogado de Foment, José Luís Salido.
La anécdota de la vista ha sucedido a la hora de aportar pruebas por parte de las partes. El abogado de Foment ha intentado que el tribunal aceptara la grabación atribuida a la activista de los CDR detenida por terrorismo –y exculpada de este cargo por el juez de instrucción de la Audiencia Nacional. El tribunal lo ha rechazado y ha recordado al letrado que el audio en nada contribuye a argumentar si la huelga fue legal o ilegal. “No tiene nada que ver”, ha zanjado la presidenta del tribunal, Sara Pose.
Lo más relevante de la sesión, a nivel jurídico, ha sido la posición de la Fiscalía. El ministerio público se ha alineado con la tesis del sindicato y ha reclamado al tribunal que desestime la demanda de Foment. Sin entrar en el fondo del asunto, el fiscal de sala José Joaquín Pérez de Gregorio ha argumentado que la patronal ha presentado la demanda en la jurisdicción equivocada: al ser la Intersindical un sindicato constituido como central de funcionarios, tendría que ser la sala de lo contencioso administrativo y no la de lo social la que dirimiera la controversia.
Además, el fiscal ha considerado “muy difícil” que el tribunal pueda declarar ilegal la huelga porque para ello son necesarias unas condiciones muy estrictas que no se dan en este caso. La patronal no ha recibido con demasiado agrado la postura de la Fiscalía. “El ministerio público no está bien informado o quizá no se ha leído bien la demanda”, ha aseverado Salido.
La intervención de Foment se ha centrado en tildar de política la huelga y ajena a cualquier motivo laboral, para intentar que el TSJC sentencie que es ilegal –las huelgas políticas están prohibidas en España.
La Intersindical, por su lado, ha defendido que la huelga no fue política, sino que se convocó por motivos “estrictamente laborales”, en palabras del abogado del sindicato, Carles Hurtado. “El sindicato no puede hacer desaparecer un contexto político y social determinado, pero la huelga se convoca por cuestiones laborales.”, ha alegado.
La huelga del 8-N tuvo una incidencia nula en los centros de trabajo pero provocó más de 70 cortes de carreteras y vías. De hecho, la defensa del comité de huelga del sindicato ha reconocido el fracaso del paro en términos laborales al preguntar al perito propuesto por Foment por qué aquel día el consumo eléctrico subió un 3%, cuando en los paros generales suele bajar. El perito, el profesor de Economía de la UB Jordi Martí, ha defendido su modelo económico con el que la patronal ha valorado en 100.000 euros los daños causados a sus empresas por la huelga.
Foment ha cargado además contra el sindicato por convocar una huelga general con un 0,5% de representación entre los trabajadores catalanes, algo que, a su juicio, también tendría que llevar a declarar ilegal el paro. “Con el debido respeto que me merecen los sindicatos, por muy minoritarios que sean, la Intersindical no tiene condición de sindicato representativo”, ha sostenido el abogado, que ha tildado de “ilegal e irresponsable” el paro del 8-N. Hurtado ha replicado que el sindicato cuenta con representación en las cuatro provincias.
Asimismo, la patronal ha sostenido que el sindicato vulneró la legislación al presentar el preaviso de huelga con menos de 10 días de antelación (inicialmente el sindicato había planeado varias jornadas de huelga, del 30 de octubre al 9 de noviembre), algo que ha rechazado la Intersindical. El sindicato ha afeado a Foment que “no concrete” el perjuicio causado por el que reclama 100.000 euros.
