El Govern reactiva el Diplocat que el Gobierno de Rajoy ordenó liquidar con el 155
El Govern ha ordenado este martes paralizar el proceso de liquidación del Diplocat, el consorcio de diplomacia pública catalana que el Gobierno de Mariano Rajoy puso en su punto de mira durante la aplicación del artículo 155. La Generalitat se personará en los tribunales para recurrir las medidas de disolución, que consideran nulas, pausando con ello el proceso de liquidación.
Según ha explicado en rueda de prensa la consellera portavoz, Elsa Artadi, las medidas comprenden no solo paralizar la disolución, sino también disolver el órgano liquidador que formó en su momento la Generalitat del 155. “No pudieron parar el Diplocat por vía judicial porque estaba perfectamente insertado en las leyes y tampoco lo introdujeron en el acuerdo del Senado, por lo que se trató de liquidar después y de forma totalmente irregular”, ha considerado.
El objetivo del nuevo Govern y del departamento de Exteriores dirigido por Ernest Maragall es “mantener, ampliar y fortalecer” la presencia de la diplomacia pública catalana en el mundo, para lo que Artadi ha explicado que seguirán utilizando el consorcio del Diplocat. Por ello ha anunciado que reunirá al pleno del patronato del Consorcio en los próximos, presidido por el president de la Generalitat, para decidir los nuevos pasos a dar.
El Gobierno central acordó el inicio del proceso de liquidación del Diplocat en diciembre pasado, en plena campaña de las elecciones del 21 de diciembre. Desde entonces, diversas entidades miembros del Consorcio, como el Ayuntamiento de Barcelona o la Asociación de Municipios, se habían personado contra la liquidación de este organismo. Ahora lo ha hecho el Govern, que a la vez ha ordenado paralizar todos los trámites de disolución al considerar que la liquidación no se ha completado y que la personalidad jurídica del Consorcio se mantiene intacta.
El Diplocat es además uno de los organismos que están siendo examinados con lupa desde el poder judicial, principalmente por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga supuestos pagos vinculados con el referéndum del 1 de octubre. El pasado 12 de abril, la Guardia Civil registró la sede del Consorcio en busca de pruebas de un presunto desvío de fondos públicos para pagar a observadores internacionales del referéndum.
