La Guardia Civil vincula al asesor del Govern que se reunió con Assange con la malversación en el 1-O
La Guardia Civil ha hallado en el Diplocat un filón para encontrar gastos supuestamente relacionados con el 1-O y el proceso soberanista. Tras analizar la cuentas del consorcio de la Generalitat dedicado a la proyección internacional de Catalunya, liquidado por el 155, el Instituto Armado sostiene que una sociedad del empresario y asesor informal del Govern Oriol Soler facturó 14.230 euros al Diplocat por “servicios relacionados con el proceso de transición nacional”.
Se trata de dos vídeos en inglés encargados en 2015 y 2016, cuando el referéndum todavía no entraba en los planes de la Generalitat: el primero se tituló “Catalonia's road map for independence [La hoja de ruta de Catalunya para la independencia]” y el segundo “From 9N to 27S: united we vote [Del 9N al 27: juntos votamos]”. La Guardia Civil añade que el Diplocat no llegó a abonar ninguna de las dos facturas por los vídeos a la sociedad Batabat, propiedad de Soler, conocido por formar parte del sanedrín de asesores de Puigdemont y por reunirse con el líder de Wikileaks, Julian Assange. El empresario no ha sido citado ni como testigo ni como investigado tras más de un año de investigaciones.
Estos datos forman parte de un nuevo informe de la Guardia Civil del pasado 25 de mayo en el que amplía la información presentada ante el juzgado de instrucción 13 de Barcelona diez días antes. Con la información recabada a lo largo de la investigación, la Guardia Civil eleva a 3,2 millones de euros la cantidad supuestamente malversada en el 1-O.
Entre las nuevas partidas que sustentarían la malversación del 1-O, según la Guardia Civil, figura la traducción al inglés del diario 'Ara' para la web 'cataloniavotes.eu'. A través de varias facturas, entre enero de 2015 y octubre de 2017 el Diplocat abonó 16.200 euros al rotativo, apunta el Instituto Armado. Hay otros 10.800 euros pendientes de pago.
Los investigadores han accedido a estas facturas gracias al requerimiento que el Ministerio de Hacienda envió a la interventora de la Generalitat el pasado mes de marzo. Montoro reclamó información sobre pagos a decenas empresas y medios de comunicación soberanistas, así como a empresarios como Soler o Jaume Roures y también datos sobre una serie de becas, artículos y capítulos de libros académicos relacionados con la autodeterminación. No hay constancia de pagos de la Generalitat a Òmnium y ANC, tal y como sospechaban Hacienda y los investigadores y negaban las entidades soberanistas.
Entre las nuevos gastos que el Diplocat pagó para el 1-O destacan además nuevas facturas sobre honorarios, vuelos y alojamiento en hoteles para las observadores internacionales del referéndum. A la cantidad ya conocida de 140.000 euros que el Diplocat abonó a la fundación holandesa The Hague Center, la Guardia Civil suma otros 164.821,61 euros para la empresa de la exdirectora de la comisión electoral de Nueva Zelanda Helena Catt.
Los catorce expertos recibieron 112.993 euros en concepto de honorarios, a los que hay que sumar otros 52.000 euros en los gastos de alojamiento y transporte: el Diplocat pagó aviones y el hotel de los observadores en el Passeig de Gràcia, pese a que, tal y como añade la Guardia Civil, el exjefe del Diplocat Albert Royo certificó que los gastos no tenían relación con el 1-O. Royo declarará en julio como imputado ante el juez.
20% de sobrecoste del 'call-center'
En otro apartado del informe, la Guardia Civil observa un sobrecoste del 22% en las obras para rehabilitar una nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) que, según los investigadores, debía funcionar como centro de datos en el referéndum del 1-O. Las obras ascendieron a 1,6 millones de euros frente a los 1,3 previstos.
Un día antes del referéndum, la Guardia Civil se incautó en la nave industrial de 118 ordenadores, dos servidores y 17 teléfonos móviles. La Guardia Civil sospecha que la Generalitat enmascaró las obras para el 'call–center' del 1-O en distintos contratos para crear un espacio “multifuncional” dedicado a encuentros de programadores, procesos de selección de personal, congresos o centros de recogida de datos.
De hecho, en los pliegos por los que la Generalitat licitó los distintos contratos, se especifica que la nave industrial puede usarse, entre otros fines, como centro de datos de “procesos electorales”. El Govern, bajo la lupa de Hacienda por los gastos del 1-O, no detalló que las obras fueran para el 1-O. El contrato permitía realizar las obras hasta finales de 2017, esto es, después del referéndum.
Por otro lado, el Tribunal Supremo ha reclama al juzgado de Barcelona la mayor parte del sumario de la causa que instruye el magistrado Juan Antonio Ramírez Suyer. Por ejemplo, los informes anteriores de la Guardia Civil sobre malversación o documentación sobre la empresa de mensajería Unipost, así como los atestados de las declaraciones en comisaría de directores de medios de comunicación y publicistas. Y también los interrogatorios de los últimos meses de una decena de imputados por el juez Ramírez Sunyer, entre ellos el exjuez Santiago Vidal, cuya verborrea dio inicio a la causa, o el exasesor Carles Viver Pi Sunyer.
