Forn pide al Supremo saber si el Gobierno valoró elevar la alarma antiterrorista por el 1-O

La defensa del exconseller de Interior Joaquim Forn ha aumentado este martes la batería de escritos que han presentado ante el Tribunal Supremo los dirigentes independentistas procesados por rebelión. El punto común de todos ellos es que se piden nuevas diligencias antes del juicio puesto que las practicadas hasta ahora por el juez Pablo Llarena son “insuficientes”, en palabras del letrado de Forn, Javier Melero, para dar concluida la instrucción del caso del 1-O.

En el caso de Forn, las nuevas diligencias solicitadas por su defensa se centran en intentar contrarrestar el papel clave al frente de los Mossos d'Esquadra para que la policía autonómica permitiera el 1-O que le otorga el juez Llarena. En este sentido, la defensa pide que se soliciten tanto al sindicato mayoritario de agentes, SAP-FEPOL, como a la central de los mandos de los Mossos d'Esquadra, SICME, las comunicaciones que emitieron a la conselleria ante el anuncio del referéndum. El objetivo es indagar más en la supuesta existencia de “directrices políticas”, tal y como sostiene el juez Llarena y niega Forn, al cuerpo de los Mossos d'Esquadra.

Pero las diligencias, que previsiblemente el Supremo rechazará, no se limitan a la policía autonómica. Forn también pide requerir a la secretaría de Estado de Seguridad y al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) para que aporten el acta de la reunión del pasado 19 de agosto de 2017, dos días después de los atentados de Barcelona y Cambrils, para conocer, expone la defensa, “si ante la situación política en Cataluña, se valoró elevar la Alarma antiterrorista al nivel 5, permitiendo, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, liberar efectivos policiales para tareas de seguridad ciudadana”.

Pese a que las actas del CITCO son confidenciales, la defensa pide conocer los asistentes a la reunión, la propuesta de la Comisaría General de Información de la Policía de mantener el nivel 4 en la alerta y las manifestaciones al respecto del Centro Nacional de Inteligencia y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Las peticiones no terminan aquí. Forn solicita que la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que informe de si su antecesora, María Dolores de Cospedal, adoptó “planes de protección de infraestructuras críticas” o “planes de contingencia” de los militares presentes en Catalunya, así como si Defenso activó un plan de apoyo a la Policía y a la Guardia Civil. La motivación de todo ello es conocer si se articuló algún mecanismo para “dar respuesta” a lo que, según escribió Llarena, es un conflicto “de naturaleza insurrecional y atentatorio contra la integridad del territorio”.

El abogado de Forn también solicita que el Supremo requiera las actas de los consejos de ministros celebrados el año pasado, “en los que se debatiera la proposición al Congreso de Diputados de la declaración del estado de sitio”. El motivo de esa diligencia es conocer “si el Gobierno en algún momento activó los mecanismos que la ley ponía a su disposición para combatir amenazas graves para la seguridad nacional, tales como una rebelión atentatoria contra la integridad territorial del Estado”.

El exconseller solicita además que la Dirección de los Mossos d'Esquadra informe sobre el número total de armas largas adscritas al cuerpo, para conocer “la auténtica capacidad ofensiva de esa fuerza de 17.000 hombres armados que en la querella del Ministerio Fiscal y el auto de procesamiento se describen como uno de los puntales, con capacidad intimidatoria real, del movimiento supuestamente insurreccional”, añade el escrito.

Asimismo, para aclarar lo sucedido en la jornada del 1-O, el abogado pide que el Ayuntamiento de Barcelona evalúe los daños ocasionados al mobiliario urbano durante la jornada y que el Institut Català de la Salut (ICS) certifique el número de heridos en las cargas policiales. Y Melero también pide que se reclame al Ministerio de Interior la certificación acreditativa del número de detenciones practicadas por la Guardia Civil y la Policía Nacional el 1-O, con el propósito de “conocer la gravedad y entidad de la resistencia ofrecida por las masas rebeldes y sediciosas a las fuerzas de seguridad del Estado”.