Llarena confirma el procesamiento por rebelión de Puigdemont y los líderes independentistas
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha confirmado el auto de procesamiento contra el president cesado Carles Puigdemont y los otros 22 líderes independentistas investigados en la causa contra el 'procés'. El juez ha rechazado los recursos planteados por las defensas y se ha reafirmado en que concurre el requisito de violencia del delito de rebelión y que los datos de Hacienda coinciden con los indicios de delito de malversación recogidos en su investigación.
Las defensas habían cargado duramente contra Llarena en sus recursos, en especial por el procesamiento por rebelión contra Puigdemont, Junqueras, los 'Jordis' y otros seis exconsellers. El exvicepresident llegó a acusarle de realizar “piruetas argumentativas” para procesarle por rebelión pese a la “evidente falta de violencia” del proceso soberanista. El magistrado descarta todos los argumentos de las defensas y se reafirma en el carácter “violento” de la protesta del 20 de septiembre en la conselleria de Economía y el 1-O.
En este sentido, Llarena considera que la violencia no fue algo imprevisto dentro de la movilización impulsada por los exconsellers y los 'Jordis', sino que fue “conscientemente asumida y buscada para la ejecución” del plan hacia la independencia de Catalunya. Es decir, que todos ellos eran conscientes de que la violencia era necesaria para alcanzar sus objetivos.
Para Llarena, el 1-O fue “más allá de la legítima reivindicación de un posicionamiento político-ideológico” para incurrir en una violencia que “se expresó con el consumado resultado lesivo de numerosos agentes”, en referencia a los policías heridos que intervinieron para frenar la votación.
Y destaca además el juez que fruto de “la envergadura de la insurrección en la que se insertó la movilización con expresiones de violencia” de los meses de septiembre y octubre, el rey Felipe VI “dirigió un mensaje a la nación y reclamó al Gobierno de la Generalitat de Catalunya que respetara el orden constitucional democrático”.
Cierre de la herida con Montoro
El juez también responde a las alegaciones que plantearon los procesados usando las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por las que negó la malversación. Llarena acusa a los dirigentes independentistas de “silenciar” las matizaciones que Montoro realizó tras negar la malversación, como “la posibilidad material de que pueda existir una mecánica de fraude oculta y no confirmada”, lo que implicaría que el 1-O se pagó con facturas falsas.
El juez precisa que la información remitida por el ministerio de Hacienda “no acredita que la investigación de este proceso se muestre errónea”. Además, según Llarena, el control de las finanzas de la Generalitat que Montoro ha ejercido desde 2015, ha permitido detectar “determinados marcadores que sugerían lo que el auto de procesamiento sostiene” en referencia a la malversación. En conjunto, Llarena cree que se malversaron 1,6 millones de euros, aunque más de la mitad de esa cantidad corresponde a facturas que no se llegaron a abonar.
Llarena procesó por malversación a todos los exconsellers. Además, procesó por rebelión a Puigdemont, Junqueras, Carme Forcadell, los 'Jordis', Marta Rovira, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Clara Ponsatí y Toni Comín; y por desobediencia a Santi Vila, Carles Mundó, Meritxell Borràs, Meritxell Serret y Lluís Puig. Por este último delito procesó al resto de miembros soberanistas de la Mesa y a las exdiputadas de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya.
Abre la puerta a la sedición
En cualquier caso, Llarena destaca que el auto de procesamiento vincula a las partes en cuanto a los hechos imputados, pero que no supone una calificación jurídica concreta, algo que en última instancia corresponde a la Fiscalía y las demás acusaciones y defensas.
En este sentido, indica que, en el caso hipotético de que no se acreditara que la violencia carecía de “capacidad funcional” para lograr la independencia, los hechos incluidos en el auto de procesamiento podrían llevar a las acusaciones a sustentar una acusación por sedición o conspiración para la rebelión. Tras siete meses de instrucción y haber encarcelado a ocho dirigentes independentistas por rebelión, Llarena vuelve al razonamiento inicial que la sala de admisiones del Supremo ya expresó cuando admitió la querella de la Fiscalía el pasado octubre.
Un paso más hacia la inhabilitación
El próximo paso de las defensas será recurrir su procesamiento ante la sala de apelación del Supremo. Si los tres magistrados que la componen confirman el procesamiento por rebelión, el auto de Llarena será firme, por lo que los presos por rebelión que además son diputados quedarán suspendidos de su cargo. Esto afectaría a Oriol Junqueras y Raül Romeva (ERC) y a Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez (JxCat).
Sin embargo, es prácticamente imposible que la decisión final del Supremo afecte al calendario que manejan los independentistas para la investidura. JxCat y ERC quieren tener a un president investido como máximo antes del próximo miércoles. Las defensas tienen cinco días para recurrir el nuevo auto de Llarena, y luego, antes de que la sala se reúna, la Fiscalía y VOX tendrán que pronunciarse, previsiblemente a favor de que se confirme el procesamiento por rebelión.
