La Generalitat condiciona su apoyo al objetivo de déficit de Sánchez a la negociación bilateral
No hay negociación formal pero sí “una vía de interlocución”. Así lo reconocen desde la Vicepresidencia de la Generalitat, encargada del área económica bajo la batuta de Pere Aragonès. El vicepresident ha mantenido contactos con el Ministerio de Hacienda en los últimos días para acercar posturas sobre el límite de déficit, que será la primera gran prueba del Gobierno en el Congreso en el nuevo curso. La Generalitat continúa abierta a apoyarlo, pero siempre que haya avances en la comisión bilateral, uno de los espacios reabiertos por Torra y Sánchez en un primer intento de distensión en junio pasado.
La postura de la Generalitat catalana tiene una especial importancia para la aprobación final, pues a ella se vinculan los votos de las dos formaciones independentistas catalanas en el Congreso, ERC y PDeCAT. Tras el pacto del PSOE con Podemos, ellas pueden tener la llave para, primero, aprobar la reforma de la ley que eliminará el veto especial que el Senado tenía hasta ahora en esta cuestión y, después, para establecer por fin un nuevo objetivo de déficit y techo de gasto, paso previo a los presupuestos.
Los grupos independentistas aplauden la reforma legal, pero esperan a su aprobación, pues por el momento no hay un calendario claro de cuándo podría llegar al pleno. Los independentistas esperan que sea entonces cuando se abra una negociación en detalle sobre el déficit y, en una segunda fase, sobre los presupuestos. Los diputados de ERC y PDeCAT están pendientes además de la postura de la Generalitat, que está inmersa en el diálogo bilateral entre administraciones.
El Govern, por su parte, considera positiva la propuesta del Gobierno de pasar del 0,1 al 0,3% en el objetivo de déficit de las comunidades, pues rebaja el rigor presupuestario y permitiría a la administración catalana obtener cerca de 500 millones de euros extra para 2019. Ahora bien, el vicepresident Aragonès quiere ir más allá y llevar esta propuesta a una negociación específica en la comisión bilateral. Allí se discutiría no solo sobre el reparto del déficit, sino también sobre asuntos importantes para la economía catalana, algunos arrastrados desde hace años.
En este sentido, valoran como un “gesto” que el Gobierno anunciara en julio que abría la mano a que las comunidades refinanciaran su deuda, pasando obligaciones del corto al largo plazo. Esta era una eterna petición del anterior jefe de las finanzas de la Generalitat, Oriol Junqueras, de la que el Gobierno de Rajoy llegó a mostrarse partidario pero que nunca consiguió salir validada del Consejo de Ministros. El Govern es cauto por el momento en esta cuestión, pero se muestra satisfecho con el anuncio.
Pero hay más puntos en la lista que exhibe la Generalitat. En total, Aragonès calculó el pasado julio “incumplimientos” por valor de 7.600 millones, casi la mitad de ellos en infraestructuras. Así, por ejemplo, desde el departamento señalan la ley de dependencia, sobre la que calculan la parte catalana ha aportado 1.500 millones extra, como un buen asunto por donde que comenzar a aliviar los agravios del anterior Gobierno.
La biteralidad como requisito
El Govern de la Generalitat reclama desde los tiempos de Artur Mas que haya una negociación de tú a tú con el Gobierno central, para tratar todo tipo de cuestiones como las económicas o competenciales entre otras. Pese a que las comisiones bilaterales y mixtas entre las comunidades y el Estado son foros establecidos y comunes, la relación bilateral con la Generalitat cesó con la llegada de Rajoy al Gobierno. La llegada de Sánchez a la Moncloa abrió un nuevo episodio para estas comisiones, que retomaron sus contactos entre junio y julio pasado.
Desde la vicepresidencia catalana consideran que estas deben ser las mesas donde tratar de todo lo relativo a las relaciones entre Catalunya y el Estado. A juicio del equipo económico, si comienza a haber compromisos y acuerdos en la Comisión Bilateral sobre asuntos económicos, Sánchez tendrá más fácil sacar adelante las reválidas a las que se enfrentará en los próximos meses. Ahora bien, pese a que Aragonès se ha remangado en esta cuestión, finalmente la negociación concreta se vehiculará vía Congreso, donde cada partido planteará sus propios matices.
En este sentido, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha recordado este miércoles en una entrevista con Europa Press la situación de “anormalidad” por la existencia de políticos en prisión y procesados en la causa judicial por rebelión. Por esta razón ha reclamado al Gobierno avanzar “en el diálogo político” si quiere acuerdos en materias como los presupuestos o el límite de déficit. Campuzano también se ha referido al alivio de la regla de gasto para los ayuntamientos, pues a su juicio no tiene sentido impedirles invertir sus superávits en la mejora de los servicios.
