Un juez belga cita a Llarena el 4 de septiembre por la demanda presentada por Puigdemont
El independentismo vuelve a acudir a instancias internacionales para intentar tumbar la 'doctrina Llarena'. El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers que permanecen en Bruselas y Escocia han demandado al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante un tribunal belga por la “parcialidad y obstinación” que, a su juicio, ha demostrado el juez contra el independentismo. Así consta en el contenido de la demanda al que ha tenido acceso este diario.
Uno de los abogados de los exconsellers, Christophe Marchand, ha anunciado que un tribunal belga ha citado al juez Llarena el próximo 4 de septiembre, aunque no es obligatorio que declare personalmente en Bruselas. Al presentarse por la vía civil, la demanda de los políticos catalanes no reclama penas de cárcel para el magistrado, sino que Llarena pague una multa “simbólica” de un euro para “reparar el daño causado”.
En su demanda, Puigdemont y los exconsellers recuerdan el reguero de resoluciones polémicas del magistrado (como cuando vinculó el independentismo de Jordi Sànchez al riesgo de reiteración delictiva), así como sus declaraciones a los periodistas sobre la causa que instruye y las discrepancias con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a cuenta de la presunta malversación en el 1-O.
Todo ello, a criterio de los políticos catalanes, ha hecho que Llarena abandone su obligatoria posición de imparcialidad para “reflejar su parcialidad” y “tomar partido” en contra de los políticos investigados y la ideología independentista. El magistrado, según los demandantes, ha participado en “violaciones flagrantes” del derecho a la presunción de inocencia y de la libertad de acción política, sumándose así a una “campaña” para “desacreditar” a Puigdemont y los exconsellers.
“La respuesta penal del Estado español a los líderes catalanes se pretende extinguir o mitigar solo si renuncian a su proyecto político independentista. El juez Pablo Llarena se esfuerza en combatir el proyecto político independentista, no las infracciones penales supuestamente cometidas por sus líderes”, expone la demanda presentada por los letrados Christophe Marchand, Michèle Hirsch, Gonzalo Boye y Paul Bekaert, que remarca la “asimilación” del ideario independentista con una actitud “penalmente perseguible” que, a su juicio, realiza el magistrado.
Las acciones legales han sido presentadas por Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig desde Bruselas, en conexión vía Skype con Puigdemont en Berlín. “Tenemos la certeza de que el proceso judicial que se sigue en España vulnera nuestro derecho a un juez imparcial, independiente, a un proceso justo y a la presunción de inocencia”, ha aseverado Comín. “El juez Llarena actúa sin imparcialidad y guiado por motivaciones políticas”, ha zanjado Puigdemont.
La acción judicial en Bruselas tiene una consecuencia en España. Comín ha anunciado que Puigdemont y los exconsellers han planteado la recusación de Llarena –lo que implicaría su abandono de la instrucción de la causa del 'procés'– porque, tras la demanda en Bélgica, el magistrado tiene una “causa pendiente” contra ellos, uno de los motivos que obligan a un juez a apartarse de un caso.
Los exconsellers en el extranjero se suman así a la recusación planteada por Carme Forcadell la pasada semana, que llega cuando la instrucción de la causa ya está prácticamente terminada: tanto los dirigentes en prisión en España como los fugados ya han sido procesados, lo que les aproxima a un futuro juicio. No obstante, Llarena ha recibido dos varapalos de Bélgica y Alemania, que han negado la extradición de Comín, Serret, Puig y Puigdemont. La decisión definitiva de los jueces alemanes se conocerá a finales de mes.
Con esta demanda en Bélgica, el independentismo da un nuevo paso en el frente exterior. El pasado mes de febrero, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart pidieron al grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU que exigiera a España su puesta en libertad. Además, Puigdemont y Sànchez también han denunciado ante el comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas la “vulneración” de sus derechos políticos. Ambos organismos todavía no se han pronunciado sobre las reclamaciones de los dirigentes catalanes.
