Los Mossos salen al rescate de Trapero en el Supremo y hunden a los políticos
El mayor torpedo a la línea de flotación de las defensas de los líderes independentistas acusados de rebelión se ha disparado este jueves. Y no ha venido de los mandos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil sino de un destacado integrante de la prefectura de los Mossos d'Esquadra. El comisario de Información de la policía catalana el 1-O, Manel Castellví, ha acusado a los dirigentes del Govern de ignorar los avisos de los Mossos d'Esquadra sobre la violencia que se podía producir el 1-O si seguían llamando a participar en la votación, en línea con la acusación de rebelión de la Fiscalía.
Además de dejar en una situación comprometida a los acusados, en especial a Oriol Junqueras y a Joaquim Forn, con su declaración Castellví ha intentado dar oxígeno al major Josep Lluís Trapero, al que ha situado confrontado a los políticos independentistas y totalmente opuesto a su decisión de mantener el 1-O. Lo contrario opina aquí la Fiscalía, que ve a Trapero confabulado con los dirigentes soberanistas para facilitar la votación. El coronel Pérez de los Cobos llegó a situar al major “alineado políticamente” con el Govern, tesis que ha negado el comisario este jueves.
Castellví ha dado detalles de una reunión clave del 28 de septiembre en el Palau de la Generalitat. Participaron en el encuentro el entonces president Carles Puigdemont, hoy huido a Bélgica; y el exvicepresident Junqueras y el exconseller Forn, sentados en el banquillo del Supremo y expuestos a 25 y 16 años de cárcel. Por el lado de los Mossos, además de Castellví y Trapero estuvieron el entonces número dos del cuerpo, Ferran López; y el comisario Carles Molinero.
En ese encuentro y en otro de dos días antes, ha relatado Castellví, Trapero y la cúpula de los Mossos instaron a a los políticos a suspender la votación y advirtieron de que, si la mantenían y seguían llamando a la participación, existía el riesgo de que el 1-O acabara en una “escalada de violencia”. “Dijimos que el día 1-O habría dos dualidades antagónicas. Unos iban a acceder a los colegios y otros estarían sentados y se levantarían. Sabían que se produciría un conflicto. Si la escala de violencia aumentaba, todos corríamos más riesgo”, ha aseverado.
La respuesta que recibieron de Puigdemont fue taxativa. Según Castellví, el entonces president les dijo que el referéndum “era un mandato del pueblo” y que se celebraría. “El señor Forn sabía nuestra posición, pero él compartía la postura del president y el vicepresident”, ha indicado en otro tramo de su declaración, en la que ha definido a Forn más como un “político” que como la máxima autoridad de un cuerpo policial obligado a cumplir las resoluciones judiciales.
Antes de dar por terminado el encuentro, los jefes de los Mossos advirtieron a los políticos de que el cuerpo cumpliría el mandato judicial para impedir el 1-O. Y los políticos reiteraron que habría votación. “Salí frustrado de la reunión”, ha confesado Castellví. En su declaración como acusado, Forn negó que las advertencias fueran de “un escenario de violencia generalizada” y limitó la preocupación de los mandos a “incidentes puntuales”.
Por si no había sido suficientemente claro, Castellví también ha roto el relato de un movimiento independentista totalmente pacífico al encuadrar en su seno elementos potencialmente violentos. Así, ha explicado que uno de los temores de los servicios de información de la policía catalana antes del 1-O era que “grupos radicales” como Arran o el SEPC (entidades de la izquierda independentista) se “infiltraran” o “manipularan” a los CDR para generar tensión en los colegios cuando llegara la policía.
El propio Trapero ha empleado esa reunión como alegato de defensa en su causa pendiente de juicio en la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía le pide 11 años de cárcel por rebelión. El major ha recordado que las dos reuniones del 26 y 28 de septiembre se celebraron porque él lo pidió, y que en ellas se trasladó a los políticos “la preocupación común” de todos los mandos de la policía catalana “por los eventuales problemas de seguridad ciudadana que podían producirse”.
“No se compartía desde el cuerpo policial el proyecto independentista –abundó la defensa de Trapero, que está citado como testigo en el Supremo el próximo jueves– y se trasladó la firme voluntad y decisión de todos los mandos, como responsables del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, de respetar la legalidad vigente y de cumplir con los mandatos judiciales tendentes a evitar la celebración del referéndum”.
Los puntos débiles de los Mossos
No era la primera vez que Castellví comparecía como testigo en una causa del procés. Su testimonio fue clave para que se archivara la causa sobre el presunto espionaje de los Mossos a políticos y personalidades constitucionalistas. Este jueves el mando ha intentado durante toda su declaración separar la actividad de los Mossos d'Esquadra de las decisiones del Govern respecto al 1-O. Por contra, las acusaciones ven unidad de acción entre políticos y policías para impulsar la votación, que se plasmó en un dispositivo para impedir el 1-O diseñado a sabiendas de su ineficacia y con consciencia de facilitar la votación en vez de frenarla.
El excomisario Castellví –que ya no está en primera línea de los Mossos al encontrarse en segunda actividad– ha defendido que la policía catalana cumplió la orden del TSJC para impedir el 1-O, aunque las acusaciones han evidenciado las lagunas del plan. Castellví ha vinculado el hecho de que 239 centros no abrieran el 1-O con las visitas que durante el fin de semana una patrulla de agentes realizó a los más de 2.000 puntos de votación, que se plasmaron en casi 4.300 actas y 900 apercibimientos. Y ha reivindicado que la policía catalana cerró 134 centros ese día priorizando “la mediación”.
La mediación ha ocupado buena parte del interrogatorio a Castellví de la Abogacía del Estado. El mando ha explicado que los Mossos intentan en cualquier concentración mediar con un interlocutor de la misma, y que así lo hicieron sus patrullas en cada colegio del 1-O. Y que ese dispositivo, que se incrementó en 800 agentes hasta más de 7.000, estaba “consensuado”, “informado” y “despachado” con el coordinador policial, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Sin embargo, el coronel negó haber recibido del número dos de Trapero, Ferran López, las pautas de actuación de la policía catalana para impedir el 1-O
“La pauta de actuación que se dio era que entre las 6:00h. y las 9:00h. se intentara que la pareja de agentes mediara con los asistentes y que no se abriera los colegios, y posteriormente si no se cerraban, utilizar la fuerza”, ha explicado Castellví, para sorpresa de la abogada del Estado Rosa María Seoane. “Sí, en 34 colegios se utilizó la fuerza”, ha dicho.
“¿Y los casi 2.000 centros que no se llegaron a cerrar y ni se intentó?”, ha inquirido De Seoane. Castellví ha intentado echar balones fuera y repartir responsabilidades entre Mossos, Policía y Guardia Civil: “A primera hora del 1 de octubre, vimos por televisión que la Policía intervenía con orden público en un colegio antes de las 9:00h. Nos sorprendió porque no era el plan previsto. Ni nosotros ni el resto de cuerpos de seguridad llegamos a todos los colegios, ni muchísimo menos”. El problema, también para Trapero, es que lo que se juzga en el Supremo es el dispositivo de los Mossos, no el de los otros cuerpos.
