Gobierno y Generalitat preservan la relación institucional pese a la tensión por los presos y el referéndum
El diálogo entre el Gobierno y la Generalitat se mantendrá pese a que la relación institucional pende de un hilo. La fragilidad parlamentaria del PSOE así como el otoño que se avecina, repleto de fechas emblemáticas para el independentismo, pueden hacer que se rompa en cualquier momento. La reunión de ambas delegaciones en la comisión bilateral ha servido para constatar que es más (mucho más), lo que las separa que lo que las une.
Las dos delegaciones reconocieron a la salida que la reunión fue correcta. Podría decirse que es en lo único en que coincidieron. El conseller de Exteriores y Relaciones Institucionales, Ernest Maragall, añadió que la comisión bilateral, además, había sido “dura”. La Generalitat salió mucho más descontenta del encuentro que el Gobierno central. De hecho Moncloa confía en que la siguiente bilateral pueda celebrarse en diciembre. Es evidente, subrayó la parte catalana, que “recuperar la normalidad” no significa lo mismo para unos y otros.
El Gobierno central entiende que reactivar las comisiones estatutarias para abordar cuestiones como transferencias o algunas infraestructuras es un gran avance. Para la Generalitat, que asegura que participará en ellas por “responsabilidad”, es insuficiente incluso para negociar avances en la gestión “del día a día”, una expresión utilizada últimamente por el vicepresidente catalán y encargado de controlar las finanzas, Pere Aragonès.
La comisión bilateral, la primera tras siete años, no ha pasado de las promesas y de la constatación de que los políticos presos y el referéndum siguen siendo motivo de “discrepancia importante”, como explicó la ministra a la salida. Escuchando minutos después al conseller Maragall es más que una discrepancia. El tiempo aclarará si es el obstáculo definitivo para que el diálogo salte por los aires.
La Generalitat reclamó en la reunión la creación un grupo de trabajo para analizar la posibilidad de impulsar una consulta, pero el Gobierno central no está por la labor. Batet insistió, dentro y fuera de la cumbre, en que para avanzar en este ámbito solo hay dos posibles vías: una reforma del Estatut o una de la Constitución. Ambas requerirían ser refrendadas en las urnas.
Un “proyecto para Catalunya”
Batet aseguró que el Ejecutivo de Sánchez tiene un “proyecto para Catalunya” que pasa por rebajar la conflictividad, preservar la lealtad y recuperar inversiones pendientes. La ministra recordó que los presupuestos de los gobiernos del PSOE siempre han sido más bondadosos con Catalunya que las cuentas diseñadas por gabinetes del PP. En este caso juega en su contra que Sánchez deberá gobernar con los presupuestos que diseñó el equipo económico de Mariano Rajoy. Y no tiene garantizado que logre apoyos suficientes para poder aprobar los suyos el año que viene.
A favor de los intereses de la Generalitat puede ayudar el hecho de que el Ejecutivo del PSOE ha situado a algunas personas que conocen bien la falta de inversión que acumula Catalunya. Isaías Táboas es el nuevo presidente de Renfe, Maurici Lucena está al frente de Aena y Manel Villalante se ocupa de la dirección general de Transporte Terrestre. En la bilateral se constató el retraso acumulado por no haber respetado la disposición adicional tercera del Estatut.
El reto de Sánchez será concretar medidas que beneficien a Catalunya sin que estas sean utilizadas por el PP y Ciudadanos para erosionar al Ejecutivo socialista. El presidente recibe este jueves al nuevo líder del PP, Pablo Casado, después de que los populares criticasen la simple convocatoria de la comisión bilateral. Tanto el PP como Ciudadanos consideran que los socialistas están dando oxígeno al independentismo pese a que tanto Sánchez como varios ministros han reiterado siempre que se les ha preguntado que el marco de negociación con el Ejecutivo de Torra es y será la Constitución y solo la Constitución.
En las próximas semanas, pese al parón estival, se podrá comprobar si la tregua acordada entre ambas administraciones consigue imponerse a las diferencias evidentes. Si la Fiscalía mantiene en su escrito de acusación que los políticos presos cometieron un delito de rebelión, una parte del independentismo exigirá encarecer el precio de la negociación con el Gobierno de Sánchez y el de los votos de PDeCAT y ERC en el Congreso de los Diputados, imprescindibles para que sobreviva.
